La propuesta aprobada implica que los congresistas están haciendo un ahorro de ¢36.200 millones en la llamada deuda política, al introducir un transitorio en el Código Electoral, para reducir el aporte estatal.

La Constitución establece una contribución del 0,19% del producto interno bruto (PIB) del año trasanterior a las elecciones nacionales, para financiar a los partidos políticos que compitan por puestos de elección popular.

Ese 0,19% del PIB del 2020 equivale a ¢65.500 millones.

Sin embargo, el proyecto de ley impulsado por el liberacionista Gustavo Viales, luego de un acuerdo pactado por cuatro partidos políticos, implica una reducción del 0,19% del PIB al 0,085%.

Al reducir ese monto al 0,085% del PIB, la contribución estatal bajará a ¢29.300 millones.

Esa es la cantidad de dinero que dispondrán los partidos para la campaña nacional del 2022 y la municipal del 2024.

El expediente legal 22.177 tenía la intención original de reducir también el plazo en que los partidos pueden reconocer gastos de campaña, pero en su versión final no se logró consolidar esa intención, por decisión de los partidos políticos.

El proyecto se pudo aprobar en primer debate luego de que se tramitaron 132 mociones de fondo en el plenario, entre las que había algunas para reducir todavía más la deuda política, incluso al 0,05%, 0,06% y 0,07%, y otras para que la reducción fuese menor.

Por varias semanas, el acuerdo no se pudo consolidar, porque iban de la mano una reducción al 0,11%, tal como se ha hecho para las anteriores campañas electorales, y la reducción del plazo para comprobar gastos partidarios.

No obstante, solo prosperó la reducción del monto de la contribución estatal, con base en que para los procesos anteriores se hicieron gastos mucho menores que el monto autorizado.

Por ejemplo, para las nacionales del 2014 y las municipales del 2016, los partidos cobraron un 0,07% del PIB; en tanto, para los procesos del 2018 y 2020, apenas demostraron gastos por un 0,06% del PIB.

En lugar de haber optado por una reducción permanente de la contribución estatal, vía reforma constitucional, las fracciones parlamentarias se han dedicado, durante cada periodo legislativo, a hacer una reducción temporal.

Cambios a última hora

A raíz de las dudas lanzadas por diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) este miércoles, antes de la votación en primer debate, se aprobó una moción para modificar la redacción del último párrafo del transitorio XIII, con el fin de que se permita la prórroga de los nombramientos en órganos partidarios “con el único fin de atender prevenciones o subsanaciones” en la inscripción de candidatos a puestos de elección popular.

Esa prórroga solo aplicaría, según enfatizaron el jefe de la Unidad, Rodolfo Peña, y el liberacionista Gustavo Viales “en los casos en que los partidos no hayan iniciado su proceso de renovación de estructuras a la hora de inscribir candidaturas para el proceso electoral 2022″.

Incluso, Peña criticó, sin referirse directamente a ella, la posición que defendió la subjefa socialcristiana, Shirley Díaz, cuando alegó que obligar a la prórroga de los órganos partidarios “por la excusa de la pandemia” sería una dictadura de las autoridades de los partidos.

El guanacasteco negó que se permita ese tipo de dictadura en los partidos y criticó que, según él, no se le haya aplaudido a los diputados, desde los medios, el ahorro que aplicarían con el proyecto de ley.

El independiente Rodríguez Steller aseguró que votaba en contra porque “la democracia cuesta y es mejor que pague el Estado por la participación de los partidos políticos”.

También cuestionó que los partidos más grandes adopten esa decisión cuando esas son las agrupaciones que tradicionalmente no encuentran problemas para conseguir financiamiento para las campañas electorales. “No como uno, que es un limpio”, alegó Rodríguez.

El segundo debate quedó fijado, tal como anunció Eduardo Cruickshank, presidente legislativo, para el martes 8 de diciembre.