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Contraloría había ordenado despido al encontrarla responsable de faltante en ¢600.000 millones en Presupuesto Nacional de 2018. Hacienda también despidió a director de crédito público por el mismo caso

La exministra de Hacienda pasó de ser la cara visible del principal cambio tributario del país en décadas, a renunciar al cargo con ‘malestar y tristeza’.

Cuatro de los cinco funcionarios y exfuncionarios señalados por el ente contralor recurrieron el documento que se les notificó hace una semana; la exministra Rocío Aguilar no presentó ningún reclamo.

Explicamos de qué acusó la Contraloría General de la República a Rocío Aguilar y por qué le recomendó al presidente suspenderla por 30 días. También la entrevistamos al respecto.

Los otros investigados son la tesorera nacional, Marta Cubillo; el director de Crédito Público, Melvin Quirós; y Julio Espinoza, exdirector de Crédito Público.

Exfuncionario reconoció a Contraloría que certificó pagos de deuda pública de Hacienda sin contenido presupuestario entre enero y marzo de 2018, durante el gobierno anterior.

En febrero del 2018, durante el gobierno de Luis Guillermo Solís, en el Ministerio de Hacienda se sabía con claridad que existía un faltante “real” en el presupuesto para pagar la deuda pública de ese año y que la única manera de solventarlo era solicitarle al Congreso una autorización de gasto extraordinario, gestión que nunca hizo.

La división Jurídica de la CGR convocó a Fallas y a otros cuatro funcionarios y exfuncionarios de Hacienda como parte de la investigación para sentar responsabilidades por el pago de deuda pública sin permiso legislativo.

El expresidente Luis Guillermo Solís calificó de “esperable” la votación ocurrida la noche del lunes en el plenario legislativo, en la cual 40 diputados aprobaron un informe que recomienda inhabilitarlo para ejercer cargos públicos por cuatro años por el hueco presupuestario del 2018.

Informe de la Comisión de Gasto Público también pide al Ministerio Público, la Contraloría y la Procuraduría que investiguen a fondo el pago de deuda sin permiso legislativo.