Política

Gobierno extiende al 2050 moratoria a explotación petrolera en Costa Rica

Ejecutivo impulsa la electrificación del transporte público y por eso no considera coherente un referendo que discuta la eventual búsqueda de hidrocarburos en el país

El Gobierno decretó este lunes ampliar hasta el 31 de diciembre del 2050 la moratoria que impide cualquier tipo de exploración o explotación petrolera o de gas en territorio costarricense.

La firma del decreto por parte del presidente Carlos Alvarado Quesada extiende así la moratoria vigente que vencía en el año 2021, justo cuando el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) autorizó la recolección de firmas para someter a referendo un proyecto de ley centrado en explorar y explotar petróleo en Costa Rica.

“Estamos siendo consecuentes con los anuncios de ayer (sobre descarbonización de la economía). Los gases de efecto invernadero generan un calentamiento en el planeta, generan la pérdida de vida silvestre y tenemos impactos muy negativos sobre la humanidad. Estamos llamados a hacer esto hoy”, declaró el mandatario, poco después de rubricar el documento.

La moratoria petrolera se declaró por primera vez en el 2002, por el entonces mandatario Abel Pacheco, y luego fue prorrogada por Laura Chinchilla, en el 2011, y Luis Guillermo Solís, en 2014, hasta el año 2021.

Apenas en noviembre pasado, los magistrados le concedieron nueve meses a Carlos Roldán Villalobos, profesor de Química del Tecnológico de Costa Rica (TEC) para recoger unas 165.000 firmas, el equivalente al 5% del padrón electoral.

Él es el principal impulsor de un refrendo en el que se discuta si el país debe o no buscar hidrocarburos.

Roldán Villalobos es también el autor del proyecto de ley que delegaría en la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) la responsabilidad de buscar, explotar y refinar petróleo, gas natural y otros hidrocarburos en el territorio nacional.

Si el requisito de 5% de firmas de ciudadanos se cumple, los magistrados electorales harán una última revisión del proyecto de ley, por la forma y por el fondo, para corroborar si la iniciativa sufre errores o vicios. De lo contrario, aprobará el referendo y convocará al colegio electoral a las urnas.

La extensión de la moratoria firmada este lunes no afecta en nada la recolección de firmas, ni tampoco la realización de la consulta, de cumplirse los requisitos correspondientes.

De hecho, conforme el artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública (sobre la jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo), una ley está por encima de decretos del Poder Ejecutivo. Esto abarca legislación resultante de referendos.

Ley superior

Sin embargo, Costa Rica se adhirió en el 2016 al Acuerdo de París; un acuerdo incluido en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para mitigar emisiones de Gases de Efecto Invernadero.

Esa firma nacional a un tratado internacional está por encima tanto de leyes nacionales como decretos ejecutivos, conforme el mismo artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública.

“Tenemos un factura de $2.000 millones y de ahí que algunos costarricenses creen que deberíamos explotar los recursos petroleros que supuestamente hay en el país. Hacer una inversión de ese tipo es como invertir en una fabrica de teléfonos públicos. No tiene sentido”, explicó el ministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez.

El ministro explicó que un referendo como ese es ambientalmente incoherente e ilógico porque secuestraría al país en el largo plazo en su proceso de transformación de la matriz energética.

“Los combustibles fósiles no son parte del futuro y las sociedades, el mundo va en otra dirección y Costa Rica va en esa misma dirección. Si hacemos exploración petrolera, le meteríamos el freno más grande al proceso de electrificar el sector de transportes del país”, explicó Rodríguez.

Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara S.

Redactor en la sección Sociedad y Servicios. Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio Redactor del año de La Nación (2012). Escribe sobre servicios públicos, infraestructura, energía y telecomunicaciones.