Mesa de diputados impulsa moratoria de ocho semanas en créditos de afectados por coronavirus

Luego de 24 días de negociaciones, los diputados de la mesa legislativa de créditos bancarios propusieron una moratoria por un plazo mínimo de ocho semanas para los deudores afectados económicamente por la crisis del coronavirus.

Según la iniciativa, las cuotas que se pospongan deberán ser canceladas por el deudor una vez que venza el plazo del crédito, de forma mensual, en un periodo similar al de la moratoria pero sin recargo alguno.

Calificarían para el beneficio solo los afectados por la emergencia nacional que tengan créditos personales, de vivienda, vehículos, consumo (incluyendo tarjetas de crédito) y de educación superior y técnica.

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La última versión del texto, afinado este martes, contiene unos últimos cambios en el sentido de respetar los acuerdos de moratoria que deudores y bancos hayan acordado antes de una eventual entrada en vigencia de este proyecto de ley.

De ese modo, la redacción plantea el plazo mínimo para la moratoria y establece que, si antes de la ley un banco otorgó a un deudor un periodo de gracia menor, este se debe extender a ocho semanas.

Además, establece que, si la suspensión previa otorgada por la entidad bancaria fuese mayor, el plazo negociado deberá mantenerse.

“Los últimos cambios garantizan que el proyecto se aplique solo a los afectados y que no afecte las readecuaciones ya hechas por las instituciones financieras”, declaró Pablo Heriberto Abarca, diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC.

Abarca es el coordinador de la redacción del texto negociado entre ocho legisladores de la mesa.

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Por su parte, Roberto Thompson, legislador por el Partido Liberación Nacional (PLN), indicó que, con los últimos ajustes, queda aclarado el tiempo de la moratoria, con el fin de proteger la liquidez de los bancos.

Thompson recordó que la Superintentendia General de Entidades Financieras (Sugef) advirtió durante la discusión que un plazo mayor a las ocho semana podría en riesgo a a las entidades financieras.

Otro aspecto importante, de acuerdo con Abarca, es que el texto autoriza a las instituciones a negociar readecuaciones crediticias con sus deudores, siempre que la nueva tasa de interés no exceda la fijada para la operación crediticia inicial.

Incluso, faculta al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) a permitir las readecuaciónes de deuda que sean necesarias para normalizar las operaciones, hasta por un plazo posterior a los dos años después de la emergencia decretada por la pandemia.

“Una cosa es la moratoria y la suspensión del pago que genera la ley y otra cosa es la autorización de readecuaciones a los créditos”, explicó Abarca.

El texto, que debe pasar por una revisión y aprobación de los jefes de bancada, previo a ser enviado el Plenario Legislativo, habilita la posibilidad de que, por mutuo acuerdo, las partes puedan negociar otro tipo de arreglo sin que el resultado afecte al deudor.

La iniciativa aplicaría solo para aquellos que sufrieron despidos, suspensiones del contrato de trabajo o reducciones de jornadas laborales.

En el caso de los negocios, el deudor deberá certificar, mediante declaración jurada, el cierre de operaciones o una reducción de más de un 20% de sus ingresos de la actividad comercial.

Para acceder al plan, los clientes no deberían tener una mora mayor a los tres meses a partir de la aplicación de la iniciativa.

El proyecto excluye de la posposición el pago de todo tipo de seguros. Este rubro deberá ser cancelado de forma ordinaria por el deudor.

La moratoria bancaria contiene una suspensión de las gestiones de cobro administrativo, recaídas sobre las operaciones a las que se aplica la posposición de pago.

El texto excluyen de la moratoria a aquellas operaciones que cuenten con una póliza de seguro de desempleo, siempre que la entidad aseguradora haya aceptado cubrir el pago de las cuotas de la operación crediticia.

El texto prohíbe cobrar intereses sobre los intereses de las cuotas sujetas a la normativa.

Además, el nuevo ajuste del texto incluye una ampliación en el plazo de la garantía de los préstamos por el mismo tiempo que establece la moratoria.