El diputado Gustavo Viales, secretario general del Partido Liberación Nacional (PLN), anunció la presentación de un proyecto de ley que impediría que agrupaciones políticas condenadas judicialmente por estafa puedan acceder al financiamiento estatal para elecciones nacionales.

Así lo anunció el congresista, en su calidad de presidente de la comisión investigadora de las finanzas electorales del 2010 del Partido Acción Ciudadana (PAC), al presentar el informe final, este lunes, en la Asamblea Legislativa.

Aunque la propuesta aún no está presentada oficialmente en la Secretaría del Directorio y está en camino de preparación, según admitió Viales, seis miembros del foro investigador incluyeron una recomendación al plenario del Congreso para actuar en ese sentido.

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En la página 232 del informe se lee entre las recomendaciones: “Tramitar y aprobar iniciativas de ley electorales para asegurar la responsabilidad de los partidos políticos ante deudas y condenas en perjuicio del erario público, con el fin de que no queden sin cancelar”.

“Es para que partidos políticos condenados por estafa no puedan figurar en liquidaciones del TSE cuando tengan una deuda pendiente, así como ocurre hoy día con las deudas con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)”, indicó Viales.

Agregó que ya la legislación electoral impide el adelanto de financiamiento a partidos políticos cuando tienen deudas pendientes con la CCSS y dijo que lo mismo debe aplicarse en caso de estafas ya juzgadas en tribunales costarricenses.

Minutos después, en declaraciones a los medios de comunicación, el liberacionista aseguró que no se trata de un mecanismo para impedirle a una agrupación participar de las elecciones nacionales, sino homologar con lo que sucede con la Caja.

“Es decir, que los recursos que va a recibir de la deuda política se resguarden hasta que se pueda pagar el monto estafado. Si a un partido político le corresponden ¢1.000 millones de financiamiento estatal y se tiene comprobado que estafó ¢600 millones, ese monto se reserva hasta que pueda pagar”.

“Eso es lo que debe hacerse. En ningún momento se le está prohibiendo participar, solo es para que pueda pagar la deuda”, comentó.

El liberacionista agregó que ya quedaría en manos de la ciudadanía decidir si vota o no por una agrupación que se vio implicada en un juicio y condena por estafa al Estado, y que “además solicitó que con recursos de los costarricenses se pagara esa estafa”.

Diputada: ‘Es ponerse la soga al cuello’

Mientras tanto, en declaraciones a la prensa, la congresista Catalina Montero, del PAC, manifestó que en dos o tres semanas el Partido haría un primer pago por la condena de más de ¢800 millones que la justicia le impuso a la agrupación y a dos colaboradores, al encontrarlos culpables de estafar al TSE mediante el cobro de ¢516 millones en contratos falsos de servicios especiales.

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La legisladora herediana evitó calificar si es ético que un partido político implicado en una condena por estafa vaya a pedir el voto de los costarricenses.

“No hay ningún impedimento (...). Es que sabemos, para ir a la campaña, vamos a poder resolver parcial o totalmente esta deuda con el país”, dijo Montero, y agregó que aún no podría decir si el pago será total, por la situación económica que tiene el partido.

Agregó que, pese a eso, el partido se postula “porque estamos en un Estado de Derecho y eso es parte de nuestra democracia, que los partidos opten por presentar sus candidaturas”.

Montero agregó que impedir el acceso al financiamiento para partidos en esas condiciones es “ponerse una soga al cuello”, porque si en algún momento sale alguna otra agrupación implicada en una condena, se le cerraría el chance.

“En realidad la condena por estafa es a personas. El partido lo que tiene es una responsabilidad solidaria sobre esa estafa y es lo que se está tratando de honrar”, apuntó.