La tesorera de Renovación Costarricense, Mavis Calderón, confirmó a La Nación que el dinero que el diputado Abelino Esquivel le exigía a tres asesores legislativos, proveniente de sus salarios, nunca ingresó a las cuentas oficiales de la agrupación.
Así lo declaró la tesorera voluntariamente ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la mañana de este martes, en vista de que el legislador manifestó ayer que él le pedía ese dinero a sus empleados en nombre del partido. En total, les cobraba ¢575.000 mensuales. A una le quitaban ¢50.000, a otra ¢125.000 y al tercero, ¢400.000.
Sin embargo, Mavis Calderón negó que a las cuentas de Renovación hubiese entrado ese dinero proveniente de los asesores o de Abelino Esquivel, y así consta en los estados financieros de la agrupación.
Además, en una nota entregada al TSE, Calderón señala: "Que yo conozca no existe ningún acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional donde se haya autorizado a algún miembro del partido, para que en nombre de la agrupación recaude ninguna contribución económica".
Por legislación electoral, todo aporte en efectivo en favor de un partido debe entrar, con la respectiva justificación, a las cuentas bancarias que la agrupación haya registrado ante el Tribunal.
Por su parte, el TSE inició una investigación preliminar por estos hechos y esta misma mañana entrevistó a dos de la funcionarias a las que Abelino Esquivel exigía una cuota mensual. Así lo confirmó Ronald Chacón, jefe de financiamiento de partidos políticos.
Esquivel justificó el cobro que exigió a los empleados de su despacho, desde agosto de 2017, como una contribución para la agrupación política establecida por estatuto.
Así lo dijo a La Nación y en su cuenta de Twitter.
Rechazo rotundamente las afirmaciones en el sentido de que yo les he cobrado para mi beneficio personal algún porcentaje del salario de los denunciantes. Ellas daban un aporte al PRC, así consta.
— Abelino Esquivel (@abelinote) April 24, 2018
Los asesores Álvaro Oconitrillo, Shirley Marín y Joselyn Rodríguez, en tanto, denunciaron el lunes que fueron obligados a entregar un monto fijo, todos los meses, sin mayores explicaciones.
Según el estatuto partidario, los diputados y funcionarios tienen el deber de contribuir con un 5% de su salario.
"Los partidarios que resulten electos mediante elecciones populares, los que laboren en fracciones del Partido, legislativas, municipales y los que lo hagan en el Partido propiamente, deberán cotizar, para el funcionamiento del Partido, con un cinco por ciento de su salario o dieta", indica el artículo 44 del estatuto.
El diputado cobró, entre los tres funcionarios, ¢575.000 mensuales. Si se explica por el monto fijado en el estatuto, los salarios de los tres funcionarios tendrían que haber sumado más de ¢10.000.000.
Abelino Esquivel reconoció que el dinero fue enviado a cuentas de su hermana Wray Esquivel (conocida como Uray), que funge como tesorera suplente de la agrupación, pero señaló que el aporte era para el partido.
Sin embargo, según el TSE, ella nunca ha hecho una gestión ante esta entidad, pues de la relación con el Tribunal se encarga Mavis Calderón.
Este medio, solicitó a Wray Esquivel copia de los depósitos del dinero que ella y su hermano habrían hecho al partido o a organizaciones de beneficencia, pero no los entregó alegando que todo está ahora bajo investigación judicial.
Por su parte, la asesora Joselyn Rodríguez identificó a Wray Esquivel como la persona que le solicitó parte del salario, sin derecho a decir si estaba de acuerdo, justo cuando la Asamblea le degradó el puesto a la esposa del diputado, Xinia María Cortés Oporto, por falta de requisitos.
La cónyuge del legislador fue nombrada asesora especializada B-R el 1.° de mayo del 2017, con un salario de ¢613.000. Sin embargo, según informó la Asamblea, fue cesada el 14 de julio del mismo año y nombrada de nuevo el 18 de julio, como asistente de fracción política 1, con un sueldo de ¢461.000.
Por otra parte, por cumplimiento del estatuto, Abelino Esquivel donó, a inicios de su gestión, en el 2014, unos ¢500.000 en varios tractos, según Calderón. Sin embargo, dejó de cumplir con su obligación a los pocos meses.
Por no contribuir económicamente con su partido, la Asamblea Nacional del partido declaró no grato a Esquivel y a Gonzalo Ramírez, en noviembre de 2016.
En ese momento, la presidencia del partido la ocupaba el exdiputado Justo Orozco. quien este lunes reconoció a La Nación que él también le cobraba a sus empleados un porcentaje de su salario para 'obra sociales'.
LEA MÁS: Fiscalía General abre causa contra Abelino Esquivel por cobros a sus empleados
La solicitud de Abelino Esquivel a Feoli
Hace un mes, el 23 de marzo, Abelino Esquivel también se vio envuelto en polémica cuando el ministro de Justicia, Marco Feoli, lo denunció ante la Fiscalía General.
Según relató Feoli, a finales de ese mes, el diputado le solicitó sacar de la cárcel a un pastor condenado a 16 años de prisión por violación agravada en perjuicio de una menor con retardo mental.
”Él me dice que él quería pedir ayuda, un beneficio para su amigo, que él pensaba que el ministro daba los beneficios y, como yo había liberado criminales, podíamos sacar a su amigo, el pastor, que lo conocía hace 30 años”, relató el ministro de Justicia.
“Yo le dije ‘eso no lo hago yo, yo no libero a nadie, no tengo esa potestad, ayudar a alguien puede ser un delito de tráfico de influencias’, hablamos un par de cosas más”, agregó.
Alegaba, continuó el ministro de Justicia, que el hecho por el cual lo condenaron a su amigo ocurrió hace muchos años y que lo habían detenido mucho después.
LEA MÁS: Ministro denuncia que diputado le pidió sacar de la cárcel a pastor condenado por violar a menor
En investigación
Luego de que el medio Pulsocr diera a conocer los cobros del diputado a sus asesores, el diputado se expuso a una serie de investigaciones, entre ellas, la que lleva a cabo el TSE.
Por su lado, la Fiscalía General abrió el expediente 18-0085-033-PE para determinar si el congresista habría cometido el delito de concusión, lo que significa el cobro indebido o arbitrario hecho por un funcionario público en provecho propio.
Asimismo, el presidente del partido y del Congreso, Gonzalo Ramírez, ordenó una investigación ante el comité de ética de la agrupación por este hecho que calificó como 'vergonzoso'.
En tanto, el Directorio legislativo decidió enviar el caso a la Procuraduría de la Ética.