EscucharLa Procuraduría General de la República (PGR) aclaró que los jerarcas de la Defensoría de los Habitantes no pueden cobrar el incentivo salarial conocido como carrera profesional.
La disposición aplica tanto para la defensor de los Habitantes como para el defensor adjunto.
Así se lo expuso la PGR a Angie Cruickshank Lambert, actual jerarca de la Defensora, a raíz de una consulta enviada por la funcionaria.
Cruickshank consultó, en setiembre, si la reforma fiscal permitía el pago de carrera profesional para ambos jerarcas, especialmente para casos donde la persona lo había adquirido como servidor público antes la llegada de la ley en el 2018.
En su respuesta, el ente procurador indicó que, pese a poseer la incapacidad de pronunciarse sobre situaciones concretas, como la consulta enviada Cruickshank, existe un pronunciamiento de la propia Defensoría donde se concluye que no es posible realizar el pago del incentivo.
Según indicó, la Dirección de Asuntos Jurídicos había concluido, en agosto del 2023 (oficio DH-DAJ-845-2023) que los puestos de defensor y defensor adjunto no requieren como requisito un título universitario, por lo que no califican para ser beneficiario del incentivo económico de carrera profesional.
Además, con la entrada en vigor de la Ley Marco de Empleo Público, las futuras contrataciones para estos cargos deben remunerarse bajo el esquema de salario global, en el que no existen incentivos salariales.
Angie Cruickshank explicó que a ella no se le reconoce el componente salarial de carrera profesional debido a lo establecido por la Ley de la Defensoría de los Habitantes. Dijo que su consulta tenía como objetivo generar un precedente para futuros defensores.
“Hice la consulta a la PGR para efectos de claridad para el futuro, en el supuesto de que sean personas que tengan una relación patronal con el Estado y se les reconozca en su puesto actual puntos por carrera profesional y sean electas en estos cargos”, expresó la jerarca.
La PGR declaró inadmisible la enviada por Cruickshank al considerar que el planteamiento estaba ligado al “caso concreto” de la situación salarial de la defensora y de quien llegue a ocupar el puesto de defensor adjunto, el cual está próximo a escogerse.
En febrero del 2024, la Asamblea Legislativa designará a la persona que ocupará el cargo de defensor adjunto del 2024 al 2028.
“Atender mediante un dictamen vinculante las consultas puntuales que se nos plantearon implicaría sustituir a la Administración activa en el ejercicio de competencias que le son propias, como es la de definir la situación salarial de funcionarios específicos”, indicó la PGR.
