Josué Bravo. 13 mayo
Representante de la Asociación Nacional de Habitantes de las Zonas Costeras de Costa Rica (Anhaco), acudieron a la Comisión especial de investigación de zonas costeras y fronterizas para exponer su problemática. Foto: Josué Bravo.
Representante de la Asociación Nacional de Habitantes de las Zonas Costeras de Costa Rica (Anhaco), acudieron a la Comisión especial de investigación de zonas costeras y fronterizas para exponer su problemática. Foto: Josué Bravo.

Familias y pequeños empresarios costeros pidieron a los diputados que aprueben un proyecto de ley para titular a los habitantes de la zona marítimo terrestre ubicados en una franja de 150 metros de costa.

Los proponentes son unos 500 habitantes de las costas del Pacífico y del Caribe, agremiados a la Asociación Nacional de Habitantes de las Zonas Costeras de Costa Rica (Anhaco), cuyos representantes acudieron esta mañana a la de la Comisión especial de investigación de zonas costeras y fronterizas.

Según el proyecto, deben obtener un título de propiedad quienes habiten en la franja restringida de 150 metros de costa, la cual se ubica después de los primeros 50 metros de zona pública.

Además, piden una concesión, ajustada a la realidad de cada persona o familia, para aquellos que tienen al menos 20 años de vivir en los primeros 50 metros de costa desde el mar.

Ambos espacios costeros son regulados y protegidos por la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (N° 6043).

En la actualidad, la familias habitantes de zonas especiales, incluidas las costeras, fronterizas y de patrimonio natural del Estado, no poseen título de propiedad.

En el caso de las zonas costeras, algunos habitantes tienen una especie de arrendamiento concedido por las municipalidades, en cuyos terrenos han construido viviendas o desarrollado de infraestructura con sus propios esfuerzos, según Victoria Quirós, representante de Anhaco.

Quirós explicó que, debido al crecimiento de la actividad turística en el país, los habitantes de esos cantones que, a su vez, atraen a grandes desarrolladores, están expuestos a demoliciones o desalojo sin que les reconozcan sus inversiones.

Quienes han sufrido desalojo o demoliciones, aseguró, no han sido expropiados por el Estado, los cual les impide recibir alguna compensación por sus construcciones.

“No se nos están respetando el derecho de igualdad, de propiedad privada, de arraigó, de cultura, el derecho al trabajo ni de vivienda”, cuestionó Quirós.

Según los proponentes, la legislación actual ha quedado obsoleta por la inseguridad jurídica en la que viven muchas familias en esos territorios sin títulos de propiedad.

De hecho, el proyecto de ley derogaría esta otra norma.

Los interesados también piden que el Estado realice una planificación cantonal en esas zonas, pero no a través de planes reguladores segmentados, sino a través de un ordenamiento territorial que proteja, además del comercio o el turismo desarrollado por locales, zonas agrícolas y de mantos acuíferos.

Esa planificación, de acuerdo con la representante de Anhaco, Victoria Quirós, debe ser integrado a un plan de desarrollo nacional que también respete el turismo rural comunitario.

“Nosotros estamos pidiendo que lo que está ahorita se respete y que, a futuro, no se permita nada".

"Hasta que se tenga claridad en un plan de ordenamiento territorial, cantonal, de los usos de suelos y de otro impacto para que entonces los desarrollos, los permisos que se den para construir, desde casas hasta lo que sea, se haga en función de toda una dimensión de planificación cantonal”, explicó Quirós.

La representante de Anhaco también lamentó que algunos habitantes no pueden construir y otros no pueden acceder a financiamiento.

Por su parte, el diputado verdiblanco por Limón, David Gourzong, quien preside la Comisión especial de investigación de zonas costeras y fronterizas, explicó que muchos habitantes costeros están en ese lugar desde antes de que se creara la ley 6043 en 1977.

“Nosotros, desde esta comisión, necesitamos trabajar con el Ejecutivo para establecer qué es lo que se amerita en esas situaciones", propuso el legislador.

Añadió que evaluarán "si amerita que se les otorgue permiso de uso de suelo, si le podemos dar una concesión por número de años, si dentro de esa concesión se le podrá reconocer algún tipo de indemnización o en los territorios donde ellos han estado, si procede una indemnización o si por otra parte lo que procede es dar una titulación”.

De momento, la comisión especial envió a estudio de subcomisión cinco proyectos sobre zonas especiales.

El objetivo es dictaminar y someter a votación algunos de ellos o hacer de todos un solo texto de ley que ayude a resolver la problemática de los territorios especiales.