Los Chiles. - Tiene 65 años y viene desde el barrio Los Ángeles en Managua, donde era comerciante. El jueves caminaba por la trocha, como tantos otros compatriotas suyos que escapan de la violencia en Nicaragua.

Mario Osejo admite que viene a buscar refugio, viene huyendo de la “falta de compasión de su gobierno” con sus opositores.

“Los amenaza de muerte y con aplicar todo tipo de represalias al punto que los obligar a vivir escondidos en su propio país. A mis compatriotas decididos a no caer en sus garras no les queda otra opción que no sea huir a la montaña, donde viven en el anonimato, perdiendo todo contacto con la familia", dice.

Aquel camino, que se quedó como carretera incompleta paralela al río San Juan, se ha convertido en las últimas semanas en una ruta de escape.

"La Constitución Política señala que el Gobierno debe velar por la integridad física de sus gobernados, pero Ortega hace todo lo contrario, los reprime, los persigue y termina asesinándolos con el cuento de que son delincuentes, terroristas” se queja Osejo con indignación.

Con él viaja una amigo que no quiso decir su nombre ni de dónde viene. Le ocurre lo mismo a otros nicaragüenses pues prefieren evitar represalias a los parientes que aún no cruzan la frontera.

“Primero la vida, lo demás es secundario”, se limitó a decir.

Por la misma ruta venía Rosibel Rojas, madre de cinco hijos.

Afirma que en su comarca Buena Vista de Río San Juan se perdió la paz. "Hoy mis familiares y amigos temen que los maten en cualquier momento. Por eso decidí refugiarme en Costa Rica, para sobrevivir”, manifestó.

Rojas, de 35 años, llegó a la trocha al mediodía del jueves cargando maletas, con la ayuda de una de sus hijas mayores. Estaba extenuada, pues llevaba dos días de caminar entre trillos de montaña.

“Parece empeñado en exterminar a quienes no compartimos su ideología. Nos persigue despiadadamente para lo que se apoya en paramilitares y policías”, dijo la mujer en referencia al presidente nicaragüense Daniel Ortega, protagonista de la crisis política que ya supera los 300 muertos desde que comenzó el 18 de abril.

Aquel fue el día de la primera protesta contra una reforma al régimen de pensiones, que derivó en reclamos para exigir la salida de Ortega, quien ya advirtió que se mantendrá en la Presidencia hasta que concluya su mandato, en enero de 2022.

Rosibel Rojas es una de muchos que optaron por “esconderse”, como ella dice, en su vecino país (Costa Rica) para salir con vida de la ola de violencia.

El grueso de los migrantes ingresa sin documentos por el pequeño caserío de La Trocha de Los Chiles donde se asemejan hormigas caminando si rumbo.

Hombres como Juan Robleto tienen familiares en Cartago, mientras que Emerita Espinoza y su familia no conocen a nadie ni en la zona norte ni en la Gran Área Metropolitana (GAM). El viernes, cuando entraron, no sabían qué camino tomar.

Los lugareños estiman en alrededor de 100 los que llegan diariamente aunque han habido días en que la cifra es mayor.

Aquí no hay refugios como ocurre en La Cruz de Guanacaste o en Golfito, según informó la Cancillería el 19 de julio. Entre los dos, pueden recibir 2.000 personas.

"Hay un aumento que podría llegar a una crisis. Si llegamos a 5.000 personas que ingresan por semana, estaríamos hablando de crisis, estamos por debajo de 3.000”, explicó aquel día la canciller, Epsy Campbell.

Sin embargo, nadie contabiliza los que entran por Los Chiles.

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Otro efecto de esta crisis se ve en las afueras de la Dirección de Migración y Extranjería, donde miles hacían fila para pedir refugio, aunque muchos solo pretendían regularizar su estatus, pues llevan tiempo en el país.

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Cambia el pueblo

La Trocha muestra hoy un movimiento inusitado de gente, entre ellos improvisados comerciantes y vendedores de carne asada.

De hecho, la demanda de carne se incrementó tanto que es común oír chillidos de cerdos cuando están por degollarlos al aire libre, sin controles sanitarios.

“Vendo no menos de 100 gallos a ¢1.000 cada uno y en poco tiempo”, dice orgullosa Teresa Anchía, quien admite que el conflicto ha mejorado su situación económica.

Este éxodo también favorece a taxistas informales que cobran ¢3.000 por persona, para trasladar a los desplazados hacia el centro de Los Chiles, desde donde pretenden llegar a Ciudad Quesada y luego al Valle Central.

La Trocha es un pacífico hervidero donde la ausencia de la Policía de Fronteras es muy notoria como al otro lado de la línea divisoria lo es la del Ejército y la Policía nicas.

Algunos campesinos sospechan de la presencia camuflada de paramilitares para hacer trabajo de espionaje, para atacar cuando lo consideren necesario. Por ahora, es solo sospecha.

La Trocha es un caserío del distrito primero del cantón de Los Chiles con escasas fuentes de trabajo, mucha pobreza y pegado a territorio nica.

Con su nombre se conoce popularmente la ruta 1856 o carretera Juan Rafael Mora. Aquí hay una escuela de 176 alumnos, de los cuales el 90% viene de Santa Rosa de Nicaragua y de lunes a viernes cruzan la frontera para ir a clases.

A algunos, las imágenes de estos caminantes les recuerda escenas de 1983, cuando, como hoy, muchos vinieron a refugiarse a Costa Rica, huyendo de la guerra entre los llamados “contras” (en referencia a los opositores de la Revolución sandinista) y el régimen sandinista, encabezado por Daniel Ortega.

“Mi familia no quiere volver a padecer esa desgracia. Confiamos en que el gobierno tico esta vez tampoco nos dará la espalda”, dijo Carlos Guzmán, pequeño agricultor de 67 años quien vino de la región del Atlántico sur.

Hasta ahora, Costa Rica lo que ha hecho es enfilar sus esfuerzos diplomáticos para que la comunidad internacional conozca y se pronuncie ante la violencia del régimen de Ortega. Entre los primeros resultados están resoluciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA).

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A mediados de este mes, también siete expresidentes costarricenses advirtieron del riesgo de “una nueva una guerra civil” en el vecino país. Así lo hicieron Óscar Arias Sánchez, Rafael Angel Calderón Fournier, José María Figueres Olsen, Miguel Angel Rodríguez Echeverría, Abel Pacheco de la Espriella, Laura Chinchilla Miranda y Luis Guillermo Solís Rivera en una carta enviada al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.