Política

Diputados exigirían a empresas de revisión técnica dar 20% de sus utilidades al Estado

Un proyecto de ley obligaría a las futuras empresas de revisión técnica a entregar al menos el 20% de sus ganancias al Estado, aporte que sería incluido en las tarifas para los usuarios. El plan se dictaminó afirmativamente este miércoles con cinco votos a favor y dos en contra en la comisión de Jurídicos de la Asamblea Legislativa.

Presentado por la diputada liberacionista Franggi Nicolás, el proyecto establece que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) entregará en concesiones de 10 años, prorrogables por un periodo igual, la operación de las estaciones de revisión vehicular que dejaría el próximo año la empresa Riteve S. A.

El contrato de la firma española vence en julio del 2022 y, con ello, sus 13 estaciones fijas y 4 móviles pasarían a manos del Estado. Las futuras concesionarias no podrían operar más de dos estaciones cada una.

Nicolás explicó que, en los concursos para ganar las concesiones, las empresas podrían aumentar el porcentaje de utilidades para el Estado, más allá del 20%, y eso sería tomando en cuenta para desempatar concursos.

El proyecto dice que las tarifas de la revisión de vehículos serían únicas en todo el país y establecidas por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep).

“La oferta del adjudicatario deberá referirse a la tarifa, la cual incluirá los costos de prestación de servicios, el margen de utilidad pretendido y al menos un 20% que se destinará al fondo de apoyo a la educación técnica. La tarifa (del servicio) será única para todo el territorio nacional y se considerará como criterio de desempate entre las ofertas (para obtener una concesión) el porcentaje adicional cedido a favor del fondo por el oferente”, reza la iniciativa.

Como existiría una tarifa única para todo el país, el “concesionario podrá ofrecer premios” con la finalidad de hacer el servicio atractivo y atraer clientes, siempre que estos no afecten los precios definidos por Aresep, dice el texto.

El pago al Estado sería adicional al pago del impuesto renta y sería el único aporte de las empresas al Estado por el uso de las estaciones. Por ejemplo, no pagarían alquiler. Nicolás se mostró abierta a que, en la etapa de revisión, se pueda discutir si el 20% es deducible del pago de renta.

La idea, según explicó la diputada verdiblanca, es que las futuras concesionarias entreguen al Estado una parte de sus utilidades a un fondo de apoyo a la educación técnica que sería administrado por un fideicomiso.

El fondo financiaría la supervisión de las estaciones, la capacitación de profesores de colegios técnicos profesionales del sistema público, crear un fondo semilla de emprendedurismo para egresados de esos centros y comprar herramientas y equipos para el Ministerio de Educación (MEP).

Las empresas, además, estarían obligadas a recibir como pasantes a estudiantes de los colegios técnicos profesionales.

La redacción autoriza al MOPT a constituir el fideicomiso con algún banco y coloca MEP como beneficiario.

El proyecto se sometió a votación por el fondo en comisión, luego de haberse vencido el plazo, el pasado 21 de setiembre. Respaldaron el dictamen afirmativo Nicolás, Jorge Fonseca y Wagner Jiménez, congresistas del Partido Liberación Nacional (PLN); Carolina Hidalgo, del Partido Acción Ciudadana (PAC); José María Villalta, del Frente Amplio (FA); y la independiente Paola Vega.

En contra votaron el socialcristiano Pedro Muñoz y la restauracionista Mileidy Alvarado.

Muñoz señaló que la educación costarricense ya tiene como financiamiento hasta el 8% del producto interno anual (PIB), sin que se obtengan buenos resultados, por lo cual consideró improcedente aprobar más aportes.

“El problema no es de recursos, la educación tiene sus propias fuentes de financiamiento a nivel legal y constitucional y se deberían recurrir a las forma ordinarias para obtener los recursos deseados”, cuestionó.

Como el artículo del aporte obligatorio al Estado es confuso, aseguró el socialcristiano, se interpretaría que sería adicional al costo del servicio, lo que encarecería el servicio que terminarían pagando los usuarios.

Por su parte, Nicolás justificó ese aporte alegando que las estaciones ya están pagadas. Aseguró que no encarecería el servicio. “Tienen infraestructura, máquinas y dispositivos para hacer la revisión técnica. Significa que los costos de inversión de cada empresas sería mucho más baja que cuando inició Riteve”, argumentó.

“Está a 10 meses de que termine (el convenio) sin que el Gobierno haya tomado acciones concretas sobre lo que pasaría cuando este expire. La Contraloría ha manifestado preocupación por la falta de propuestas, por lo que el proyecto ofrece al país una alternativa de discusión que podría ser mejorado”, explicó Nicolás sobre su proyecto.

Empresarios se oponen

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del sector Empresarial Privado (Uccaep) y la Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinarias (Aivema) se opusieron al proyectos y solicitaron archivarlo.

Respecto a la creación de un fondo económico, Uccaep consideró que las tarifas “no deberían cargarse con elementos que resulten extraños a la prestación misma”.

“Algunas de las propuestas relacionadas con el tema educativo, ya fueron solventadas con la aprobación de la Ley de Educación Dual, en cuanto a la capacitación de jóvenes de los Colegios Técnicos Profesionales, por lo cual pierde actualidad y oportunidad lo aquí propuesto”, señaló Uccaep.

Aivema señaló la ausencia de estudios técnicos contables que respalden el proyecto, por lo cual evitó referirse a temas de tarifas, costos, apertura del fideicomiso y el impacto en las finanzas públicas.

El MEP sugirió definir, en primer término, el ámbito de intervención que se asignaría a los miembros del comité del fideicomiso, a fin de delimitar el perfil profesional requerido y la legalidad propia del ejercicio de sus competencias.

Josué Bravo

Josué Bravo

Periodista en la sección Política, con 16 años de experiencia como corresponsal del Diario La Prensa de Nicaragua en temas políticos, diplomáticos, judiciales y migratorios.