El Movimiento Libertario perdió a los abogados que preparaban la defensa de dos de sus figuras, con miras al juicio por una supuesta estafa de ¢209 millones en contra del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Los penalistas Gonzalo Castellón y José Francisco Madrigal rompieron el contrato con el Partido porque no recibieron un solo pago desde que asumieron el caso, hace seis meses.
Ellos fueron contratados para defender al extesorero y actual vicepresidente del Libertario, Ronaldo Alfaro y al excontador Róger Segura, a quienes la Fiscalía acusa de incluir 190 capacitaciones ficticias en el cobro de la deuda política del 2010.
El 3 de marzo, Castellón comunicó su renuncia al Tribunal Penal de San José. “Las condiciones económicas pautadas, conforme al contrato, se me adeudan en su totalidad”, argumentó.
Ante una consulta de La Nación , el defensor confirmó su salida y la de Madrigal, pero evitó profundizar en el monto de la deuda, por respeto al cliente.
Según el tesorero del Libertario, el exdiputado Carlos Herrera, el Partido incumplió el primer pago pactado para el 1.° de marzo, por falta de dinero.
Dijo que esperaban un reembolso de ¢17 millones por parte del TSE, por sus gastos trimestrales de organización y capacitación, pero la institución aún no los liquida.
Herrera agregó que la situación económica del Partido es preocupante y sobreviven con préstamos de los miembros del Comité Ejecutivo.
“Hemos hecho un gran sacrificio; no tenemos cómo echar para adelante; tenemos que seguir cumpliendo con una serie de compromisos que nos exige la legislación. El Partido debe continuar. Esperamos que cuando empiece la campaña municipal, tengamos ingresos más constantes”, manifestó Herrera.
Luego de las elecciones del 2014, el Libertario quedó con un déficit de más de ¢1.000 millones.
Buscarán otros. De acuerdo con el tesorero, el Partido buscará nuevos abogados para evitar que la Defensa Pública tenga que asumir el caso de Alfaro y Segura.
“Deberían tener una defensa mejor, más digna; no estoy diciendo que los defensores públicos no lo sean, pero requieren una mejor representación”, agregó el tesorero.
El Tribunal Penal no define la fecha del juicio, dijo la oficina de prensa del Poder Judicial.
Carlos Herrera tiene la intención de cobrarle al TSE los costos de la nueva defensa, dentro de la reserva para organización y capacitación.
“Soy de la visión de que ese gasto lo debería cubrir el Tribunal de Elecciones porque es el Partido el que está siendo demandado; ellos representaban a la agrupación”, alegó Herrera.
Esta no sería la primera vez que el Libertario tiene que cambiar a los abogados que defienden a Alfaro y a Segura. El 4 de setiembre también renunciaron Gílberth Corella Quesada y Rándall Cerdas Corella.