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La Fundación MarViva presentó una demanda contra el Estado para que se anule el decreto ejecutivo que dio al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) poder para conocer y tramitar la exportación de especies marinas vulnerables de interés pesquero, en una convención internacional que vela por su conservación.
El reclamo fue presentado ante el Tribunal Contencioso Administrativo, donde se tramita bajo el expediente 21-04000-1027-CA. En este momento está en proceso de admisión.
Para la organización ambientalista, el decreto ejecutivo Nº 42842-MINAE-MAG, emitido en febrero, viola el ordenamiento jurídico y compromete especies marinas protegidas.
Fue mediante esa norma que se designó a Incopesca como representante nacional ante la llamada Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (Cites), de la cual Costa Rica es parte desde 1975.
Cites tiene como objetivo regular el comercio internacional de especies silvestres amenazadas para asegurar su conservación.
El decreto fue suscrito por Andrea Meza Murillo, jerarca del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae); Renato Alvarado Rivera, ministro de Agricultura y Ganadería; y el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada.
Katherine Arroyo Arce, gerente de Incidencia Política de MarViva, sostiene que la designación del Instituto contradice la misma Convención la cual recomienda a los Estados que se adhieren a ella que nombren una autoridad administrativa y científica sin vínculo con actividades de explotación de especies marinas para fines comerciales.
Por eso, consideran que este nombramiento compromete a poblaciones locales de tiburones ballena, martillo, sedoso y zorro, que son especies protegidas por la Convención para asegurar su supervivencia. MarViva advierte de que algunas de estas ya presentan una caída de hasta 70% en sus poblaciones.
“Incopesca no debería ser juez y parte porque su función es para aprovechamiento de recurso pesquero mientras Cites persigue regular ese comercio para preservar especies marinas vulnerables. Es muy ilógico”, se quejó la vocera.
Argumentos
Para MarViva, el decreto violenta el principio de jerarquía normativa, el cual implica que el Poder Ejecutivo no puede emitir decretos contrarios a leyes.
La organización recuerda que ya la Ley de Conservación de la Vida Silvestre (Ley 7317) precisa en su Artículo 71 que es el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) el que deberá ser la autoridad administrativa ante Cites.
El Sinac está adscrito al Ministerio de Ambiente.
Allí, agrega esa ley, su función principal será cumplir los objetivos de la Convención y otorgar o denegar, cuando corresponda, permisos de exportación e importación y los certificados de origen.
“Para nosotros es ilegal que se tramite mediante un decreto la designación de Incopesca al ser una norma de rango inferior respecto a la Ley 7317 la cual señala directamente al Sinac para desempeñar esa función”, agregó Arroyo.
La vocera recordó que la Ley de Pesca y Acuicultura (Ley 8436) y la Ley de Incopesca (Ley 7384) ya le otorgan competencias específicas al Instituto entre las cuales no está ser la autoridad administrativa ante Cites.
Por el contrario, ambas legislaciones le atribuyen la promoción del comercio de productos de la industria pesquera nacional y velar por ese sector en cuanto a actividades de pesca, caza marítima y acuicultura.
