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El Gobierno dejó para un plan B la posibilidad de congelar los aumentos salariales del sector público si no logra, este año, el incremento de los impuestos que le solicita a la Asamblea Legislativa.
El plan A, en ese contexto de “medidas violentas de contención”, advertidas por Luis Guillermo Solís el lunes pasado, es recortar las transferencias presupuestarias que, en su mayoría, nutren programas de carácter social, y frenar las compras de bienes y servicios, como papelería, vehículos o consultorías, necesarias para la operación de las entidades del Gobierno Central.
Solo si no hubiese otra opción para atajar el crecimiento del déficit fiscal, Hacienda tocaría los aumentos semestrales de sueldos, enfatizó el viceministro de Egresos, José Francisco Pacheco, encargado de llevar el pulso de los gastos del Gobierno Central, compuesto por los ministerios, la Presidencia de la República, la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones.
Hacienda hace sus cábalas ante las dificultades políticas que encuentra para aprobar la reforma tributaria este año, empantanada por el reclamo de la oposición que pide una mayor austeridad a Solís, así como reformas para contener el aumento acelerado de los pluses salariales del sector público.
Hoy, el Congreso tramita un plan para ponerles un tope de un 1,94% a las anualidades y restringir las plazas del Estado que tienen derecho de cobrar dedicación exclusiva. Además, hay otro plan para poner un tope de ocho años a la cesantía.
El plan fiscal consiste en incrementar la recaudación en unos ¢600.000 millones anuales mediante las reformas a los impuestos sobre la renta y sobre las ventas, y es la primera opción de Solís para impedir que siga ensanchándose la brecha entre ingresos y gastos.
El Banco Central (BCCR) proyectó que el déficit sería de un 6,2% del producto interno bruto (PIB) al finalizar el 2016, equivalente a ¢1,8 billones.
El primer paquete de medidas que el Ministerio de Hacienda tendría a mano para reducir el hueco en las finanzas públicas, se aplicaría a partir del presupuesto del 2017. Consiste en recortar en ¢80.000 millones las compras públicas y en reducir, en un monto no determinado, las transferencias corrientes.
Sueldos, un disparador. Sobre los salarios, Hacienda evaluaría su congelamiento si, con el plan A, no se logra detener el endeudamiento para financiar gastos.
“Si el déficit sigue creciendo, pese a ese eventual recorte en compras y transferencias, y la deuda para financiar el presupuesto llega al 55% o 60%, empezaríamos a pensar en una etapa B, donde no descartamos el tema de los salarios”, dijo Pacheco.
De inmediato, subrayó que parar los aumentos salariales semestrales del sector público dependería de una negociación con los sindicatos; esto, por un mandato legal que obliga al Gobierno a fijar los incrementos de forma tripartita, junto con los gremios y el sector patronal.
En el plan de gastos del 2016, el pago de remuneraciones del sector público llegó a ¢2,5 billones.
Durante el 2015 y el primer semestre del 2016, los aumentos salariales del sector público se ajustaron a la inflación.
Pero, en el segundo semestre del 2014, contrario a la lógica que Hacienda planea aplicar ahora, el propio gobierno de Solís engordó el gasto en salarios.
En ese momento, la primera administración del Partido Acción Ciudadana (PAC) decretó un aumento de entre un 4% y un 5,1% en los sueldos públicos, cuando la inflación estaba muy por debajo de esos porcentajes.
Tal ajuste implica un gasto anual adicional de ¢62.570 millones, y todos los aumentos posteriores se calculan sobre esa base.
“Vamos a ver qué pasa en el 2017 y, de ser necesario, para el 2018 evaluaríamos el congelamiento de los aumentos”, adelantó José Francisco Pacheco.
Ruta equivocada. A la luz de los antecedentes, el economista Édgar Ayales, quien fue ministro de Hacienda durante la segunda parte de la administración de la presidenta Laura Chinchilla (2010-2014), dijo que un eventual congelamiento de los aumentos salariales semestrales apenas generaría un ahorro equivalente a un 1,5% del gasto público.
Ayales propone otra ruta que, según él, provocaría un impacto mayor en el déficit fiscal.
“Mucho más significativo sería reducir a la mitad el incremento anual de entre el 7% y el 8% planeado en las remuneraciones. Eso representaría ¢100.000 millones de ahorro en un año completo. No creo que sea posible reducir el incremento salarial a cero, por restricciones legales”, estimó el exjerarca de Hacienda.
Antes que contraer las compras públicas y las transferencias, Ayales recomienda al Gobierno pensar en el mediano plazo e impulsar ya la creación de una regla fiscal que fortalezca las capacidades del Ministerio de Hacienda para controlar el gasto, en combinación con el impulso a planes para recaudar más y mejorar los resultados de los montos que invierte el Gobierno.
