Los diputados recurrieron a un portillo para postergar la aplicación de la guillotina legislativa a los proyectos de la agenda del Fondo Monetario Internacional (FMI). La guillotina es la regla que obliga a dictaminar los proyectos de ley, o archivarlos, una vez que cumplen 120 días hábiles de trámite en las comisiones del Congreso.
Para principios de noviembre, ya había vencido el plazo de discusión de todos los proyectos de equilibrio fiscal, los cuales llegaron a la Asamblea desde principios de año. Sin embargo, los legisladores encontraron una forma de postergar las votaciones y, a la fecha, solo dos textos han sido dictaminados: eliminación de exoneraciones fiscales, que fue rechazado; y reforma al impuesto sobre casas de lujo, que fue aprobado.
El portillo es un vacío en el artículo 80 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Este numeral dice que, cumplido el plazo de 180 días, los diputados ya no pueden presentar más mociones de fondo y deben votar sin discusión las que estén pendientes; en la siguiente sesión, tienen que dictaminar con un mínimo debate. No obstante, la regla no dice nada sobre las mociones de orden, argumentaron los congresistas.
Para ello, se apoyaron en una respuesta enviada por el departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, la cual señaló que existe un vacío sobre si se pueden presentar y aprobar mociones de orden en esa etapa.
La diferencia entre mociones de fondo y de orden es que las primeras son propuestas para cambiar el texto de un proyecto de ley, mientras que las segundas pueden proponer consultas a instituciones, o bien, sesiones para recibir en audiencia a actores que puedan hablar sobre el proyecto.
La guillotina establecida en el artículo 80 del Reglamento impide que se presenten mociones de fondo, una vez cumplido el plazo, pero no prohíbe la introducción de mociones de orden.
Así, mediante consultas o audiencias, los diputados han postergado el dictamen del proyecto de renta global dual, cuyo plazo en comisión venció desde el 18 de octubre.
La presidenta de la Comisión de Hacendarios, Ana Lucía Delgado, argumentó sobre la vía utilizada: “El criterio de Técnicos dispone, bajo interpretación, que solo se refiere a mociones de orden y bajo el supuesto de que la mayoría requiera alguna audiencia para contar con mayores elementos sobre un proyecto”.
Ella agregó que las audiencias dependen de las voluntad de la mayoría de miembros de las comisiones.
De los planes del FMI, sigue sin ser dictaminados los de renta global, aporte de empresas estatales a la reducción de la deuda pública, impuesto a los premios de la lotería y congelamiento de plazas. No obstante, estos dos últimos no han sido convocados por el Gobierno en la agenda del Congreso.
El plan de reducción de exoneraciones fiscales, cuyo plazo había vencido desde el 16 de setiembre, fue dictaminado negativamente el 23 de noviembre. Durante los más de dos meses de prórroga, se produjo un incidente que evidenció la discusión sobre el portillo de la guillotina.
Cuando la presidenta del foro, la liberacionista Franggi Nicolás, presentó una moción para recibir en audiencia a representantes del Banco Popular, el socialcristiano Pedro Muñoz presentó casi 40 mociones de consultas que habrían atrasado sensiblemente el avance de la iniciativa.
No obstante, en la sesión del martes 9 de noviembre, el socialcristiano explicó que con esas mociones suyas y cualquier otra audiencia, los diputados le estaban pasando por encima al espíritu del artículo 80, “que busca que haya guillotina, pero nosotros estamos buscando abrir espacio para audiencias, cuando el Reglamento no fue hecho de esa manera”.
“La única manera de combatir un subterfugio es con otro subterfugio y por eso es que estoy presentando esas otras mociones, pero mi mejor voluntad es retirar las mías, si se retira esta que estamos conociendo”, advirtió Muñoz.
Al final, efectivamente el socialcristiano retiró las 46 mociones de audiencias que había presentado, más sus respectivas mociones de revisión (que también son de orden), que habría significado 92 mociones en total.
La diputada Yorleny León, de Liberación Nacional (PLN), duda de la interpretación que sus compañeros le han dado al uso de las mociones de orden, por lo que ella planteó una consulta adicional a Servicios Técnicos y está a la espera de la respuesta.
Consultada por La Nación, Franggi Nicolás respondió que “guillotina es guillotina, porque el artículo 80 es clarísimo en que, cumplido el plazo, solo queda tomar la decisión de archivar o enviar al plenario, sin margen de más cosas”.
“Para asombro de todos nosotros cayó un criterio de Servicios Técnicos que es totalmente contradictorio con las disposiciones del artículo 80. Íbamos, por acuerdo de los diputados y asesores, salvo don Pedro Muñoz que no estuvo de acuerdo; nos íbamos a acoger a ese criterio únicamente para ver una moción muy puntual sobre el Banco Popular”, comentó la liberacionista.
Nicolás agregó que, finalmente, los miembros de Jurídicos acordaron cancelar la audiencia con el Popular para no abrir un precedente y que “en futuros proyectos se sigan los diputados agarrando de eso para que nunca se aplique la guillotina, porque se puede presentar un carretillo de mociones y postergar una decisión”.
Pedro Muñoz, del PUSC, dijo que la guillotina se debe cumplir a rajatabla y adujo que, para demostrar el riesgo del portillo que atrase proyectos, había presentado 46 mociones de audiencia que podrían bloquear un proyecto como el de exoneraciones. Foto: Captura.
