El plenario legislativo rechazó este martes la posibilidad de declarar la educación como un servicio esencial, en el que las huelgas son ilegales.
Durante el trámite final del proyecto de regulación de huelgas, los diputados rechazaron una moción del diputado Pedro Muñoz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) que pretendía devolver el servicio educativo a esa categoría.
Entonces, la educación continuaría en una categoría llamada servicio estratégico, en la que se permiten huelgas hasta por 21 días naturales consecutivos o 10 días discontinuos.
En la comisión especial de huelgas, las labores educativas fue incluido dentro de la lista de servicios esenciales.
Sin embargo, los diputados liberacionistas, Carlos Ricardo Benavides y Yorleny León, entablaron conversaciones con los sindicatos con la mediación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y con la participación del ministro de Trabajo, Steven Núñez.
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De ahí, salió un acuerdo de crear la categoría de servicio estratégico para la educación, el cual luego fue incorporado al proyecto mediante una moción.
El cambio en educación también estableció que, durante la huelga en educación, deberá mantenerse el personal necesario para que cada centro educativo permanezca abierto y en condiciones básicas de aseo y seguridad.
En el caso de educación especial, asimismo, deberán asegurarse la atención y la asistencia adecuadas por sus circunstancias especiales.
Asimismo, antes de las huelgas, los sindicatos y el patrono deberán definir previamente un plan de prestación de “servicios básicos” y se tendrá que escoger un funcionario responsable de supervisar cada centro educativo.
Si no hay acuerdo al respecto, el plan lo establecerá un Juzgado de Trabajo.
Adicionalmente, el funcionario que haya sido designado para las labores de supervisión y fiscalización del centro educativo podrá coordinar con la junta de educación o administrativa para que colaboren en la labor.
Posteriomente, se aprobó una moción que impide celebrar más de una huelga por un mismo motivo.
Esta regulación se produce luego de que, en el 2018, la huelga en educación se extendiera por 89 días.
Actualmente, los sindicatos de educación están de nuevo en huelga, con lo que superan los 100 días en el plazo de un año.
