El gobierno del presidente de la República, Rodrigo Chaves, ha optado por un nuevo estilo político caracterizado por la búsqueda del antagonismo, con el fin de expandir las potestades del Ejecutivo para debilitar la institucionalidad y castigar a sus opositores.
A la anterior conclusión llegó el más reciente informe del Estado de la Nación, el cual califica de “alarmante” esta nueva forma de gobernar, alejada de las gestiones democráticas y cooperativas de otras administraciones.
Según el estudio, el estilo de la actual administración se basa en una apuesta por coaliciones no ganadoras, pero funcionales para sus objetivos, lo cual se ve reflejado en su renuncia a cooperar con el Poder Legislativo.
“Dicho antagonismo implica esfuerzos para rediseñar el ámbito de las competencias del Ejecutivo, expandiéndolas a fin de atenuar los controles que se ejercen sobre su acción desde otros poderes de la República”, indica la investigación.
El informe explica que históricamente, el país ha optado por dos estilos tradicionales de gobierno: uno donde predominan las mayorías políticas y sociales, y otro, como el empleado por el expresidente Carlos Alvarado, en el que se crean coaliciones donde el oficialismo comparte el poder con las otras fuerzas políticas. Ninguno de estos se asemeja a las estrategias del actual presidente.
Las alianzas por las que el gobierno ha optado se relacionan con minorías parlamentarías y sociales, las cuales no le garantizan la aprobación de sus iniciativas ante falta de mayorías o por su rechazo en sede judicial, pero le son de utilidad para crear conflicto y aparentar que el Ejecutivo es parte de las “injusticias”.
“Se trata de coaliciones más reducidas y cambiantes según el tema”, describe el estudio.
El informe puso como ejemplos las rupturas del Ejecutivo con la Coalición de Iniciativas de Desarrollo Económico (Cinde) y la Fundación Omar Dengo.
El pasado mes de mayo el gobierno, mediante el Ministerio de Comercio Exterior (Comex), el gobierno rompió el convenio con Cinde para la atracción de inversión extranjera, mediante el cual 405 empresas extranjeras se instalaron en el país generando 181.000 empleos.
En el caso de la Fundación Omar Dengo, en abril de este año, la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, confirmó la ruptura, asegurando que su ministerio asumiría la enseñanza de la informática e implementarían un nuevo programa.
El análisis indica que la estrategia podría consechar frutos en la opinión pública, aunque en las últimas encuestas el respaldo hacia al mandatario parece estar deteriorándose.
“Una fracción oficialista reducida e internamente dividida, la carencia de una estructura de partido propia y las investigaciones sobre el financiamiento de la campaña electoral, que avanzan tanto en sede parlamentaria como judicial, dificultan los intentos por ampliar los apoyos a la gestión del Ejecutivo, más allá de las coaliciones mínimas funcionales”, agrega el Estado de la Nación.
Ataques a opositores anulados por Sala IV
Los actores sociales y políticos atacados se han visto obligados a recurrir a la defensa de sus libertades y protección de sus derechos a través de los mecanismos existentes, como lo es la Sala Constitucional, continúa el documento.
Algunas decisiones de gobierno revertidas en sede judicial son la destitución de los miembros de la Junta Direciva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el cierre del Parque Viva , perteneciente al Grupo Nación, cita el informe.
Esa forma de política antagónica también se ha evidenciado en un aumento significativo de recursos de amparo, debido a los constantes ataques a la libertad de prensa y de expresión.
El estudio detalla que el gobierno se inclina por castigar a quienes cataloga como opositores.
“En las circunstancias políticas actuales, la administración Chaves Robles está tratando de maximizar las herramientas políticas de las que dispone; asimismo, intenta ampliar sus márgenes de acción, al tiempo que los otros poderes estatales y actores sociales están conteniendo esos impulsos por las vías constitucionales e institucionales”, agrega el estudio.
Esfuerzos infructuosos
La investigación considera que, pese a los intentos de la administración por debilitar la legitimidad de la institucionalidad costarricense, esta responde contra los ataques gracias al sistema de equilibrios establecido en la Constitución Política, pues da poco margen para que el gobierno expanda su dominio.
Esto se debe a la forma en la que se distribuyen los poderes dentro de la Constitución, la cual hace que las intenciones del gobierno queden únicamente reducidas a su margen de acción permitido, pues la ruptura que presenta con la Asamblea Legislativa le impide al presidente impulsar agendas políticas de mayor calibre.
Este alejamiento con los diputados también impide al gobierno influir en la composición de la Corte Suprema de Justicia mediante el nombramiento de nuevos magistrados con el fin de reducir las resistencias, ya que para ello debe conseguir mayorías parlamentarias.
Por otro lado, la inexistencia de reelección presidencial sucesiva impide que, en Costa Rica, un presidente no pueda ampliar sus poderes “tirando los dados otra vez”.
El informe detalla que la inestabilidad del gabinete es otra de las cartas que juega en contra de la administración Chaves Robles, pues el actual es el gobierno que más piezas ha perdido en un primer año de gestión durante el período 1978-2023.
“El intento de centralización de poderes en la Presidencia de la República, procurando el alineamiento del gabinete y del personal de confianza en la gestión pública, ha estado asociado a una fuerte inestabilidad en el Ejecutivo”, analiza el estudio.
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