Escuchar:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gruponacion/KMTOYDNDAVBAFAHTVTV3LHO2QM.jpg)
En la Asamblea anterior, las rupturas de cuórum eran constantes y eso dificultaba llevar un debido control de a quién se le debían rebajar las dietas. Foto: Aarón Sequeira
Un informe de la Auditoría Interna de la Asamblea Legislativa reveló que la administración carece de los controles necesarios para garantizar el pago correcto de dietas a los diputados, de acuerdo con sus asistencias y ausencias.
Ante el descontrol, es posible que el Congreso haya incurrido en pagos irregulares.
Así lo determinó un estudio realizado originalmente entre el 1.º de diciembre del 2020 y el 25 de febrero del 2021, pero que se amplió durante varios momentos del 2021.
El informe entregado al Directorio de la Asamblea Legislativa es de marzo del 2022.
Según la Auditoría, el proceso mediante el cual se registra la asistencia de diputados al plenario no tiene controles suficientes para garantizar el pago correcto de las dietas a los congresistas.
El principal problema es que se trata de un procedimiento manual en manos de los ujieres, funcionarios auxiliares de la Presidencia legislativa.
Según la ley, los legisladores reciben una remuneración de ¢2.956.598 compuesta por dietas. Estas se pagan por cada sesión de un órgano legislativo a la que asistan, siempre que formen parte de ese órgano.
El Reglamento de la Asamblea Legislativa establece que pierden esa dieta por ausencia injustificada o por ausentarse de una votación pese a haber estado al inicio de ella. Tampoco la ganan si se salen de la sesión sin el permiso del foro.
Incluso, el estudio menciona que los constantes rompimientos de cuórum se realizan en contravención del marco normativo vigente y eso tendría incidencia en el registro de las dietas, a causa de “una conducta parlamentaria irregular y sancionable”.
Otro problema es que la Asamblea retribuye a los diputados anticipadamente y tramita el rebajo de las ausencias en el mes siguiente, no en el que se producen, “lo que al final del periodo constitucional genera cuentas por cobrar”.
“No se dispone de herramientas de gestión apropiadas para dar seguimiento a aspectos como la permanencia de los diputados en su curul y la emisión del voto”, destaca el informe.
El informe concluyó que, ante la falta de control y eventual registró inexacto de asistencias en el periodo analizado, lo procedente era “sancionar la falta de asistencia”.
Agrega que la irregular “no favorece la adecuada gestión de los fondos públicos involucrados en el pago de las dietas, por cuanto no contribuye a reflejar el necesario cumplimiento de los requisitos normativos”.
Los hallazgos del informe de la Auditoría AL-AUIN-INF-0003-2022, del 16 de marzo del 2022, son más serios aún.
La situación, dice, “expone al Directorio del Congreso al riesgo de avalar desembolsos de fondos públicos a diputados por dietas sin que respondan al efectivo ejercicio de sus funciones”, así como un “eventual daño a la Hacienda pública y a la frágil imagen institucional”.
La Auditoría recomendó construir un procedimiento que permita una acreditación efectiva de la asistencia de los diputados a sesiones de plenario y otras comisiones.
Además, sugirió que no se considere que un diputado está presente en el plenario si se mueve al cafetín adjunto, porque este no está debidamente acondicionado con los recursos y la tecnología necesarias para que los legisladores puedan participar desde allí en las sesiones, registrar su voto y dejar constancia de la labor desempeñada.
