Angie Ortega, directora de Comunicación del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), afirmó que el millonario contrato de publicidad de la institución con la agencia del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) se llevó a cabo por recomendación de la Presidencia de la República.
Ortega hizo esta aseveración durante la sesión de la Junta Directiva del Instituto el 7 de febrero del 2023, día en que los directivos aprobaron la contratación, y lo reiteró la noche de este lunes en la comisión legislativa especial que investiga presuntas irregularidades y manejos políticos en los contratos de publicidad del Sinart.
“El proceso de contratación realmente se da a partir de una recomendación hecha por la Presidencia de la República al anterior presidente ejecutivo del AyA (Roberto Guzmán), donde se recomienda la contratación del Sinart y los servicios que ofrece”, afirmó en aquella oportunidad, ante los directivos, Ortega.
Utilizando un estudio de mercado de una página y un párrafo, la Junta Directiva del AyA aprobó un contrato de ¢2.313 millones al Sinart, de forma directa y sin concurso, en vez de realizar una licitación pública con agencias de publicidad para obtener la mejor oferta.
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La adjudicación fue aprobada por la Junta Directiva el mismo día en que la directora de Comunicación explicó sobre la contratación, la cual aplicaba para toda la colocación de la publicidad del AyA en medios, así como la producción audiovisual, durante cuatro años.
En la comisión legislativa, donde la diputada liberacionista Andrea Álvarez reveló el acta, Ortega reiteró lo dicho en la sesión de Junta Directiva.
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Explicó que mientras Roberto Guzmán fungía como presidente ejecutivo, en el 2022, ella expuso la necesidad de contratar una agencia que ayudara a medir la efectividad de las campañas del AyA, lo cual, según afirma, no existía entonces.
Fue cuando Guzmán le recomendó valorar la agencia del Sinart, añadiendo que en la Presidencia de la República le plantearon hacer la evaluación, según Ortega. La directora de Comunicación agregó que, tras la sugerencia, procedió a solicitar una oferta al Sinart.
Ortega se abstuvo de opinar sobre si era apropiado que la Presidencia recomendara la contratación de una agencia específica, argumentando que se trata de un supuesto. “Realmente no me corresponde decir si el presidente de la República debe o no hacer algo así, o si lo hizo o no”, justificó ante consultas de la diputada Dinorah Barquero, del Partido Liberación Nacional (PLN).
Ortega afirmó que el contrato se estableció por un año, con un monto de ¢578 millones, con la posibilidad de prorrogarse por tres años adicionales.
Sin embargo, ante la Junta Directiva, Ortega señaló que la proyección de la solicitud es para cuatro años, con un presupuesto de ¢2.313 millones, distribuidos en 4 años, a ¢578 millones por año.
Explicó que el contrato está actualmente suspendido debido a que se inició una investigación administrativa en el AyA, como consecuencia de los problemas presupuestarios de Sinart que impidieron continuar brindando el servicio.
Por otra parte, los diputados Barquero, Ariel Robles, del Frente Amplio (FA); y Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); criticaron la falta de un informe técnico que respaldara la contratación.
Ortega insistió en que el estudio de una página y un párrafo era el resumen de un estudio de mercado que conlleva un análisis numérico. Ese estudio lo realizó, según dijo Ortega, la exdirectora de comunicación Nora Valerio.
“Lo cierto es que ese criterio técnico es esa hoja y un párrafo”, señaló Castro.