Rodrigo Chaves, presidente de la República, anunció que el Gobierno tomará medidas de seguridad pública para evitar la llegada de más migrantes que, según dijo, aprovechan el régimen de apertura a refugiados para quedarse a trabajar en Costa Rica.
Mencionó que estos son migrantes económicos que llegan aprovechando que el país cuenta con el salario mínimo más alto de América Latina, sus condiciones de paz y de democracia, así como una legislación para recibir refugiados. También, dijo que el país tiene una criminalidad alta para los estándares del país, pero por debajo del promedio de la región.
Según argumentó el mandatario, el peso de la atención a estas personas ha recaído en Costa Rica, sin que la comunidad internacional colabore.
La falta de apoyo económico internacional se le comunicará a la Organización de Naciones Unidas (ONU), por medio de una carta que enviará el canciller Arnoldo André. La misiva también anunciará que el país tomará acciones para controlar el flujo migratorio, insistió el mandatario.
“Si no hay de dónde, no podemos seguir pagando, no podemos seguir aceptando gente que no son refugiados políticos, que son refugiados económicos. Esa carta le advierte a la comunidad internacional que estamos tomando medidas para evitar que nuestro régimen de refugiados sea aprovechado de manera incorrecta por personas que lo que quieren es emigrar a Costa Rica y quedarse aquí para trabajar”, adelantó Chaves.
Chaves indicó que existen 200.000 solicitudes de refugio que se activan solo con una llamada ante la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME). Con esa gestión, añadió, la persona tiene el derecho de quedarse en el país y trabajar.
“Creo que somos el país con mayor cantidad de solicitudes de refugio en el mundo. La bondad del costarricense está ahí, pero compete a la comunidad internacional apechugar la parte económica que a ellos les corresponde”, declaró.
El mandatario no anunció las medidas específicas porque “todavía hay un elemento importante en la confidencialidad”.
Sí precisó que atenderán los casos de niños solicitando dinero y los campamentos ilegales, al ser consultado sobre algunos altercados de migrantes venezolanos con la Policía.
Chaves criticó que Costa Rica no reciba apoyo de los Estados Unidos o de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), pese al llamado a la cooperación desde el principio de su mandato.
Crisis migratoria
La crisis de Nicaragua del 2018 desplazó a 150.000 nicaragüenses hacia Costa Rica, estimó Acnur en una nota de prensa de marzo de este año, aunque parte de los refugiados ha retornado a su país o ha emigrado a Estados Unidos.
En esa oportunidad, la agencia de Naciones Unidos estimó que el número de solicitantes de asilo y de refugio superó la cifra de la década de 1980 con las guerras civiles en Centroamérica.
Acnur dijo estar preocupada de que esta tendencia pueda socavar el sistema de asilo costarricense y sobrepase las redes de apoyo en el país.
Por otra parte, a mediados del mes de octubre, el Gobierno anunció que habilitó una ruta desde la frontera sur, en Paso Canoas, hasta el borde norte, en Peñas Blancas, con el propósito de agilizar el flujo de venezolanos inmigrantes, quienes atraviesan el continente hacia los Estados Unidos.
El costo para hacer el recorrido sería ¢17.000 por persona. Sin embargo, Estados Unidos anunció la entrada de 24.000 migrantes venezolanos por avión, mediante una vía legal similar a la aplicada a los ucranianos, y expulsará a aquellos que entren ilegalmente por su frontera sur.
La decisión comunicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de este país provocó que más venezolanos se quedaran varados en Costa Rica, muchos de ellos viviendo de la caridad.
A modo general, Marlen Luna, viceministra de Seguridad y directora de Migración y Extranjería, indicó que el pico más altos de tránsito de migrantes se registró en el mes de octubre, cuando se estimaba que unas 4.000 personas ingresaban a diario a nuestro territorio.
Estos no solo provenían de Venezuela, sino de Haití, Ecuador, India y países africanos. Ahora, se calcula que entran unos 200 individuos al día. La reducción obedecería al cambio de la política migratoria de Estados Unidos, añadió Luna en la Asamblea Legislativa.