Rebeca Madrigal Q.. 20 mayo
Abelino Esquivel tiene dos expedientes abiertos en el Ministerio Público, uno por tráfico de influencias y otro por concusión. Fotos: Mayela López
Abelino Esquivel tiene dos expedientes abiertos en el Ministerio Público, uno por tráfico de influencias y otro por concusión. Fotos: Mayela López

Ni donaciones ni afiliaciones, ¿adónde fue el dinero que exigió el exdiputado Abelino Esquivel de Renovación Costarricense a tres de sus asesores legislativos? El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) concluyó en una investigación que a las cuentas del partido no ingresó, mientras los testigos aseguran que se lo dieron a su hermana y jefa de despacho Wray Esquivel.

Los tres empleados afectados detallaron al TSE la forma, el monto y el supuesto destino que tenía la cuota que les exigió de su salario el exdiputado, mientras trabajaron en su despacho. Era un requisito para el puesto y no les dieron mayor explicación.

Cuando el asunto detonó públicamente, el diputado argumentó que pidió el dinero como donaciones a su partido.

Según testimonios y comprobantes de pago, Esquivel y su hermana habrían recibido cerca de ¢4,2 millones.

“A la luz de los hechos constatados, este órgano técnico es del criterio que, en el caso concreto, las sumas exigidas a los funcionarios no corresponden a disposiciones patrimoniales asimilables a las figuras de donaciones o pagos de afiliaciones o membresías... obedecieron a una imposición unilateral que no tenía ninguna relación con el accionar del Partido Renovación Costarricense (PRC)”, señala el TSE.

“Se tiene también que la estructura oficial del partido político nunca autorizó a terceras personas para realizar actividades de recaudación de fondos, ni recibió, en su cuenta única para recibir contribuciones o aportes ninguna suma de dinero relacionada con estos rebajos de salario", agrega.

Las conclusiones se recopilan en el informe DFPP-393-2018, enviado al Ministerio Público por el departamento de Financiamiento de Partidos Políticos a solicitud de la fiscala General Emilia Navas, el pasado 20 de setiembre del 2018.

El Ministerio Público confirmó que Esquivel es acusado por el aparente delito de concusión. El Código Penal establece que incurre en esa falta “el funcionario público que, abusando de su calidad o de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o un beneficio patrimonial”.

Los días 23 y 24 de mayo, se celebrará una audiencia preliminar en la cual la Fiscalía solicitará el auto de apertura de juicio.

“Esta etapa aún sigue siendo privada para personas ajenas al proceso penal, por lo que el fiscal está imposibilitado a dar detalles”, informó el Ministerio Público.

Tres testimonios clave

- Álvaro Oconitrillo, exasesor de Esquivel que entregó ¢2,9 millones en efectivo a Wray Esquivel, hermana del diputado:

“Me convocaron a una reunión para hablar con el diputado, previo había enviado mi CV... ya ellos tenían promediado lo que yo debía aportar. Esa reunión fue con don Abelino, Shirley y la hermana de don Abelino. En la reunión, me dice don Abelino que yo tenía que dar un promedio de ¢200.000 de mi salario por quincena, esos fueron los términos de mi contratación”.

- Jocelyn Rodríguez, quien entregó ¢937.500 a dos cuentas de Wray Esquivel:

“Los motivos nunca se nos indicaron, pero después de que se dan los cambios en los puestos y el nuevo nombramiento de la esposa de don Abelino es que se nos indican los cambios y del cobro”.

- Shirley Marín, quien aportó ¢350.000 a cuentas de Wray Esquivel:

“Se me indicó que, como iba a ganar más, debía aportar una parte del incremento que representaba el salario con respecto al puesto anterior. Se me indicó que iba a ocupar una plaza con mejor salario, misma que ocupaba hasta ese momento la señora Xinia Oporta Cortés, esposa del señor Abelino. A doña Xinia la trasladaron a otro puesto de categoría inferior. El dinero que me exigían depositar tenían como objeto compensar el rebajo salarial que sufrió doña Xinia con motivo de ese traslado”.

Al Partido no

Para la investigación del TSE también fue clave el aporte de la tesorera de la agrupación política, Marvis Calderón, quien de inmediato entregó a las autoridades electorales una nota negando cualquier ingreso proveniente de los funcionarios públicos.

“De las contribuciones que señalan los denunciantes, ninguna de ellas ha estado tramitada ante esta tesorería. Nunca ingresaron a la cuenta bancaria que el partido tiene asignada para recibir donaciones”, indicó Calderón, en una nota del 24 de abril, tras la denuncia de los asesores.

Dos días después, el 26 de abril, el Partido respaldó las declaraciones de Calderón, por medio de una nota de Sigrid Umaña, secretaria general del Partido.

En junio del año pasado, la Procuraduría de Ética Pública encontró pruebas suficientes para denunciar penalmente a Esquivel por los delitos de enriquecimiento ilícito, asociación ilícita y concusión, por este mismo caso.

También lo denunció por haber gestionado el nombramiento de su esposa como asesora, aunque esta no se presentaba a laborar.

La PEP reclama al diputado y sus familiares ¢66 millones por daño moral y patrimonial.