San José
Los diputados impulsan una reforma a la Ley de Migración y Extranjería para facilitar que los inmigrantes que se encuentran ilegales en el país regularicen su situación con mayor facilidad.
Carmen Muñoz, jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), indicó que la reforma a la normativa migratoria, que se aprobó en el 2005, creó fuertes multas y elevó los precios de los trámites que deben realizar los extranjeros para legalizarse.
Según la diputada, en la actualidad el trámite para que un extranjero obtenga la cédula de residencia asciende a ¢157.480 ($310), cuando el salario mínimo mensual de una trabajadora doméstica es de ¢152.588, lo cual se convierte en un obstáculo para que una persona en esas condiciones se legalice.
“El objetivo de la reforma a la normativa migratoria era facilitar que los extranjeros indocumentados legalizaran su situación en el país y eso no se ha logrado, en parte, por los altos costos que tienen los trámite para optar por ese estatus”, recalcó.
Costos a la baja. La iniciativa presentada a la corriente legislativa este miércoles fija en unos ¢100.000 ($200) el costo superior de los trámites migratorios y establece en poco más de ¢5.000 ($10) la multa por cada mes de estancia ilegal en el país, hasta el sexto mes, y de ¢12.700 ($25) a partir del sexto mes y hasta un año.
Además fija en ¢1.500 ($3) la multa por vencimiento del permiso para permanecer en el país.
Excepciones. José María Villalta, diputado del Partido Frente Amplio que también firmó el proyecto, agregó que la reforma establece varios casos en los que se podrá dar un trato preferencial a la persona migrante a la hora de pagar las tasas exigidas por las autoridades.
Entre estos casos están las personas adultas mayores, jefas de hogar en condición de vulnerabilidad y sus hijos.
“El proyecto es loable pues no solo permite a más extranjeros optar por normalizar su permanencia en el país, sino que, también, permitirá que instituciones como la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) tengan más ingresos al legalizarse la situación laboral de más personas”, estimó.
Carmen Muñoz aseguró que la reforma también traerá beneficios en el campo laboral. Esto porque, según la diputada, en la actualidad muchos patronos cometen abusos contra los trabajadores extranjeros por no estar legales en el país, principalmente, en el sector agrícola.
Gloria Bejarano, diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), destacó que la iniciativa fue propuesta por la “Mesa de Mujeres Migrantes y Refugiadas”, organización que atiende a la población extranjera en el país y que se dedicó durante los últimos tres años a negociar la presentación del plan.
Según datos de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y de la CCSS, citados en la exposición de motivos del plan, al 2012 se calculaba en 383.000 personas la población de extranjeros en el país.
Informaciones facilitadas por la Oficina de Planificación de la DGME a los diputados establecieron en 220.000 la cantidad de extranjeros que se legalizaron en el periodo 2006-2011, es decir, menos del 43% del total de extranjeros que, se calcula, viven en Costa Rica.