Política

Experto en protección de datos: En estados democráticos cuesta pensar que se den estos proyectos

Abogado Mauricio París cuestiona plan para dar acceso total a registros de identificación biométrica de la población y vender servicios de verificación de personas.

“No he logrado superar el asombro de lo que leí en ese proyecto”, afirmó Mauricio París, abogado especialista en protección de datos, luego de leer el proyecto de ley 21.321, del diputado Daniel Ulate, del Partido Liberación Nacional (PLN).

El plan pretende crear la Plataforma Nacional de Identificación Biométrica, sitio que concentraría los registros biométricos de todos los costarricenses mayores de 12 años, así como de los extranjeros que residan en el país y los foráneos que ingresen por medio de una visa.

La idea de la iniciativa, según su proponente, es darle herramientas tecnológicas a las autoridades para que puedan identificar criminales.

De acuerdo con París, en principio, la idea es loable y el mecanismo podría ser útil. El problema, dijo, es que el plan le daría a los policías “acceso total” e irrestricto al recurso, y eso implica riesgos para los derechos de los habitantes.

“Estamos hablando de que si la UPAD era una cosa con la que se le paraba el pelo, con esto se le para el pelo al cuadrado”, afirmó el especialista.

La Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) fue la oficina creada y posteriormente derogada por el Gobierno. Ahora es objeto de una investigación judicial, en la que se determinará si el Poder Ejecutivo accedió de forma ilegítima a datos sensibles de la población.

Con el proyecto de Ulate, el Congreso le daría permiso al Ministerio de Seguridad Pública, al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), a la Dirección General de Migración y Extranjería y a la Fiscalía para que accedan a los registros biométricos de millones de habitantes del país.

La iniciativa les daría “acceso total” a todas esas instituciones a los registros del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de las huellas dactilares y los rasgos faciales de las personas, con el fin de que puedan corroborar la identidad de presuntos delincuentes.

El plan, además, fomentaría que el sistema se financie por medio de la venta de servicios de verificación de identidad a empresas.

Dicho planteamiento, según París, sería inédito en países democráticos.

“En estados democráticos es difícil pensar que existan este tipo de proyectos”, afirmó el experto.

El problema, de acuerdo con el abogado, es que la legislación costarricense que protege los datos personales de los habitantes no fue pensada para lidiar con el manejo de datos biométricos, y la iniciativa de Ulate no incluye ninguna medida para garantizar el uso correcto de dichas herramientas.

“Se permite el acceso al registro, al repositorio, pero no se regula. No dice cuáles son los límites que no se pueden traspasar. Entonces, por ejemplo, existen un montón de cámaras en la ciudad sin que implique mayor cosa, pero si esas cámaras se conectan a una central de datos de reconocimiento facial, usted puede decir ‘yo quiero ver dónde está esta persona que está en fuga’, y ahí diríamos que es buenísimo.

“Pero qué pasa si, un día, el uso no es para agarrar personas en fuga, sino para perseguir a sindicalistas o para verificar dónde están periodistas, o dónde están determinadas personas que no tienen una causa abierta, pero que les interesa rastrear”.

“Me parece que la herramienta puede ser útil si se plantea bien, pero sobre todo si se regula su uso, lo que sucede ahí es que se van a poder conectar todos y no dice qué va a tener que hacer cada institución en cada uno de esos casos”, cuestionó el experto.

En opinión del abogado, si los diputados deciden apoyar esta iniciativa —aprobada ya en comisión— debería “delimitarse considerablemente” su uso.

Lo que no se debería aprobar bajo ningún supuesto, afirmó, es la orden del Congreso para que un sistema de este tipo se financie por medio de la venta de servicios de verificación de identidad, a partir de información de los ciudadanos que está en poder del Estado y cuyo uso no ha sido autorizado por sus titulares.

“Es absolutamente inaceptable que se ponga a una institución como el TSE a comercializar datos biométricos de los costarricenses”, afirmó París.

Según el abogado, con la forma en la que está planteada actualmente la ley, sería viable, por ejemplo, que el servicio lo adquieran centros comerciales interesados en identificar a sus clientes.

En Canadá, una cadena de malls instaló cámaras conectadas a un sistema capaz de determinar el sexo, edad y estado de ánimo de las personas. Las autoridades canadienses determinaron que la tecnología se utilizó para convertir unos cinco millones de imágenes en información biométrica de rostros de personas.

“Esa información personal sensible se podría utilizar para identificar individuos, basados en sus rasgos faciales únicos, dijeron las autoridades”, reportó la cadena canadiense CBC.

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