Gobierno de Luis Guillermo Solís incumplió un 67% de objetivos en infraestructura el año pasado

En el 2017, el gobierno de Luis Guillermo Solís (2014-2018) incumplió un 67% de las metas anuales en el sector de transporte e infraestructura. El incumplimiento impactó principalmente a las regiones Central y Pacífica.

La mala gestión de la administración anterior en ese ámbito la reveló el III Informe Anual de Cumplimiento de Metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2015-2018, elaborado por el Ministerio de Planificación (Mideplán).

El documento fue conocido por el Consejo de Gobierno el pasado 27 de febrero, ya en el ocaso de la administración de Solís.

Los objetivos que no se ejecutaron fueron dos: mejorar la infraestructura de transportes en todas sus modalidades y mejorar la posición del país en el Índice de Competitividad Global en materia de aeropuertos.

La meta que sí alcanzó el gobierno pasado fue mejorar la posición del país en este índice en cuanto a la calidad de sus puertos. No se obtuvieron datos para determinar si se cumplió la meta en la calidad de su ferrocarril.

Según el balance de Mideplán, cinco programas fundamentales para el sector presentaban atrasos "críticos" al finalizar el cuarto año de mandato de Luis Guillermo Solís, quien le entregó la Presidencia de la República a Carlos Alvarado, también del Partido Acción Ciudadana (PAC), el 8 de mayo pasado.

Esos programas del PND que no se cumplieron y que están en atraso crítico son:

-El de obras viales de la Red Vial Nacional Estratégica

-El de obras urbanas de la Red Vial Nacional

-El de mantenimiento y modernización aeroportuaria

-El de seguridad vial

-El programa para mejorar la movilidad en la Gran Área Metropolitana y el transporte de mercancías a nivel nacional

Sobre el primero de los programas con retraso crítico, Mideplán detalló que de un total de diez metas, siete (un 70%) se encuentran clasificadas con incumplimiento.

De estas, seis tienen un avance nulo en su ejecución.

Con logros parciales en su avance Mideplán citó obras como el tramo Bajos de Chilamate-Vuelta Kooper y la de los conectores viales en la región Huetar Norte, Chorotega, Central y Huetar Caribe.

"En la ejecución de las metas, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) tiene la responsabilidad directa en cuatro metas, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), en cinco, y ambas instituciones comparten esa responsabilidad en una meta, la cual está clasificada como no cumplida", detalló la cartera que dirigió Olga Marta Sánchez durante el gobierno pasado.

En cuanto al programa de obras urbanas de la Red Vial Nacional, vital para reducir los embotellamientos que desesperan a los usuarios de las calles, Mideplán concluyó que de un total de cuatro metas, tres no se cumplieron.

"En la ejecución, el Conavi tiene la responsabilidad directa en tres, una de las cuales está cumplida al 31 de diciembre del 2017 y el MOPT participa directamente en una no cumplida", recalcó.

Y balanceó: "No obstante, se logró la meta de mejorar la sección (vial) Pozuelo-Jardines del Recuerdo (en la ruta La Uruca-Heredia)".

El incumplimiento de objetivos provocó que, del presupuesto estimado para el 2017 en el sector infraestructura, se subejecutara en un 28,5%.

Después de ese sector, el segundo donde el Gobierno pasado fue menos efectivo fue el de ambiente, energía, mares y ordenamiento territorial, donde se incumplió un 44,4% de los objetivos que se fijaron en el PND para el año pasado.

MOPT: situación de finanzas afectó su desempeño

Al consultársele si tenía comentarios sobre los malos resultados señalados por Mideplán, la Dirección de Planificación Sectorial y la Dirección Financiera del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) subrayaron que el 67% de incumplimiento de las metas que se fijaron en el PND para el 2017 engloba a un total de 9 instituciones.

A saber: el propio MOPT, el Conavi, Cosevi, el Consejo de Transporte Público, el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), Aviación Civil, el Consejo Nacional de Concesiones, el Instituto Costarricense de Puertos y la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).

El ministerio también recalcó que la subejecución presupuestaria de un 28,5% para el 2017 corresponde al sector de infraestructura y transporte en su totalidad y no solo al MOPT.

En lo que corresponde a su administración, la cartera argumentó que la subejecución se debió "en gran medida" a una directriz publicada por el Ministerio de Hacienda en abril del 2015 para frenar el gasto público, la cual, según el MOPT, "afectó la disponibilidad y asignación de recursos".

"Esta directriz limitó en gran medida el inicio de licitaciones abreviadas y públicas, ya que por la modalidad de liberación de cuotas trimestrales, los ejecutores de programa (sic) se vieron obligados a utilizar los escasos recursos para dar contenido a compromisos urgentes, como fueron el pago de facturas comerciales por contratos continuados", se lee en la respuesta que el MOPT envió por escrito a este diario.

Con el mandato de Hacienda encima, el ministerio –que tuvo tres jerarcas durante el gobierno pasado (Carlos Segnini, Carlos Villalta y Germán Valverde)– alegó que tuvo que reducir los recursos presupuestarios y humanos y que esa obligación "afectó el cumplimiento de aspectos técnicos necesarios para la ejecución de contratos en ámbitos como la revisión de diseños, viabilidades ambientales, contratos para supervisión y obra, entre otros.

"Para el nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022, se hará una reevaluación de metas e indicadores de manera tal que se puedan incorporar los proyectos prioritarios que han sido fijados por el Poder Ejecutivo y los jerarcas de nuestra institución", concluyó el MOPT.

Solís se fue en deuda con reducción de desigualdad social

Aunque Mideplán insistió en su informe de cumplimiento de metas y objetivos que el gobierno de Solís cumplió con la reducción de la desigualdad en el ingreso de las familias, en ninguno de los tres años en que estuvo en ejecución el PND anterior se alcanzó la meta que se fijó la administración.

La desigualdad social se mide con el indicador llamado Coeficiente de Gini, cuyo valor varía entre 0 y 1. Cuando el indicador es cero significa que la distribución del ingreso es equitativa; mientras más se acerque a 1, la concentración del ingreso es mayor.

Al iniciar su mandato, Solís se comprometió a reducir el Coeficiente de Gini de 0,511 a 0,492.

No obstante, en el 2015 el Coeficiente fue de 0,510, en el 2016 de 0,515 y, en el 2017, de 0,514.

Mideplán achacó la exigua reducción en la desigualdad del ingreso de los hogares al aumento de un 0,7% del ingreso promedio por hogar y a que el ingreso por subsidio estatal se elevó en un 5,5% entre el 2016 y el 2017.

"El ingreso per cápita del V quintil es 18 veces mayor que el del I quintil en el 2017, lo que evidencia una marcada diferencia entre los ingresos y la concentración del mismo en el V quintil y lo cual se evidencia en todas las regiones de planificación del país. Esta brecha no se ha podido cerrar, por el contrario, se ha venido perpetuando a niveles significativos", reconoce Mideplán.

Esos resultados se dieron a pesar de que el sector de desarrollo humano y de inclusión social fue el consentido de la anterior administración.

Para esa área de la gestión pública, el PND fijó 26 metas para el 2017, de las cuales solo una no se alcanzó, y estimó un presupuesto anual de ¢762.390 millones que no alcanzaron, pues el sector requirió al final de ¢771.066 millones para una ejecución presupuestaria de un 101%.

La otra cara de la moneda en cuanto a la ejecución de recursos asignados es el sector educativo, donde se cumplieron el 78,3% de los objetivos, pero se utilizó apenas un 55,2% del presupuesto.

Al respecto, este diario le solicitó un criterio al ministro de Educación Pública, Edgar Mora. Sin embargo, pidió tiempo para estudiar el tema.

De las siete metas nacionales que el anterior Gobierno se impuso en el 2017, cumplió, según Mideplán, la de generar más puestos de trabajo, la de reducir la tasa de desempleo abierto, la de atender a más familias de forma integral para que pudieran satisfacer sus necesidades básicas y superar la línea de pobreza, y la de mejorar en el Índice de Percepción de la Corrupción.

En tanto, cumplió parcialmente el objetivo de alcanzar un 6% de crecimiento del producto interno bruto (PIB) para el 2018, con un 3,2% de crecimiento en el 2017.

En la lista negra de metas nacionales sin cumplir, además de la reducción de la desigualdad en el ingreso de las familias, también quedó la de mejorar en el Índice de efectividad del Gobierno.