Estos son los principales puntos del proyecto fiscal que los diputados acordaron tramitar por la vía rápida, el cual el gobierno estima que genería unos ¢660.000 millones anuales, mientras el déficit en las finanzas públicas asciende actualmente los ¢2 billones:
Se transformaría el tributo de ventas en un impuesto sobre el valor agregado (IVA), con lo que el Gobierno gravaría numerosos servicios que hoy están exentos.
El Ejecutivo impondría una la tasa del 13% a servicios como los informáticos, los de abogados, los gimnasios, espectáculos, streaming (como Netflix y Spotify), alquileres superiores a ¢425.000 mensuales, electricidad (para quienes consuman más de 250 kilovatios hora al mes), transporte (excepto el servicio público), juegos de azar y exposiciones comerciales.
Además, propone una tasa reducida del 4% para la educación y la salud privadas, así como para los libros en todos sus formatos, los boletos aéreos, la compra de empaques y embalajes y sus materias primas, así como equipo y maquinaria (excepto si hay una exoneración expresa) y los servicios para la producción agropecuaria y agroindustrial.
Al resto de bienes, en general, se mantendría el actual impuesto del 13%, manteniendo las exoneraciones vigentes.
El plan propone, además, establecer un tope de ¢5,4 millones en los salarios de los funcionarios públicos y los jerarcas de los poderes del Estado y de la Administración Pública. El equivalente a 18 salarios mínimos mensuales para la categoría laboral de menor ingreso en el sector privado.
De igual forma, plantea cobrar un tributo de un 15% —con algunas excepciones—, a las ganancias de capital, es decir, a las utilidades que generen la venta de activos, bonos o bienes inmuebles, así como la repartición de dividendos.
Impone también un tope del 2,54% al plus conocido como anualidad para los empleados nuevos en el sector público. Ese porcentaje se pagaría sobre el salario base, por cada año laborado. En la actualidad, ese incentivo rebasa el 5% en algunas entidades.
