Política

ICE, AyA y Recope registraron pérdidas por ¢155.000 millones

Ocho empresas públicas reportaron saldos negativos, mientras que un grupo de cinco compañías estatales sí tuvo utilidades, según último estado financiero auditado

De las 13 empresas públicas, hay tres que registran las mayores pérdidas. Se trata del ICE, AyA y Recope, las cuales suman ¢155.000 millones ($242 millones), según el último estado financiero auditado con datos al cierre del 2020 y que fue discutido por el Consejo de Gobierno en varias sesiones en enero y febrero pasado.

Esas pérdidas son mayores a los ¢125.000 millones ($195 millones) en ganancias que generaron las tres empresas públicas más rentables, que son el Instituto Nacional de Seguros (INS), con ¢73.500 millones; el Banco de Costa Rica (BCR), con ¢30.300 millones; y el Banco Nacional (BN), con ¢20.700 millones.

El Reporte Agregado sobre el Conjunto de Empresas Propiedad del Estado 2021 fue elaborado por una unidad especial de la Presidencia de la República y evidencia que de las 13 empresas, ocho tuvieron pérdidas que suman ¢170.000 millones ($266 millones).

A la cabeza está el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y sus subsidiarias con una pérdida de ¢115.302 millones. Le siguen el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), con ¢23.330 millones y la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) con ¢16.053 millones.

Otras cinco empresas estatales, que dan servicios públicos, también reportaron pérdidas conjuntas por ¢15.000 millones. Se trata de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva, con ¢9.744 millones), el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer ,con ¢4.579 millones), el Consejo Nacional de Producción (CNP, con ¢809 millones), el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart, con ¢397 millones), y Correos de Costa Rica (¢337 millones).

Todas las entidades fueron incapaces de lograr los ingresos suficientes para cubrir sus gastos operativos y sus obligaciones del periodo, más la depreciación de los bienes como edificios, maquinaria y planteles, aspecto que se incorpora en todas las contabilidades.

De esas entidades, solo Incofer y Sinart reciben transferencias estatales, a modo de subsidio para financiar sus operaciones. El resto funciona con capital propio, aunque Japdeva y CNP requirieron inyecciones de recursos por parte del Estado recientemente.

Los ¢155.000 millones en pérdidas de ICE, AyA y Recope equivalen justo al monto que invertía al año el Estado, antes del Caso Cochinilla, para mantener la red de carreteras nacionales. También, es casi similar a los $250 millones que requiere la renovación del puerto de Caldera para ser más eficiente.

Consultado por La Nación, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, manifestó que, si bien la mayoría de empresas públicas reportaron pérdidas en ese primer año de pandemia (2020), las que generaron utilidades son las que más inciden sobre las finanzas públicas, pues hacen desembolsos a Hacienda y a otras instituciones a partir de sus ganancias.

“Si bien son empresas públicas, muchas más bien tienen fines muy de la mano del desarrollo y la estabilidad social. Yo estaría más preocupado si las empresas que no andan bien son las del lado financiero, que aparte de entender su rol social dentro del Estado, deben generar utilidades”, aseguró Villegas.

Destacó, a modo de ejemplo, que el INS debe transferir anualmente el 25% de sus utilidades al Estado. En el 2020, ese monto ascendió a casi ¢15.000 millones.

Además, también en ese periodo, esa institución hizo un aporte especial por ¢75.000 millones al Ministerio de Hacienda para financiar bonos Proteger a las personas que quedaron sin empleo por la pandemia.

El balance financiero del conjunto de 13 empresas públicas dejó un saldo negativo de ¢43.000 millones en pérdidas, al contrastar utilidades totales con pérdidas de manera global.

Solo un año atrás, el conglomerado de compañías públicas generó un resultado de ¢208.000 millones en utilidades.

La Unidad Asesora de Presidencia, autora de dicho informe, achacó gran parte de lo sucedido a los efectos económicos provocados por la pandemia de coronavirus.

“En lo que respecta al desempeño financiero de 2020, la pandemia cambió las proyecciones y resultados de millones de empresas en el mundo y las empresas públicas costarricenses no fueron una excepción.

“La mayoría de empresas públicas sufrió una disminución considerable en sus ingresos, en sus utilidades y, por ende, en su patrimonio neto. El impacto sufrido por las instituciones fue grande, por lo que la recuperación tomará al menos un par de periodos en las más fuertes y más de un quinquenio en las más pequeñas”, señala el informe.

No obstante, si bien la pandemia de coronavirus condicionó la generación de ingresos para la mayoría de las empresas estatales, algunas de esas instituciones arrastraban números negativos al menos desde el año 2017. Esos son los casos de Japdeva, AyA, CNP, Sinart e Incofer.

Luego de recuperarse de sus números rojos en 2019, cuando generó utilidades por ¢127.800 millones —impulsado por un aumento en las ventas de servicios de comunicación y sacando provecho al diferencial cambiario de ese año—, el Grupo ICE volvió a sufrir otro traspié financiero en 2020, al reportar pérdidas por ¢115.300 millones.

¿Cómo se explican esas grandes diferencias financieras de un año para otro? La Gerencia Financiera de Grupo ICE alega que sus pérdidas de 2020 ocurrieron, principalmente, producto de que el tipo de cambio del dólar cambió su tendencia. A final de ese periodo, el Instituto tenía el 68% de sus deudas en dólares.

“El cambio en la utilidad neta obedece al efecto de las variaciones del tipo de cambio de 2020 con respecto a 2019. En 2019 la moneda local tuvo una revaluación de 5,7% respecto al dólar, lo que causa que, por la valoración de los pasivos en moneda extranjera, se genere un efecto positivo en el estado de ingresos y gastos, específicamente en la línea de fluctuaciones cambiarias netas. Para 2020 el colón sufrió una devaluación superior al 7%, lo que provocó que el efecto de las fluctuaciones cambiarias fuera un gasto, por la valoración de los pasivos”, señaló la entidad.

De acuerdo con la Gerencia Financiera, a través de la cancelación y colonización de los créditos en dólares, se ha logrado reducir en un 10% los pasivos en esa moneda extranjera.

La Refinadora Costarricense de Petróleo achacó sus pérdidas por ¢16.000 millones, en 2020, como consecuencia de un conjunto de fenómenos que afrontó ese año: diferencial cambiario, reducción de ventas, aportes por pandemia y liquidación contable del fiasco en que se convirtió la Sociedad Reconstructora Chino Costarricense (Soresco).

“Para la contención de la pandemia se pusieron restricciones a la movilidad y al desarrollo de algunas actividades económicas, y eso lo que hizo fue reducir las ventas de la empresa en 19,1% en volumen. Evidentemente la reducción implica una reducción del ingreso y eso hace que se genere parte de las pérdidas de ese año”, afirmó Luis Carlos Solera, director financiero de Recope.

De acuerdo con el informe, las ventas de Recope cayeron en ¢478.500 millones.

El informe de Presidencia añade: “Producto de la desaceleración económica y de la restricción vehicular sanitaria, temas relativos a la pandemia, las ventas de la Refinadora decrecieron en ¢478.512 millones”.

Otro de los aspectos relevantes en los libros contables de la Refinadora, es que la empresa estatal tuvo que liquidar Soresco, por la fallida refinería con China. Esa empresa tenía un valor en libros de más de ¢6.000 millones.

Solera recordó que la empresa estatal también hizo transferencias económicas para la atención de la pandemia de coronavirus. Añadió que, “debido a que se terminaron de materializar acciones que se venían realizando en años anteriores, en 2021 terminamos con una utilidad positiva de ¢50.000 millones”

La Nación también envió consultas al AyA, sin embargo, no hubo respuesta al momento de esta publicación. Según cita el informe presidencial, los gastos totales de la empresa se incrementaron en ¢3.395 millones, contribuyendo al registro de un déficit de ¢23.330 millones, lo que significó un aumento en sus pérdidas de 26%, con relación a lo reportado en 2019″.

Juan Diego Córdoba González

Juan Diego Córdoba González

Bachiller en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Estudiante de la Maestría en Comunicación y Mercadeo. Periodista de la mesa de Sociedad y Servicios de La Nación.

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