EscucharJuan Carlos Alvarado Montalto, administrador de la estación de servicio Fill-N-Go, ubicada en San Rafael de Escazú, declaró que alguien más está aprovechando los ¢3,2 millones en gasolina que la diputada Ivonne Acuña dejó pagados en esa estación desde el 30 de noviembre, con dinero de la Asamblea, pero solo revelará la identidad si un juez se lo ordena.
La legisladora independiente realizó la compra con recursos que el Congreso le asignó para el desempeño del cargo, pero abandonó el país el 11 de diciembre del 2021 y, desde entonces, no se presenta a laborar, según informó La Nación.
Vía telefónica, el administrador de la gasolinera afirmó a este medio que, de hecho, ya tiene “el paquetico listo para entregárselo” al juez, en caso de que así se lo ordenen.
Según explicó, la diputada abrió una cuenta prepagada, en la que la gasolina se va despachando conforme las personas autorizadas por ella van consumiéndola.
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“Como cualquier cliente, puede abrir una cuenta, prepagar, dejar un monto a favor y se hace un cobro. Después, se va matando contra facturas de despacho de gasolina. Ella puede autorizar a quien quiera por ese monto a favor que dejó”, explicó Alvarado Montalto.
En este caso, el pago se hizo con una tarjeta extendida por la Asamblea Legislativa.
El administrador confirmó que alguien ya empezó a consumir el prepago, aunque la congresista Ivonne Acuña no está en el país.
“Eso quedó prepagado y se utilizó. Sí, sí, eso ya se empezó a utilizar”, dijo el comerciante. Sin embargo, rehusó responder quién o quiénes son las personas autorizadas por Acuña, pues apuntó que se trata de información confidencial del cliente.
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“Eso no lo puedo decir. Si me lo consulta un juez, con mucho gusto, de hecho, tenemos el paquetico listo para entregárselo; que me lo pregunte una persona con orden de juez, o que doña Ivonne autorice”, declaró el administrador.
Alvarado tampoco está seguro de que se le pueda entregar dicha información a la administración de la Asamblea, en caso de que el Congreso haga dicha solicitud en el marco de la investigación que abrió por el uso desproporcionado de la gasolina que le asignó a la legisladora.
Para ese caso, el administrador respondió que tendría que consultarlo primero con sus abogados, para “no meterse en un problema”.
Además de la diputada Acuña Cabrera, también la jefa del Partido Liberación Nacional (PLN), María José Corrales, presentó consumos millonarios de combustible entre diciembre y enero, pues pagó más de ¢2 millones en cuatro días.
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Si bien la Ley de Remuneración de los Diputados establece que cada diputado debe recibir un depósito mensual correspondiente a 500 litros de combustible y lo puede usar de forma discrecional, criterios de la Procuraduría General de la República establecen que ese combustible es una ayuda técnica exclusivamente para sus labores parlamentarias.
Ivonne Acuña está fuera del país desde el 11 de diciembre y en tres meses, pese a sus ausencias, cobró ¢14,4 millones, incluyendo remuneración por asistencia a órganos legislativos, gastos de representación y la gasolina de diciembre.
Esta semana, cuando le negaron los permisos de ausencia, la independiente anunció que renunciará al salario recibido en febrero. Además, se comunicó con la administración del Congreso y la presidenta legislativa, Silvia Hernández, para informar de que renuncia prácticamente a todo lo que la diputación implica, pero no a la condición de diputada, que mantendrá hasta el 30 de abril, el día que termina este periodo constitucional.
Silvia Hernández le preguntó si estaba renunciando a la diputación, puesto que indicó que devolvería computadora, teléfono, sistemas de acceso al edificio legislativo y hasta las placas que le identifican como diputada.
No obstante, la independiente respondió a la presidenta de la Asamblea que en ningún momento había renunciado a la diputación y que, en caso de que lo hiciera, se lo comunicaría directamente al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), y no a Hernández, como se hace tradicionalmente cuando algún congresista deja su cargo.
