La fiscala general y la ministra de Condición de la Mujer, Emilia Navas y Patricia Mora, advirtieron de problemas en el proyecto de ley de Justicia Restaurativa, el cual pretende institucionalizar un programa que ya ejecuta el Poder Judicial, el cual permite que ciertos ofensores primerizos ejecuten planes restaurativos en vez de recibir condenas penales convencionales.
A las puertas de que se le dé la votación final en la Comisión Plena Primera de la Asamblea, Navas y Mora piden que la iniciativa se enmiende para evitar que se destinen recursos del Ministerio Público a dar terapia a los agresores de mujeres.
Con el proyecto, en lugar de las penas, los imputados podrían ofrecer trabajo comunal o someterse a terapias. La idea es que acepten compensar los hechos con medidas económicas, comunales, socioeducativas o terapéuticas.
El proyecto está listo para recibir segundo debate, pero las solicitudes de Navas y Mora requerirían que se envíe de regreso a la comisión de Seguridad y Narcotráfico, para ser modificado.
En específico, las funcionarias piden que se eliminen varios incisos que ordenan la creación de una Unidad de Atención en Justicia Restaurativa en la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público, la cual tendría a su cargo la atención de las mujeres agredidas.
Tal unidad, según el proyecto, brindaría servicios en atención de masculinidad, "para las personas ofensoras usuarias de justicia restaurativa, a fin de que se puedan establecer, en los acuerdos restaurativos, condiciones socioeducativas para el abordaje de las causas y detonantes en los delitos de penalización de la violencia contra la mujer".
Al respecto, Mora dijo: "Es una oficina cuyo propósito es el de atender a las víctimas que han sido agredidas y que cuenta con recursos limitados, esto se debió a un error legislativo e incumple claramente lo que el Estado costarricense ha firmado en cuando a instrumentos internacionales, puesto que estaría distrayendo recursos escasos".
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Por su parte, la fiscala general sostuvo que el proyecto es contradictorio porque, por un lado, excluye de la posibilidad de la justicia restaurativa a los agresores sexuales, de mujeres y domésticos, pero, por otra parte, exige que la oficina de Atención de la Víctima les dé tratamiento.
En una carta que envió a los jefes de las fracciones legislativas, la ministra y presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) pide que se devuelva el proyecto a la comisión dictaminadora para eliminar esa disposición, contenida en el artículo 55.
Navas, por su parte, se reunió con los miembros de la comisión plena primera y les entregó un documento en la que les sugiere una redacción alternativa, en la que se elimina lo referente a los equipos psicosociales especializados en género y la atención en masculinidad.
Sala III pide apresurar votación
Al mismo tiempo, Doris Arias, magistrada presidenta de la Sala III y promotora del proyecto, pide a los diputados que se proceda de una vez con el segundo debate.
"Este delito obliga a que también trabajemos con el imputado, para prevenir que lo sigan haciendo, porque gran cantidad de desestimaciones se dan porque las personas quitan las denuncias y luego las vuelven a poner. ¿Por qué las vuelven a poner? Porque no se trabajó con el imputado. En realidad lo que se busca es que trabajemos con los imputados para que ellos no vuelvan a cometer el delito", explicó Arias.
La magistrada, además, sostiene que las preocupaciones son infundadas debido a que el proyecto deja las medidas restaurativas fuera del alcance los agresores domésticos y de mujeres.
"Quedan excluidos de la aplicación del procedimiento de justicia restaurativa los delitos de carácter sexual, los delitos sancionados en la Ley N.° 8589, Penalización de la Violencia contra las Mujeres, de 25 de abril de 2007, excepto aquellos de carácter patrimonial, cuando no exista violencia contra las personas y aquellos originados en situaciones de violencia doméstica o intrafamiliar contenidos en el Código Penal", dice el texto vigente.
Arias señaló que, de hecho, el inciso b del artículo 55 quedó redactado en la forma que sugirieron en febrero la expresidenta Ana Helena Chacón y la expresidenta del Inamu, Alejandra Mora.
De acuerdo con Arias, el Departamento de Planificación del Poder Judicial estima que la aprobación de la ley generaría ahorros a futuro por ¢4.600 millones (aunque la iniciativa también contempla que se presupuesten recursos adicionales para ejecutarse).
Michael Soto, ministro de Seguridad, también apoya la aprobación del proyecto. El jerarca visitó este jueves la Comisión de Seguridad y mencionó que la iniciativa es prioritaria para su institución.
La Corte estima, además, que el plan piloto de Justicia Restaurativa (que actualmente cuenta con cinco equipos en materia penal y seis en materia penal juvenil) ya ha generado una reducción del 51% en los casos abiertos en el Juzgado Penal Juvenil de Pococí, y de 43% Juzgado Penal Juvenil de Cartago.
La fiscala Navas también cree que el proyecto pondría en riesgo la independencia de la oficina de Atención de la Víctima del Ministerio Público, pues establece que el ente rector de la justicia restaurativa, dependiente de los magistrados, podría disponer de personal de la Fiscalía.
Diputados sopesan opciones
Serán los diputados de la comisión plena primera los que decidan si votan el proyecto en segundo debate o lo devuelven a la comisión dictaminadora.
El diputado de Restauración Nacional, Eduardo Cruickshank, presidente del foro legislativo pleno, indicó de que el proyecto requiere que se le hagan dos ajustes de redacción antes de ser votado.
Roberto Thompson, legislador de ese foro, informó además de que la comisión decidió sesionar de manera extraordinaria el próximo lunes, para decidir cómo proceden.
"La inquietud que existe con respecto al tema es que, al devolverlo a comisión, se abriría la posibilidad de que no solo las observaciones de doña Emilia (Navas) se incluyan, si no que cualquier diputado podría presentar mociones y eso podría retrasar su aprobación", dijo Thompson.
Este jueves, la diputada Zoila Rosa Volio, del Partido Integración Nacional (PIN), presentó una moción para que el proyecto de ley se trasladara de la comisión plena al plenario, para que se le diera ahí el segundo debate. No obstante, solo la apoyaron los tres legisladores del PIN. Los otros 40 diputados presentes la rechazaron.