Luis Salazar, exasesor legal de la Presidencia, se abstuvo de declarar, este miércoles, durante su comparecencia ante la comisión legislativa que investiga el decreto de creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), bajo el argumento de que hay una investigación abierta en la Fiscalía General de la República en la que él figura como investigado.

Salazar fue convocado a declarar porque se le reconoce como el responsable de haber redactado y preparado el decreto ejecutivo publicado el lunes 17 de febrero en La Gaceta y derogado el 21 de ese mes, el cual establecía que la UPAD tendría acceso a datos confidenciales de los habitantes en manos de las instituciones públicas.

Pese a la indicación del abogado de que se abstendría de responder cualquier consulta respecto a la UPAD, los miembros del panel investigador le lanzaron, uno por uno, las consultas que le tenían preparadas a Salazar.

“En virtud del proceso judicial que está abierto y por respeto a ese proceso, además de las recomendación de mi abogado defensor, voy a abstenerme a dar respuesta”, dijo el exasesor.

La única respuesta que dio Salazar fue ante consultas del presidente interino de la Comisión Investigadora, el independiente Jonathan Prendas, sobre la fecha en que se incorporó al Colegio de Abogados, que fue en el 2017.

Igualmente, respondió que empezó a laborar en la Casa Presidencial, como asistente legal en la Casa Presidencial en el 2015. Sobre sus labores en ese periodo, Salazar dijo que mientras fue asistente de la Dirección Jurídica en Zapote acompañaba los procesos legales de los abogados de ese órgano.

Los cuestionamientos del legislador fabricista se centraron en confirmar la vinculación del exasesor legal con la creación de la UPAD.

“¿Usted fue el que lo redactó? ¿Es usted, entonces, un abogado que hace torpezas? ¿Se cree un abogado torpe?”, dijo el fabricista, pero la respuesta a las preguntas fue la misma, la abstención.

Tampoco le respondió a la liberacionista Ana Lucía Delgado, quien le preguntó sobre las funciones de Salazar en el Grupo de Asesores Legales de la Presidencia (GALP), pues según el departamento de Recursos Humanos de la Presidencia, entre sus funciones estaba hacer la revisión final de todos los decretos que firmara el mandatario.

La liberacionista se centró en preguntarle sobre las responsabilidades que tenía Luis Salazar como parte del GALP y con funciones específicas en la revisión de decretos.

No obstante, el funcionario evitó también responder. Delgado también criticó que él y otros investigados por el caso UPAD lleguen al foro investigador a guardar silencio.

Polémica Carolina Hidalgo vs. Pedro Muñoz

Al final de la primera ronda de preguntas sin responder, hubo una polémica entre la diputada Carolina Hidalgo del Partido Acción Ciudadana (PAC) y Pedro Muñoz, de la Unidad Social Cristiana (PUSC).

Cuando la oficialista usó la palabra, no lo hizo para preguntar, sino para leer varias sentencias de la Sala Constitucional sobre el derecho constitucional, también contemplado en el Reglamento legislativo, en particular la 406-94, en particular al derecho de abstenerse sin que eso signifique “presunción de culpabilidad”.

Más tarde, cuando le tocó a Muñoz el turno de su interrogatorio, dijo que él cree “fielmente en el derecho de defensa” y que, como abogado, habría recomendado exactamente lo mismo. Adujo que no le preguntaría a Salazar sobre el pasado, sino sobre la situación presente del funcionario.

“Usted tiene muy buen abogado (Erick Gatgens, quien fue compañero de Muñoz en la universidad) como para que yo le dé una clase de Derecho, como pretende darnos doña Carolina Hidalgo. Ahorita yo le voy a dar una clasecita de Derecho, pero no a usted, sino a doña Carolina”, dijo el socialcristiano.

Luego de que Muñoz preguntó al funcionario, sin éxito, Hidalgo lo encaró y le preguntó si él pretendía aleccionarla cuando dijo que le iba a dar una clasecita de Derecho.

“Pensaba, pretendía contradecirla públicamente, porque me parece que sus apreciaciones jurídicas no solamente eran incorrectas, lo cual mantengo total y absolutamente, sino que pretendían confundir a las compañeras y compañeros y al señor que está atestiguando. Sí lo siento, lo pienso y lo mantengo”, dijo Muñoz.

Entonces, se dio un polémico diálogo entre ambos:

Hidalgo: Entonces afirma que pretendía aleccionarme.

Muñoz: Sí.

Hidalgo: Muchas gracias por esa afirmación. Lo lamento mucho, porque es muy común en una cultura en la que los hombres, constantemente, pretenden aleccionarnos sobre distintos temas. A diferencia de usted, yo estaba leyendo la literalidad de al menos tres sentencias de la Sala Constitucional.

"Entonces, si yo estoy equivocada, los y las magistradas también lo estaban. En todo caso, yo nunca pretendí decir que mis criterios, en este caso los de la Sala Constitucional eran los únicos, sino que simplemente los compartía. A diferencia de usted, que pretendía imponerme sus criterios.

“Lamento profundamente que usted considere que un compañero diputado tiene mayor valor que otra u otro en razón de la profesión o de la interpretación de criterios. Al igual que usted, yo también soy abogada y entiendo la importancia de aportar jurisprudencia a esta comisión”.

Muñoz: “Si usted fuera un hombre, le habría hecho el mismo planteamiento. Aquí nada tiene que ver el género. No tratemos de que las pavas le tiren a las escopetas. Sabemos que el PAC se especializa en hacer las cosas que parecen buenas ver mal y las cosas malas parecen ver bien”.

“Tenemos un debate de tú a tú y esto mismo que le dije a usted, se lo hubiera dicho a un hombre. El hecho de que haya una compañera diputada o diputado que sostenga una posición, eso no va a hacer cambiar mi punto de vista ni ajustar el debate. Considero que los planteamientos que hizo jurídicamente están equivocados, porque no se aplicaban a la situación específica”.

Entonces, Hidalgo le dijo que un ejemplo de que él había hecho una referencia por género, y recordó que cuando Muñoz habló del defensor de Luis Salazar, le sobraron adjetivos en positivo, pero que al referirse a ella, también abogada, usó adjetivos en negativo para “aleccionar”.

“Sí hay una diferenciación cuando usted hace referencia a un abogado, compañero, en referencia a una abogada”, dijo.

Muñoz respondió que tampoco habría tenido ningún problema en usar calificativos positivos, “como tampoco tengo problema en decirle que usted estaba equivocada jurídicamente”.

En la polémica terció Ivonne Acuña, del bloque Nueva República, quien dijo que no se valía desviar la atención de la investigación sobre la UPAD “por un tema que bien podríamos discutir en otro escenario”.

“Compañera diputada, con el respeto que se merece y el cariño que le tengo, no se vale que utilicemos un tema que nos ha costado tantísimo, Caro, tantísimo, para desviar la atención de algo que nos trae hoy día aquí”, dijo la fabricista.

Prendas, quien presidió el foro este miércoles, dijo que pedía a los legisladores “circunscribirse al tema” y “no desviar con cortinas de humo cualquier otro factor”.

“Les pido a los compañeros circunscribirse al debate técnico, de prueba documental y jurídico que nos atañe, y no estar en aspectos de género, que no creo que vengan al caso. Todos somos mayores de edad y maduros, como para saber cuándo hay una disonancia en los argumentos que uno tiene del otro, simplemente fue esa la intención de unos y otros, espero que se mantenga en esa sintonía”, dijo Prendas.

El tema cerró con una declaración de Hidalgo para decir que solamente había hecho referencia a jurisprudencia y que “otros compañeros” fueron los que hicieron referencias peyorativas.

Nuevas audiencias

Al cierre de la sesión, se aprobaron nuevas audiencias para la Comisión de la UPAD. El foro aprobó una moción de Rodolfo Peña, del PUSC, para traer en audiencia a los cinco funcionarios del centro de llamadas que hacían sondeos de opinión en la Casa Presidencial, así como a la ministra de Presidencia a. í., Silvia Lara Povedano.

También se aprobó recibir en audiencia a Ivania García Cascante, jefa de despacho de la ministra de Planificación, Pilar Garrido; y al jefe de la Unidad de Reforma Institucional del Mideplán, Jorge Ortega Vindas.