PLN se une a José María Villalta y Paola Vega para enterrar proyecto de agenda acordada con FMI

Con seis votos a favor y dos en contra, la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa dictaminó negativamente, este martes, el proyecto de reducción de exoneraciones fiscales que forma parte de la agenda de ajuste fiscal acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Rechazaron el proyecto dos liberacionistas, Franggi Nicolás y Jorge Fonseca, así como Villalta, Vega, el socialcristiano Pedro Muñoz y la restauracionista Mileydi Alvarado.

A favor votaron la diputada Carolina Hidalgo, del Partido Acción Ciudadana (PAC); y el liberacionista Wagner Jiménez, quien votó diferente a sus compañeros de fracción.

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Aunque el expediente tiene opciones de pasar al plenario con un informe negativo de mayoría y un afirmativo de minoría, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, adelantó que el Gobierno plantearía una nueva iniciativa a más tardar el miércoles de esta semana.

Esta nueva versión incorporaría el cobro del impuesto de renta a los salarios escolares que superen ¢1 millón, en vez de ¢842.000.

“Aquellos salarios escolares por debajo de ese monto seguirían exonerados del pago del impuesto sobre la renta”, dijo el ministro.

La finalidad del replanteamiento, añadió Villegas, es hacer viable el proyecto que, además, aumentaría la tarifa del impuesto de remesas al exterior y ajustaría el de rentas de capital.

El rendimiento de este proyecto era de 0,43% del producto interno bruto (PIB) anual, es decir, ¢177.792 millones si se toma en cuenta el tamaño de la economía del próximo año.

Por el salario escolar, el rendimiento esperado era del 0,12% del PIB, o bien ¢49.600 millones.

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¿Por qué fue planteado el proyecto?

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Los funcionarios públicos reciben 14 salarios al año: uno por cada mes, el aguinaldo y el salario escolar. El resto de trabajadores recibe 13 remuneraciones: una por cada mes y el aguinaldo.

Sin embargo, los empleados estatales tienen dos exoneraciones del impuesto de renta, una sobre el décimo tercer salario y otra sobre el salario escolar, mientras los privados solo están exentos en el aguinaldo.

En consecuencia, los servidores públicos pagan impuesto de renta sobre el 86% de sus salarios y el resto lo hace sobre el 92%, pese a que, en el Estado, el 56% de los funcionarios gana por encima de los ¢842.000, monto a partir del cual se paga impuesto de renta, mientras que, a nivel de todos los asalariados del país, solo el 18% supera esa cifra.

El salario escolar es parte del sueldo ordinario de los funcionarios, según ha sentenciado la Sala IV. No es un ahorro ni un bono. Existe porque, durante el gobierno de José María Figueres Olsen (1994-1998), el Poder Ejecutivo no pudo pagar un aumento salarial y decidió compensarlo como un salario más en el mes de enero.

Posteriormente, en el 2008, la Asamblea Legislativa introdujo la exoneración en la Ley de Impuesto sobre la Renta.

Por eso, el gobierno de Carlos Alvarado propuso eliminar este beneficio fiscal dentro del acuerdo con el FMI para recaudar ¢49.600 millones adicionales.

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La diputada Carolina Hidalgo, del PAC, lamentó el rechazo del proyecto por las implicaciones fiscales que traería.

“El salario escolar hoy está exento del pago de impuesto de renta, lo cual genera una desigualdad entre sector público y sector privado. El proyecto buscaba resolver esa desigualdad. Desgraciadamente, a pesar de tener oportunidad de mejora, de aportar y sumar a estos proyectos de ley, decidieron archivarlo”, se quejó.

Nicolás y Vega evitaron responder cuál era la lógica de excluir primero del proyecto al salario escolar, como ocurrió hace una semana, para finalmente rechazarlo.

Jorge Fonseca, del PLN, negó que haya hecho alianzas con Villalta y Vega para rechazar el proyecto.

“Fui el único que, desde la semana pasada, manifesté mi intención de voto; ellos fueron los que se unieron a mi criterio. Ahora, el plan es un cascarón del rendimiento esperado, si acaso ahora genera un tercio de lo estimado”, aseguró el verdiblanco.

Por su parte, José María Villalta afirmó que, aunque se aprobaron mociones para eliminar unos artículos, “el balance que hicimos en mi despacho es que el proyecto no es viable, sobre todo por la falta de voluntad política del Poder Ejecutivo para construir acuerdos que se puedan mantener en el plenario”.

“Es un parche y nosotros creemos que se debe contar con una propuesta más integral en todo lo relacionado con las rentas, rentas de capital y al salario”, justificó Villalta.