La mayoría de fracciones legislativas insisten en investigar la presión del gobierno de Luis Guillermo Solís a la procuradora, Ana Lorena Brenes.
Pese a la renuncia de Daniel Soley como viceministro de la Presidencia, un número significativo de diputados expresaron ayer que el objetivo de la indagatoria no ha cambiado.
Soley visitó a la procuradora, el pasado martes, y le ofreció un puesto de embajadora, aunque la funcionaria está nombrada hasta mayo del 2016.
En su mayoría, los congresistas ratificaron su intención de convocar al ahora exviceministro, a Brenes y a Melvin Jiménez, ministro de la Presidencia, a la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público.
Firmes. “Don Daniel no actuó de motu proprio . Un viceministro no da ese paso sin órdenes superiores. Nosotros queremos y debemos llegar hasta la raíz, hasta la persona que dio las instrucciones”, aseguró el liberacionista Antonio Álvarez Desanti.
Para Gerardo Vargas, jefe de fracción del Frente Amplio, el ofrecimiento a Brenes fue un irrespeto a la institucionalidad del país y debe esclarecerse.
“El presidente (Luis Guillermo Solís) debía ser claro y explicar si envió a Daniel o si actuó por su propia iniciativa. Yo dije que el mandatario debía arreglarlo antes del lunes”, dijo Vargas.
Víctor Morales Zapata, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) y allegado al mandatario, respaldó continuar con la indagatoria; pero consideró erróneo citar a Jiménez.
“Hay que escuchar a la señora procuradora. A la fecha, no ha dado ninguna declaración (...). No considero que sea necesario llamar al ministro de la Presidencia. Es innecesario y no encuentro razón alguna”, afirmó Morales.
Por su parte, el libertario Otto Guevara y el socialcristiano Rafael Ortiz coincidieron en que hay muchos vacíos de información en torno a la cita que mantuvieron Soley y Brenes.
“Es importante escuchar la verdad real de los hechos para saber qué fue lo que ocurrió. El país merece escuchar a la señora procuradora y al exviceministro Soley. He escuchado reacciones muy contradictorias”, dijo Ortiz.
Potestad. Tanto la Constitución Política como el Reglamento del Congreso facultan a las comisiones legislativas para hacer comparecer a cualquier persona con el objetivo de interrogarle para procesos de investigación.
“Corresponde al presidente de la Comisión, previa moción aprobada al efecto, requerir la presencia de aquellos funcionarios y particulares cuya comparecencia se considere necesaria para la decisión del asunto que se discute”, dicta el artículo 112 del reglamento legislativo.
La persona por indagar podrá ir a acompañado de un abogado y puede negarse a declarar.
Colaboraron los periodistas Alberto Barrantes, Esteban Mata y Eugenia Soto