“No tenemos información de las cuentas; lo que estamos pidiendo es que nos informen algunos criterios básicos de afectación, del monto que las personas adeudan y hacer ese traslado al SBD”, indicó Alvarado.

“El MEIC quiere bajar los criterios, para que sean más expeditos, nosotros en el MAG pretendemos que nos digan la afectación por eventos, monto adeudado, porque hay gente de fideicomiso muy viejos... Lo que ellos (MEIC) están proponiendo es que solo sea la declaración jurada y que se pase al SBD”, agregó el jerarca.

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Pese a la diferencia de criterios, Renato Alvarado aseguró que los ministerios están “sincronizados” para publicar pronto el reglamento que servirá para la condonación de 2.705 deudas del SBD estimadas en ¢6.242 millones, la cual fue aprobada por los diputados.

Tanto el MEIC como el MAG ocupan una silla en el Consejo Rector del SBD, autoridad en la que está en manos la condonación.

Previo a su primer debate, los diputados incluyeron como único requisito para recibir el beneficio presentar una declaración jurada, sin que tenga que ser autenticada por un abogado.

“El MAG habilitará sus oficinas, en todo el territorio nacional, para que las personas que califiquen como beneficiarios para esta condonación puedan presentarse ante esas dependencias públicas, para que los funcionarios de dicho ministerio reciban las solicitudes y declaraciones juradas, información que deberá ser validada por dicho ministerio.

“Estas declaraciones deberán ser firmadas en presencia del funcionario público de ese ministerio y contendrán el nombre y la firma del funcionario que la recibió y el sello del MAG”, señala el artículo 2 de la Ley 9966.

Esta solicitud la recibe el MAG, entidad que traslada al SBD los documentos que presenten los beneficiarios.

El 1,5% de los créditos que serán perdonados mediante este plan concentra el 62% del monto total de las deudas que serán condonadas.

Dicho de otra forma, a un pequeño grupo de 41 operaciones se le perdonarán ¢3.893 millones, mientras que a un enorme grupo de 2.664 préstamos se les dispensará del pago de ¢2.349 millones.

En abril, el ministro de Agricultura afirmó que es imposible evitar “goles” y que se vean beneficiados grandes deudores o personas con más de una operación.

Responsabilidad

Renato Alvarado indicó que la información que se pretende solicitar es para validar que esas personas realmente necesitan el beneficio. Además, aseguró, recae una gran responsabilidad sobre los funcionarios que reciben las solicitudes, pues llevan su firma.

Sin embargo, la Ley no incluyó ningún criterio de selección, por lo que el MEIC se inclina por la declaración jurada como único requisito.

La Nación intentó obtener una declaración de la ministra del MEIC, Victoria Hernández; sin embargo, no fue posible.

De acuerdo con Alvarado, el reglamento podría salir a consultas en los próximos días para que en cuestión de dos semanas esté vigente e iniciar el proceso de condonación.

El ministro reconoció, semanas atrás, que el MAG está imposibilitado en detener una condonación, pues la Ley no dejó ese margen.

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Sin embargo, el jerarca pretende obtener esa información para efectos de transparentar el proceso.

Otro obstáculo que tiene el MAG es que el SBD les negó la información de los créditos, por lo que no podrían realizar ningún filtro.

“Si no nos pasan la información, el MAG no podría ir más allá. Yo voy a seguir insistiendo y esto va a ser un compromiso que estoy adquiriendo de que se nos pase la información para que sea desagregada.

“Si la Ley no nos permite hacer ese filtro, que por lo menos se tenga una claridad de cuáles son los criterios que tiene el SBD para hacer esas condonaciones”, dijo en entrevista con La Nación, a inicios de abril, tras la aprobación de la Ley.

La Ley 9966 entró en vigencia desde el pasado 19 de abril.