La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, reconoció este martes que el Gobierno tuvo que pagar ¢48.000 millones por vencimientos de bonos de deuda pública, durante los meses de junio y julio, sin esperar la autorización legislativa para incluir estos gastos en el Presupuesto Nacional.

Lo debió hacer porque el gobierno de Luis Guillermo Solís no solicitó el permiso a la Asamblea Legislativa, para incrementar el gasto a principios de año, aunque ya conocía la necesidad. La respuesta de la ministra llegó ante consulta de la diputada liberacionista Silvia Hernández.

La jerarca asistió al Congreso para defender el presupuesto extraordinario por ¢600.000 millones que envió a los legisladores hace una semana y que considera necesario para afrontar los vencimientos de deuda que el gobierno de Luis Guillermo Solís hizo entre noviembre y diciembre, los cuales no estaban previstos en el plan de gastos del 2018.

Aunque Aguilar reconoció que dichos pagos se hicieron sin esperar la autorización de la Asamblea Legislativa para incrementar el presupuesto, apuntó que el Gobierno de Costa Rica no puede dejar de honrar sus deudas y que la solicitud para modificar el plan de gastos se debió haber hecho, preferiblemente, a principios de año.

“Esos pagos de junio y de julio se están haciendo sin el presupuesto, sin el contenido presupuestario. Por eso es que se debió haber presentado ese proyecto en la primera parte del año, una vez que se tenían claras las altas captaciones de deuda de vencimientos a corto plazo que se hicieron en noviembre y diciembre”, respondió.

Luego de la comparecencia, ante consultas de los medios de comunicación, la ministra dijo que espera que agosto sea el último mes en que tenga que pagar vencimientos de esas colocaciones hechas por el gobierno de Solís a finales del 2017 sin el contenido presupuestario para hacerlo.

“Una alternativa era no pagar esos vencimientos de deuda, pero el Estado costarricense jamás podría hacer eso”, manifestó la jerarca Aguilar.

Aunque el vencimiento de esas deudas significa un hueco en el presupuesto del 2018, la jerarca de Hacienda les insistió a los congresistas que ese plan de gastos extraordinario no tiene impacto en el déficit, porque el saldo de la deuda sigue siendo el mismo.

La presidenta de la Comisión de Hacendarios, Silvia Hernández, adujo que esa decisión tomada por la ministra Aguilar tiene “graves implicaciones legales”, pues haberlo hecho sin contar con la autorización legislativa para aumentar la partida presupuestaria respectiva sería, a criterio de la verdiblanca, ilegal.

“Si están gastando sin autorización legislativa, ¿para qué vienen ahora por esa autorización? ¿Están tratando a la Asamblea como un sello de hule”, dijo Hernández consultada por este medio.

Investigación preliminar

La ministra Aguilar también aseguró, ante consulta del diputado Eduardo Cruickshank, de Restauración Nacional, que en Hacienda harían una investigación preliminar para determinar las razones y la pertinencia de haber hecho colocaciones de deuda a muy corto plazo, a finales del 2017, y no haber enviado un plan de gastos extraordinario para ajustar el presupuesto 2018.

Sobre la necesidad de sentar las responsabilidades porque la administración Solís Rivera no le advirtió oportunamente del hueco en el presupuesto, Aguilar dijo que el asunto por definir es la premisa con que se consideraron los canjes de deuda, que no se dieron como se esperaba, y definir “si esas colocaciones de deuda a corto plazo era prudente o no asumirlas”, tomando en cuenta las condiciones de mercado en noviembre y diciembre pasados.

“Por lo menos haremos una investigación preliminar, es algo que estamos considerando, para ver bajo qué circunstancias se dio esa decisión”, comentó la jerarca de la hacienda pública.

Eso sí, la ministra Aguilar informó a los congresistas que en la reunión que tuvo con el exministro de Hacienda Helio Fallas, a pocos días de asumir, no enfatizó en el faltante presupuestario que debía afrontar y dijo que tampoco estaba especificado dentro de la memoria de la gestión de Fallas.

La ministra les explicó a los diputados la razón de que sea necesario un presupuesto extraordinario para afrontar los vencimientos de deuda colocada por el gobierno de Solís a finales del año pasado.

Reiteró que se trata de vencimientos de deuda que se colocó después de haber presentado el Presupuesto Nacional al Congreso y que se dio, principalmente, por la crisis de liquidez que ya desde agosto el exmandatario Solís había advertido a través de una cadena nacional.

“Esto no implica una modificación en el saldo de la deuda, lo que cambia es que, en lugar de vencer posteriormente, un monto importante está concentrado en el corto plazo”, manifestó.

Aguilar le respondió a David Gourzong, del Partido Liberación Nacional (PLN), que no lo presentó antes porque supo de la situación hace un mes y medio, poco después de asumir su cargo, y trataron de afrontar esos pagos a través de canje de deuda, pero afirmó que no fue posible.

Agregó la jerarca que la colocación extraordinaria que hizo Helio Fallas en noviembre y diciembre, tenía el objetivo de captar dinero que les permitiera hacer pagos de salarios y de aguinaldos en diversas instituciones.

“Es posible que haya sido producto del anuncio que hizo el Gobierno en agosto sobre la falta de liquidez para pagar salarios y eso generó problemas en el mercado. Había previstos contratos de colocación por sumas importantes que no se materializaron, porque el inversionista internacional no veía con buenos ojos hacer esas colocaciones en el mercado interno”, expuso Aguilar.

Es más, la ministra dijo que aunque originalmente se preveía una colocación por ¢300.000 millones, pero en la práctica fueron ¢800.000 millones.

Otro presupuesto extra

Tal como lo reconoció la ministra desde hace varios días, un segundo presupuesto extraordinario es básicamente inevitable, porque advirtió que los ingresos tributarios para el 2018 serán menores a los certificados por la Contraloría General de la República en agosto del año pasado.

La diferencia entre los ingresos previstos y los reales sería deficitaria, aproximadamente en ¢300.000 millones, por lo que tendrían que acudir dentro de varias semanas, nuevamente, al Congreso a pedir, esta vez sí, una autorización para incrementar la deuda.

En conferencia de prensa, Aguilar adujo que ese monto podría ser atenuado por varias medidas, entre ellas los ahorros que generarían varias directrices presidenciales para ahorrar gastos, particularmente en pluses salariales y en recorte de los pagos por horas extra.

También indicó que se podría atenuar ese faltante si se aprueba la reforma fiscal, porque dijo que la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas significaría un impacto positivo en la confianza de los inversionistas y las condiciones para colocar deuda, ante ojos de los inversionistas externos.

Por ahora, Hacienda también espera conocer la reestimación de los ingresos que en próximos días haría la Contraloría General de la República.

Otras partidas del presupuesto

Aparte de la partida para cubrir amortizaciones de la colocación de deuda, el plan de gastos que presentó la ministra Aguilar también implica la incorporación al presupuesto 2018 de recursos provenientes de donaciones, una europea y una coreana, así como la reclasificación de ¢75.000 millones de caja única a deuda.

Hay otro apartado del Primer Presupuesto Extraordinario del 2018 para trasladar ¢6.331 millones para inversión pública y reducir ¢25.000 millones en gastos gracias a varias directrices presidenciales.

La autorización que Hacienda solicita a los diputados para colocar deuda implica la colocación de títulos valores por ¢600.044 millones y, con eso, pagar las amortizaciones ya dichas. Una donación europea por ¢118 millones se destinará al fortalecimiento del Programa de Justicia Restaurativa del Poder Judicial.

Además, vienen ¢11 millones de una donación coreana para el Modelo de Mejoramiento y Manejo de Calidad Post Cosecha de Cultivos Hortícolas.

En cuanto a los gastos que incluye el plan, hay ¢3.315 millones para el Ministerio de Justicia, que se destinaría a centros de atención institucional y nuevos módulos para reos, así como para los planos constructivos de la nueva sede de la Procuraduría General de la República.

Una partida de ¢3.016 millones se le dará al programa de atención a la infraestructura vial para financiar obras de la carretera San José-San Ramón.