Aarón Sequeira. 6 septiembre
Enrique Sánchez, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), alegó que hubo errores en la calificación inicial. Fotos: Mayela López
Enrique Sánchez, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), alegó que hubo errores en la calificación inicial. Fotos: Mayela López

La Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa corrigió presuntos errores que cometieron los diputados en la etapa de calificación de los candidatos a magistrado propietario de la Sala Primera y recalificó a seis de ellos.

La decisión de los legisladores le permitirá a esos seis postulantes avanzar en el proceso de selección de la magistratura, que deberá hacer finalmente el plenario del Congreso.

Luego de reasignar las calificaciones, el Congreso publicó los seis nombres en medios de comunicación, para abrir el periodo de objeciones de parte de la ciudadanía, en caso de que haya que considerar algún reclamo pendiente.

Se trata de cuatro juezas y dos jueces, aspirantes a miembros de la Corte Suprema de Justicia.

Ellos son Alexandra Alvarado Paniagua, Yazmín Aragón Cambronero, José Rafael Fernández Quesada, Guadalupe Ortiz Mora, Luis Diego Ramírez González y Damaris Vargas Vásquez.

Alvarado, originalmente, tenía una nota de 64 y, con la revisión, llegó al 81; Aragón había obtenido un 63, y ahora tiene un 77, mientras que Fernández tenía una calificación de 69, y subió a 76.

En el caso de Ortiz, ascendió a un 80, luego de haber obtenido solamente un 55, en tanto que Ramírez pasó de 62 a 76.

Damaris Vargas, que era la mejor calificada en el proceso inicial, con un 71, subió solamente cuatro puntos, apenas para llegar a un 75 que la habilita para ir a entrevista con los diputados de Nombramientos.

Esa recalificación de los aspirantes a magistrado se dio luego de que, en una primera revisión de los atestados, ninguna persona alcanzara la nota mínima requerida para continuar a la siguiente fase del proceso.

Según comentó Enrique Sánchez, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), durante la etapa de apelaciones, se evidenciaron dos debilidades grandes que tenía la metodología.

La primera de ellas fue que se exigía a los candidatos haber cumplido con una determinada cantidad de horas para conseguir los puntos correspondientes a la especialización o diplomado.

“Eso era incorrecto porque, al igual que cualquier carrera universitaria, no se guiaba por horas, sino por un título obtenido. El problema es que los puntos no se estaban entregando correctamente, sino solamente si se aportaba un título”, dijo Sánchez.

El oficialista añadió que la segunda modificación que debieron hacer tenía que ver con la diferencia que se estaba generando entre quienes eran docentes en carreras acreditadas.

El problema en ese punto es que la acreditación es un logro de la universidad que ofrece la carrera y no de la persona postulante.

El congresista explicó que, al pedir un certificado sobre ese asunto, estaban pidiendo información que en realidad es pública y que la comisión podía certificar por su lado.

“Entonces, esos puntos que tampoco se estaban dando, se trasladó al requisito de docencia y todos los que cumplen con esa categoría, recibieron el puntaje”, indicó.

El presidente de Nombramientos, el liberacionista Luis Fernando Chacón, apuntó que no se les había tomado en cuenta, debidamente, las especialidades ni las maestrías a los candidatos.

“Valoramos con respecto a información del Sinaes (Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior) y, entonces, tomamos en cuenta cursos de 20 y 30 horas”, detalló.

Enrique Sánchez añadió que en algunos casos, los postulantes lograron aportar, durante la etapa de apelaciones, documentación que permitió evidenciar que hubo errores en la calificación original.

“Se hizo esta revisión de la metodología para aplicarlo a todos los que estaban en las mismas condiciones y no a solicitud de un postulante en particular, sino a los que podrían estar en las mismas condiciones. Por eso, se subió el puntaje del grupo total de participantes”, explicó el del PAC.

Según indicó Luis Fernando Chacón, después de la etapa de objeciones de la ciudadanía, se realizarán las entrevistas a los candidatos en el seno de Nombramientos, entre el 16 y el 23 de setiembre.

En el proceso de nombramiento de una magistratura propietaria de la Sala Primera no participa el diputado socialcristiano Rodolfo Peña, luego de que se reveló en los medios que él y Damaris Vargas fueron novios en el pasado.

Incluso después de ser cuestionado y de que surgiera evidencia documental en los medios de comunicación sobre la vinculación entre Peña y la candidata a alta jueza, el diputado mantuvo silencio por varios días, hasta que simplemente anunció que se apartaba del proceso, sin responder preguntas.

Aunque Peña no había tomado ninguna acción directa sobre el proceso, sí lo hizo su asesora en ese foro legislativo, al revisar los atestados de la expareja del socialcristiano.

Donde sí tomó parte el guanacasteco fue en el proceso en que también participa Damaris Vargas como postulante a magistrada suplente de ese mismo tribunal.

En lugar de Peña, tomó el lugar del PUSC en ese panel de nombramientos la jefa de la fracción, María Inés Solís.