La jueza penal Patricia Vargas González, la candidata mejor calificada en el concurso efectuado en la Asamblea Legislativa para elegir magistrados suplentes de Sala III, renunció a este proceso criticando “opacidad” y “especulaciones” que bastan para desechar nombres.
Vargas, jueza de Apelación de Sentencia del II Circuito Judicial de San José, recibió una nota de 93 en la valoración de atestados por parte de los diputados de la Comisión de Nombramientos del Congreso, la cual solo recomendó siete nombres para ocho plazas vacantes.
No obstante, cuando la lista llegó al plenario, un grupo de diputados bloqueó la elección de los dos candidatos mejor calificados: Vargas y Edwin Salinas Durán (con nota de 87).
“Me parece simplemente atroz que no sean mis atestados, mi formación académica o profesional, mi honradez o mi trabajo lo que determine si soy apta o no para el puesto que he concursado, sino el hecho de haber trabajado con alguien que no es del agrado de los y las diputadas por razones que no me atañen de ninguna manera”, indicó la jueza en una nota enviada a la presidenta legislativa, Silvia Hernández, este lunes a las 10 de la noche.
El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) y miembro de la Comisión de Nombramientos, Jorge Fonseca, denunció que un grupo de legisladores tenía reservas con Patricia Vargas por su cercanía con el exmagistrado José Manuel Arroyo, quien es garante ético del gobierno de Carlos Alvarado.
Pablo Heriberto Abarca, jefe de fracción de la Unidad Social Cristiana (PUSC), argumentó que la jueza no tenía “ambiente”, pero no explicó las razones. Ella solo obtuvo diez votos en la última ronda de votación el miércoles 14 de julio, muy lejos de los 38 necesarios.
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Vargas aclaró en su nota que su relación con José Manuel Arroyo fue laboral mientras fungió como letrada de la Sala III.
“Una vez alcanzada la certeza de que carece de sentido mantener mi nombre para las próximas designaciones de magistrados y magistradas suplentes de la Sala Tercera, que tiene pendiente de realizar esta Asamblea Legislativa, y supone legitimar un trámite que es imperativo corregir, con todo respeto, le pido ser excluida del concurso que está en marcha”, le señaló la aspirante a la presidenta legislativa.
“Entiendo perfectamente que la selección de magistraturas tiene un componente político, pues son los diputados quienes eligen y está bien que sea de esa manera. Sin embargo, es lamentable que, dada la opacidad del proceso, se permita la entrada de especulaciones que no tienen nada que ver con las condiciones de las personas candidatas para desempeñar el cargo y sobre las cuales estas ni son interrogadas, ni se les permite dar explicaciones, bastando lo anterior para ser descalificadas.
“Concluyo que, en mi caso, han sido aspectos ajenos a mí los que han sido tomados en cuenta. De nuevo, no tener la confianza del parlamento por ‘la cercanía’ a un exmagistrado —como si yo no fuese una persona que se ha formado durante décadas para desempeñar un cargo; que ha dado muestras de independencia en lo personal y en lo laboral y que ha tenido (para aquellos diputados y diputadas a quienes les preocupa esto solamente) cercanía, como letrada, con otros magistrados y magistradas además del señor Arroyo Gutiérrez— es inaceptable desde todo punto de vista”, dice la carta enviada por Vargas.
Pendientes
Los diputados ya eligieron a cinco magistrados suplentes, por lo que quedan todavía tres plazas vacantes.
La última elegida fue Rosa Acón, quien no estaba dentro de los siete recomendados por la Comisión de Nombramientos. Otros tres elegidos si estaban en esa lista: Rafael Segura, William Serrano, Miguel Ernesto Fernández y Cynthia Dumani.
Aunque la votación es secreta, los votos que consiguió Vargas fueron de los diputados del Partido Acción Ciudadana, según la jefa de fracción, Laura Guido, así como de Jorge Fonseca, quien se inclina por elegir a los magistrados mejor calificados.
