Gustavo Rojas admite a diputados que Teatro del Castella se construyó con fondos públicos

El presidente de la Fundación del Conservatorio de Castella, Gustavo Rojas Antillón, admitió este lunes, en la Comisión Especial de Heredia de la Asamblea Legislativa, que el Teatro Arnoldo Herrera, de esa institución educativa, se construyó con fondos públicos.

Así lo tuvo que reconocer cuando el diputado Ariel Robles, del Frente Amplio, le preguntó con qué dineros se había erigido ese inmueble ubicado en Sabana Norte, y que el presidente de la Fundación vendió en febrero, por $3,5 millones, a la sociedad de responsabilidad limitada 3-102-897301, cuyo gerente y apoderado generalísimo es Rolando Beeche Durán.

En su momento, Rojas había afirmado que los fondos de la venta se colocarán en un fideicomiso de la Fundación que preside para la construcción de un nuevo teatro en la sede central del Castella, en Ulloa de Heredia, y reparar las instalaciones del centro educativo.

Sin embargo, la condición para hacer eso es que el Estado devuelva a la Fundación, en un plazo de 18 meses, la administración del terreno situado en Ulloa, al costado sur de la carretera General Cañas, así como la administración del lote del teatro.

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“Tengo entendido, porque no me consta, posiblemente yo no había nacido...”, había empezado a responder Rojas cuando Robles le pidió responderle con qué fondos se construyó el teatro y, de inmediato, el congresista leyó los artículos de la Ley 3080 del 14 de diciembre de 1962, Ley de Presupuesto Nacional para 1963; dentro del programa de obras por realizar, se aprobaron los recursos para la construcción del teatro, tanto para materiales como para mano de obra.

“Son fondos de un Presupuesto Nacional. ¿Usted entiende qué quiere decir eso? Son fondos públicos, don Gustavo”, le dijo Ariel Robles y Gustavo Rojas adujo que una opinión de la Procuraduría General de la República establece que cuando se destinan fondos públicos en condición de subvención, no convierten en propiedad pública el bien que recibe la subvención.

Cuando Robles le reiteró que los fondos de la construcción del Teatro del Castella son fondos públicos, Rojas respondió, molesto: “Me parece muy bien que sean públicos”.

“¿Le parece muy bien para después hacer negocio con ellos?”, preguntó el diputado. Y Rojas le reclamó diciendo que era el discurso del legislador.

En su planteamiento, tanto frente a Robles como ante preguntas de los otros diputados, como Kattia Rivera, del Partido Liberación Nacional (PLN), el presidente de la Fundación insistió en que son solo discursos de los diputados y no la realidad.

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Nuevamente, el frenteamplista le preguntó con qué recursos se ampliaron los terrenos de la Sabana correspondientes al Conservatorio de Castella, y Rojas dijo no saber, y le espetó a Robles: “No lo sé, posiblemente usted me lo cuente”.

El diputado le repitió la pregunta y cuando Rojas de nuevo dijo: “No”, Ariel Robles agregó: “Porque poco les ha importado” y el presidente de la Fundación del Castella dijo: “Sí, bastante”.

Asombrado por la respuesta de Gustavo Rojas, el diputado del FA le recordó que ¢1 millón destinado a la Junta Administrativa del Conservatorio de Castella para la compra y expropiación de terrenos en la Sabana están en la Ley 4078, del 30 de enero de 1968, para la emisión de bonos agrarios para el Instituto de Tierras y Colonización (ITCO, actual Inder).

“Es decir, fondos públicos fueron utilizados para esto que hoy usted se adjudicó y ha dicho que poco le interesea o poco le importa, para vender un teatro que fue construido con fondos públicos”, enfatizó Robles.

Ante preguntas de Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista (PLP), Rojas enfatizó en que no van a recuperar el teatro, pese a todo lo que señalaron los diputados del FA sobre los recursos públicos.

“¿Van a esperar a que alguien los demande o a que el Ministerio Público abra las causas?”, apuntó Campos, a lo que Rojas le respondió: “Si hay causa, que la abran, efectivamente”.

Luego de lo señalado por Rojas sobre dos criterios de la PGR, Jonathan Acuña refutó que los criterios tratan sobre la naturaleza del centro educativo, no sobre la naturaleza de los fondos recibidos por la Fundación.

“Son dos cosas bien distintas y hay otro criterio de la Procuraduría, 167-2003, que dice que los recursos transferidos de un presupuesto público a favor de un ente privado continúa formando parte de la Hacienda Pública. Punto. Es obvio y evidente”, manifestó Acuña.

En una comparecencia legislativa más bien tensa y marcada por las protestas de estudiantes y exestudiantes del Conservatorio, Rojas se mostró molesto y alegó que, en 23 años, el Estado no hizo las inversiones adecuadas en la institución educativa.