Con el voto unánime de los nueve diputados presentes, la Comisión Legislativa de Asuntos Hacendarios dictaminó esta tarde el proyecto de ley que establecería topes a partir de los cuales una tasa de interés, por un préstamo de dinero, sería considerada un delito.
De acuerdo con el texto aprobado en comisión, se establecería una tasa de interés máxima del 39% en colones y de 31,35% en dólares, lo cual incluye el dinero prestado mediante tarjetas de créditos.
Además, los legisladores aprobaron un tope diferenciado del 55% para microcréditos en colones, es decir, los préstamos que no superen los ¢675.000. En el caso de los microcréditos en dólares, el techo sería de un 45,66%.
El texto fue dictaminado en consenso, luego de semanas de negociaciones entre los diputados de las diferentes fracciones representadas en dicha comisión, las cuales se arreciaron este miércoles.
Votaron a favor del dictamen los diputados Ana Lucía Delgado, Wagner Jiménez y Gustavo Viales, de Liberación Nacional (PLN); Welmer Ramos y Laura Guido, del Partido Acción Ciudadana (PAC); Eduardo Cruickshank y Carlos Avendaño, de Restauración Nacional (PRN); Harllan Hoepelman, del bloque Nueva República; y Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC).
El texto dictaminado había sido presentado esta misma tarde, vía moción de fondo, por nueve legisladores de diferentes bancadas. Fue acogido por el voto unánime de los mismos diputados que posteriormente lo dictaminaron.
David Gourzong, diputado liberacionista proponente del proyecto, indicó que la propuesta dictaminada pretende “poner un tope a la usura que tiene en esclavitud financiera a muchos costarricenses que les imponen altas tasas de interés, más allá de lo que se debería de estar cobrando".
En tanto, Ramos destacó que los diputados de la comisión hayan un logrado un consenso, luego de “profundas” negociaciones que iniciaron con marcadas diferencias.
“No es los niveles (de topes) que yo considero ni creo, pero la política es el arte de lo posible y no en lo que yo considero”, expuso Ramos, uno de los principales impulsores del texto.
“Uno de los grandes problemas nacionales que tiene Costa Rica son tasas excesivamente altas. Hoy sí hay tasa de usura en Costa Rica y el límite es el infinito. Aquí no hay nadie condenado por usura, cuando ha habido personas que han ido a los tribunales con tasas del 200% y han resultado absueltas", afirmó el legislador rojiamarillo.
Por su parte, Ana Lucía Delgado, presidenta de la comisión, explicó que regular la usura no es un tema menor. “Efectivamente la usura es un flagelo para la sociedad. Y si nosotros tenemos la obligación de estar aquí legislando, teníamos que avanzar en estos temas que tanto ha reclamado nuestra sociedad y que teníamos pendiente de resolver”, expuso la liberacionista.
Bernardo Alfaro, jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), explicó que, con estas tasas, es difícil calcular si habrá exclusión financiera o no.
“Habrá casos en que las entidades financieras simplemente adapten sus tasas y mantengan a sus clientes, y habrá casos en que ciertos segmentos pueden ser rechazados por mostrar altas probabilidades de incumplimiento. Con el tiempo sabremos si esto se produjo o no”, indicó Alfaro.
Sugef había propuesto que se fijaran topes de 45% para créditos regulares y de 61% para microcréditos.
La fórmula
El texto aprobado establece una nueva metodología que consiste en usar la tasa de interés activa promedio ponderada de los últimos doce meses. Para colones, según cifras del Banco Central de Costa Rica, esa tasa hoy es de 13,2% y para dólares de 8,1%.
Luego, se le suma un número diferenciador que se llama spread, el cual es de 12,8 puntos para tasa de créditos regulares y de 13,8 puntos porcentuales para microcréditos. Finalmente, se usa un multiplicador que también es fijo. Para los créditos generales es de 1,5 y para microcréditos 2,085.
Sobre la metodología aprobada, el superintendente Alfaro afirmó que presenta algunas variantes con respecto a lo que se conversó con los diputados en una reunión de este miércoles.
“Incorpora un diferencial (spread) sobre la tasa de referencia y un multiplicador menor al que originalmente habían diseñado. Eso significa que las variaciones en la tasa de referencia no repercutirán en movimientos tan abruptos y pronunciados en la tasa final de usura. Creo que es una mejora significativa”, explicó el superintendente.
El diputado Otto Roberto Vargas indicó no estar de acuerdo con esa metodología. Sin embargo, añadió que debió sumarse al consenso para evitar continuar en más discusión a lo interno de la comisión.
“No estoy muy convencido de esa nueva metodología, la cambiaron de un día para otro, pero no podíamos seguir en esto, todos teníamos que que optar por votarla. Trataré de enmendar vía moción de artículo 137 lo que se pueda”, expuso.
En la misma línea se manifestó Ivonne Acuña, de Nueva República. La diputada fabricista no es integrante de la comisión, pero participó de las negociaciones durante los últimos meses.
“En realidad, el proyecto ha avanzado como cualquier otro que camina en comisión. No estoy satisfecha en algunos de los puntos como la metodología que se está utilizando. Creo que hay que analizarla con un ojo más técnico. Estaré haciendo la consulta al Banco Central y a Sugef con relación a esta nueva metodología”, explicó.
También, Acuña cuestionó si con estos porcentajes habría exclusión financiera o no. “Para mí es uno de los puntos más importantes poder fijar esas tasas que, en definitiva, acaben con el tema de usura, pero al mismo tiempo, tener un balance para no excluir a personas que están en los percentiles más bajo”, expuso.
Ella tampoco está de acuerdo con una moción aprobada en la comisión, presentada por Laura Guido, del PAC, la cual obligaría a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) a remitir un informe anual a la comisión de Hacendarios, que determine los impactos de la regulación de usura.
“Creo que la moción no es lo suficientemente clara, en virtud de asegurarse que no se violente ningún derecho a la privacidad de la información de los costarricenses”, expuso Acuña.
Sobre su propuesta, Guido expuso que el ánimo de pedir ese informe es para conocer las consecuencias y los movimientos que ocurren en el mercado una vez que entre en vigencia la posible ley.
“Se plantea, además, en término de los impactos para que no se limite solo al comportamiento de la inclusión financiera o precisando lo más de la inclusión crediticia, sino los comportamientos de las tasas y los movimientos que se vayan monitoreando en adelante”, expuso la legisladora del PAC.
Afirmó, además, que actualmemente Sugef y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) carecen de información sobre la realidad de inclusión crediticia. “Lamentablemente en lo que se basan son en algunas estimaciones mundiales a partir de encuestas”, añadió Guido.
El texto dictaminado define como microcréditos los préstamos que no superen 1,5 veces el salario mínimo de un oficinista 1 del Poder judicial; es decir, los créditos que no superen los ¢675.300.
De igual forma, establece que las tasas de usura deberán ser revisadas por el Banco Central cada seis meses, es decir, en los meses de enero y julio de cada año.
Asimismo, prohíbe a los emisores de créditos fragmentar créditos regulares en montos iguales o inferiores al del microcrédito, para lo cual ordena a la Sugef revisar mensualmente que los préstamos cumplan con la normativa que podría establecerse.
De lo contrario, la Superintendencia tendrá que interponer las denuncias pertinentes en el Ministerio Público.