Gobierno daría subsidio económico a autobuseros para evitar alzas en pasajes
Ministro de Hacienda explica diseño del programa que se impulsaría si precios se tornan prohibitivos; el plan empezaría con datos de pasajeros contenidos en Aresep
8/1/2018. San José. Recorrido por paradas de bus en San José para ilustrar el tema de inflación en los servicios públicos como lo es el trasporte de autobuses. En la foto esta el chofer Cristian Gutiérrez de la ruta Tres Ríos por calle vieja. Foto Adrián Soto. Adrian Soto
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, explicó que es muy difícil trasladar el subsidio por los altos costos de los combustibles directamente a los pasajeros de bus. Foto Adrián Soto. (Adrian Soto)
El Gobierno les entregaría a los autobuseros un subsidio económico para evitar que los pasajes se tornen prohibitivos por causa del aumento de los combustibles, en momentos en que la invasión de Rusia a Ucrania provocó una escalada de precios.
Así lo confirmó este martes en la Asamblea Legislativa el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, quien detalló el mecanismo de subsidio que el Poder Ejecutivo diseña para aprovechar un crédito de $200 millones facilitado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), a fin de atenuar el aumento en los hidrocarburos.
“La idea es crear un mecanismo mediante el cual, frente a los incrementos en los costos de transporte, podamos generar un pago que se estaría haciendo en función del número de pasajeros que sean transportados por las empresas autobuseras”, explicó el ministro.
Acosta explicó que el subsidio no se puede trasladar en forma directa a las personas. Por tanto, la idea es subsidiar a los autobuseros para que mantengan los pasajes, “en la eventualidad de que hubiese mayores incrementos (en los combustibles), para que no se vean afectadas las tarifas que hoy pagan los usuarios”.
Cuando el presidente, Rodrigo Chaves, incluyó esa propuesta de subsidio como uno de los mecanismos para paliar el impacto del costo de los combustibles, lo condicionó a la implementación del cobro electrónico de parte de las empresas autobuseras, a fin de no dar dinero de más a nadie.
Luego, el 25 de mayo, la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, informó de que el subsidio a los autobuseros se evalúa “casi como una última opción”.
Consultado este martes, Nogui Acosta indicó que, en un primer momento, no se podría exigir el pago electrónico, el cual todavía es un plan piloto. En su lugar, el subsidio dependería de los datos que las autobuseras entregan a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) sobre la cantidad de pasajeros que atienden.
“Luego de la implementación del pago electrónico, obligatorio para recibir subsidio, se aplicarían los datos generados por el mecanismo electrónico”, comentó.
“No lo estamos planteando todavía; es el diseño de un mecanismo que, en la eventualidad de que los precios se vuelvan prohibitivos, nosotros utilizaríamos”, concluyó.
Según lo planteado por Hacienda, la propuesta de subsidio no se le tiene que informar al BCIE para la aprobación de dicho mecanismo, pues se trata de un “crédito amplio que tiene como fin ayudar a los países a paliar el incremento en los costos de los combustibles”.
El 15 de mayo, La Nación dio a conocer que la administración de Chaves planeaba acceder a ese financiamiento por $200 millones del BCIE para atenuar los fuertes incrementos en los combustibles, y que la idea era subsidiar los pasajes de bus.
En la Asamblea, sin embargo, las fracciones de la oposición siguen inclinándose por disminuir el impuesto único a los combustibles, según lo manifestaron Liberación Nacional (PLN) y la Unidad Social Cristiana (PUSC).
A revisión de la Asamblea
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El ministro Acosta también ratificó la obligación de presentar el subsidio a consideración de los diputados, para que lo aprueben, porque la regla fiscal vigente impide que, en un escenario de crisis fiscal como el actual, se entreguen subsidios con recursos públicos.
Es decir, el Gobierno tendrá que solicitar a los congresistas que aprueben una excepción a la regla fiscal para entregar dinero de un crédito internacional a empresarios privados.
“Efectivamente, tiene que pasar por la Asamblea, porque es un subsidio y adicionalmente, vamos a necesitar una autorización legal para trasladarle recursos al sector privado”, dijo.
Aunque el presidente Chaves se ha manifestado en contra de liberar instituciones de la regla fiscal, Acosta puntualizó que el mandatario “ha sido muy claro en que este es un mecanismo excepcional”.
