Diputados señalan a exministros ante Fiscalía por supuestos delitos en manejo de bonos Proteger

Los diputados de la Comisión para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos solicitaron al Ministerio Público investigar a los exministros Geannina Dinarte, de Trabajo, y Juan Luis Bermúdez, de Bienestar Social, por delitos supuestamente cometidos en la administración de los bonos Proteger.

Entre las presuntas conductas delictivas que los legisladores les atribuyen a los exjerarcas están el incumplimiento de deberes y la facilitación culposa de substracciones, en el ejercicio de su cargo.

Los congresistas de ese órgano parlamentario también pidieron a la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) que determinen si las actuaciones de Dinarte y Bermúdez constituyeron faltas a la ética, al deber de probidad e incumplimiento de deberes.

Así lo acordaron los diputados cuando aprobaron el informe de la investigación sobre la administración y entrega de los bonos Proteger, instrumento creado durante el año 2020, en la administración de Carlos Alvarado, para ayudar a familias afectadas por los nocivos efectos de la pandemia de covid-19.

Ese informe, aprobado esta semana en el foro investigador de la Asamblea Legislativa, se remitirá con copia fiel del expediente al Ministerio Público, a la PEP y a la Contraloría General de la República, una vez que lo apruebe el plenario del Congreso.

El documento fue aprobado con el aval de Dinorah Barquero, de Liberación Nacional (PLN); Ada Acuña y Pilar Cisneros, de Progreso Social Democrático (PPSD); Fabricio Alvarado, de Nueva República (PNR), y Eliécer Feinzaig, del Liberal Progresista (PLP).

En tanto, Sofía Guillén, del Frente Amplio (FA), votó en contra porque aseguró que, si bien hay recomendaciones muy bien hechas, hay otras que no se pueden derivar de ninguna forma del proceso de investigación y no sabe de dónde salieron.

Por su parte, Ada Acuña criticó algunos aspectos del documento, pero sí lo aprobó. Además, dijo que faltó determinar qué va a pasar con los dineros del bono Proteger que se lograron recuperar y están en el Banco Popular.

Además de las peticiones que elevarán a la Fiscalía y a la Procuraduría Ética, el informe también solicita a la Contraloría General de la República que determine si las actuaciones de Dinarte y Bermúdez constituyen delitos en perjuicio de la hacienda pública.

Como parte de las conclusiones, los diputados afirmaron que se encontró la “eventual responsabilidad administrativa y política de los exjerarcas” de Trabajo y del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) de Carlos Alvarado en la mala asignación de los recursos limitados asignados al bono Proteger, así como una omisión y desidia en la rendición de cuentas ante la Contraloría.

“Se dieron filtraciones, errores de pago y del monto del beneficio, personas que calificaban para recibirlo y no lo obtuvieron, y otras que dejaron de percibirlo sin justificación, así como aquellas que no aplicaban para recibirlo y, aún así, se les depositó”, dice el informe.

Los diputados también creen que hubo negligencia institucional y lentitud conveniente del Ejecutivo, que restringió el acceso a la información relacionada con el proceso.

Ya para mediados del 2022, un informe de la auditoría interna del Ministerio de Trabajo concluyó que hubo omisiones y fallas en la gestión de los bonos, además de que se entregó el beneficio a 54.105 personas que no cumplían con los requisitos.

Personas recluidas en cárceles, menores de edad, fallecidas, gente que no necesitaba la ayuda o que ya recibía otros subsidios del Estado figuraron en esa lista.

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