El exjuez constitucional, quien dice sentirse arrepentido de haber emitido la resolución judicial que permitió la reelección de Ortega en el 2009, afirma que la división de poderes se redujo drásticamente en Nicaragua desde que, el 18 de abril, estallaron las protestas contra el régimen que suman 325 muertos.

Sostuvo que el Poder Judicial no escapa al cerco lanzado por la pareja presidencial contra los opositores.

“Hasta ahora no siento que exista una complicidad activa al menos de parte del Poder Judicial, de los magistrados. Estos son juicios políticos que se están llevando desde la Presidencia de la República, desde la Fiscalía. Cada juez puede o no dictar la sentencia que corresponda, los tribunales de apelaciones pueden reformarla, aquí no se ha terminado”, dijo Solís a La Nación.

“Son juicios políticos. ¿Por qué son juicios políticos? Porque lo que hubo fue una situación del orden político, efectivamente hubo una rebelión de la población y el juicio político entonces te lleva o ha llevado en la historia de Nicaragua a distintos soluciones", explicó el magistrado.

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Añadió que el Poder Judicial siguió la línea tirada por el presidente Daniel Ortega y por la vicepresidenta Rosario Murillo, según la cual las protestas fueron parte de un plan para dar un golpe de Estado, versión a la que el exmagistrado Solís no le da credibilidad.

“Yo no tuve y tampoco la Corte reuniones con el presidente sobre estas situaciones. Es obvio que el caso de los juicios a los presos políticos sí había una serie de acusaciones de terrorismo hasta de los tranques y una serie de hechos fueron calificados como delitos por distintos jueces, algunos pudieron serlo porque hubo muertos del lado sandinista y de la policía”.

“Es cierto que la mayoría de los muertos fueron del otro lado, pero también fueron de este y está pendiente la investigación de la mayoría de los muertos de este sector, pero digamos que lo que prevaleció fue una percepción política que había un golpe de Estado y que había que cerrar filas a favor del Frente Sandinista”, declaró.

Adujo que, si le hubiese tocado juzgar en alzada una sentencia contra un opositor político, es posible que hubiese fallado en contra de la línea del gobierno y que esto le habría acarreado consecuencias.

Solís dice que antes de abril, mientras él era magistrado claramente sandinista dentro de la Corte, no vio signos de que Nicaragua se encaminara hacia una dictadura y añade que el espíritu de la reelección de Ortega, que él aprobó, no era para que el gobernante sandinista y su partido se perpetuaran en el poder.

Libertades eliminadas

Ahora, dice que, mediante disposiciones gubernamentales, el régimen ha eliminado libertades constitucionales, como el derecho a hacer manifestaciones públicas y la libertad de prensa.

“No puedo ser absoluto en cuanto al derecho de libertad expresión, pero algunos periodistas están en el exilio, otros detenidos, uno muerto. La libertad de prensa está funcionando al mínimo en Nicaragua, no es una derecho que exista”, expuso.

Nicaragua vive en la actualidad una crisis política iniciada en abril, cuando estudiantes universitarios encabezaron protestas ciudadanas contra una reforma a la seguridad social dictada por Ortega.

Luego, las protestas se transformaron en una demanda de salida del mandatario, en el poder desde el 2007, debido a la represión policial hacia los manifestantes.

La crisis deja 325 muertes, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Una vez que el gobierno de Ortega levantó los bloqueos de manifestantes en carretera, la policía, apoyado de fuerzas parapoliciales, inició la captura de líderes y participantes de protestas, a quienes se han enjuiciado y condenado. Estos son los juicios que el magistrado Solís denuncia como políticos.

Al 30 de noviembre del 2018 la CIDH calculó en al menos 300 personas el número de detenidos por participar en protestas.

No obstante, organismos locales como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la cifra de presos que la oposición llama políticos, superan los 600.

En su carta de renuncia, el exmagistrado denunció la existencia de “una dictadura" y "un estado de terror” en Nicaragua.

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Ante consulta de La Nación, sostuvo que envió su carta de dimisión a Ortega por razones políticas y no por un intento de que esta no fuera efectiva, pues también se la hizo llegar al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras.

Hasta antes de su renuncia, Solís era considerado cercano a Ortega. Fue su padrino de bodas en Managua en 2005 y uno de los principales gestores de la reforma constitucional de 2009 que allanó el camino a la reelección de Ortega.

Temía encarcelamiento

De su renuncia, dijo que fue una decisión personal pensada durante los 9 meses de crisis, y niega que haya existido presión de por medio de países como Estados Unidos. “Esa es una campaña de redes sociales”, respondió a la pregunta si negoció algún beneficio con Estados Unidos para renunciar y luego, denunciar la represión en Nicaragua.

“(La renuncia) pensé hacerla dentro de Nicaragua, pero podría haber significado medidas (en mi contra) de naturaleza no sé si por lo menos carcelaria, encarcelamiento porque nadie lo había dicho entre nosotros dentro de las filas del sandinismo. Nadie había señalado el uso excesivo de la fuerza por parte de policía. Sí se había dicho por parte de organismos internacionales", dijo el magistrado.

En Nicaragua, le llamaban el operador político de Ortega dentro de la Corte. Ahora, Solís se autodescribe como “una persona de principios, he sido una persona de una educación con valores cristianos”.

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Solís Cerda no tiene problemas en decir que él era un magistrado sandinista.

“Seguía siendo magistrado, seguían siendo sandinista, aunque no ejercía digamos cargos políticos dentro del partido”, dijo.