La exministra de Planificación, Olga Marta Sánchez Oviedo, rechazó un acuerdo de pago para devolver los ¢28,2 millones que recibió de más en su sueldo mientras dirigió esa cartera durante la administración pasada.
Dicho arreglo fue planteado por el Ministerio de Planificación (Mideplán) a la exfuncionaria en tres ocasiones distintas: 24 y 27 de abril del 2018, así como el 21 de agosto de ese mismo año.
La propuesta consistía en la devolución de los ¢28,2 millones en 48 cuotas de ¢660.000 mensuales cada una, a partir del 1.° de mayo de 2018, con un interés anual del 6%.
El documento con la deuda certificada fue enviado a su despacho por la Oficialía Mayor y la Dirección Ejecutiva de esa cartera.
Sánchez no aceptó el arreglo, a pesar de que ella misma lo pidió en el oficio DM-122-18 del 9 de marzo del año pasado, dos meses antes de dejar el cargo de jerarca por el cambio de gobierno.
Para Sánchez, en la propuesta no se aplicaban en forma correcta los principios constitucionales de razonabilidad y de proporcionalidad, por lo tanto lo rechazó. Así se lo hizo saber al Ministerio.
Precisamente, este argumento lo había planteado ella cuando aceptó devolver el sobresueldo al emitir el oficio DM-122-18 a la Oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos de Mideplán. Lo hizo como condición para aceptar el arreglo.
Luego, la exministra consideró injusto reintegrar el dinero.
El pasado 11 de diciembre, en declaraciones registadas por el medio digital CRHoy, alegó que cuando asumió el cargo, debió renunciar a una pensión cuyo monto era similar al sueldo de ministra.
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Su primer salario como jerarca fue de ¢3,3 millones. El último pago fue de ¢3,4 millones y lo recibió el 30 de abril de 2017. Luego, continuó su trabajo ad honorem, hasta que entregó el cargo el 8 de mayo de 2018, según Mideplán.
Caso en cobro judicial
Luego de agotar el proceso interno de cobro, Planificación envió el caso de la exministra Sánchez al Ministerio de Hacienda, el 27 de setiembre del 2018.
Tres días después, el Departamento de Cobros Judiciales de esa cartera presentó una demanda de recuperación de las sumas pagadas de más ante el Juzgado Especializado de Cobro, donde aún se ventila el asunto.
Hacienda aclaró que, por tratarse de sumas giradas de más, no procede el cobro del interés del 6% anual que Mideplán planteó a la exjerarca en el arreglo de pago.
Sánchez recibió un total de ¢28.223.290,92 en un periodo de tres años por concepto de un plus conocido como prohibición.
La exministra es socióloga y tiene un doctorado en Economía. Sin embargo, no cumplía el requisito de estar incorporada al Colegio de Profesionales en Sociología, ni al de Ciencias Económicas.
Según la Procuraduría General de la República, para pagar prohibición es indispensable que el funcionario esté incorporado a su respectivo colegio profesional en los casos en que es obligatorio para ejercer.
Cada mes, ella percibió ¢778.000, un poco más de los ¢660.770,12 mensuales que le ofreció el Mideplán en el acuerdo de pago.
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Según declaraciones dadas en el Teatro Nacional, luego de la presentación del Plan Nacional de Desarrollo, Sánchez dijo que no logró un acuerdo con Mideplán porque su caso amerita un trato diferente.
"Ahí hay una condición diferente que no fue analizada en mi caso y, por eso, es importante que esto sea una instancia judicial que lo resuelva porque mi caso era absolutamente distinto al del resto de las personas” que recibieron sobresueldo y reintegraron el dinero al Estado, añadió Sánchez.
"Yo lucho porque haya una justicia. Lo importante es que se aclare que ante una situación que yo no provoqué, que fue absolutamente ajena a mi voluntad y que me ofrecieron y me dijeron que esa era la condición que yo tenía, yo renuncié a un derecho que equivalía en términos cuantitativos al salario que se me dio”, señaló en ese entonces la exministra.