Los diputados de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa dictaminaron, afirmativamente, un proyecto de ley que autorizaría la producción de cannabis y cáñamo con fines medicinales en Costa Rica.
La iniciativa de la diputada independiente Zoila Volio recibió el apoyo de siete legisladores en el foro dictaminador, mientras que dos votaron en contra.
Ya dictaminado afirmativamente por los congresistas, el proyecto pasará al plenario para las etapas avanzadas del trámite legislativo.
Dicha iniciativa avanza en el Congreso, pese al criterio negativo de los ministros de Agricultura, Renato Alvarado; y de Seguridad Pública, Michael Soto.
En cambio, el presidente de la República, Carlos Alvarado, había manifestado su apoyo público al proyecto de Volio Pacheco, incluso en el informe de labores que presentó ante el plenario legislativo, el pasado 4 de mayo.
Además de la autorización del uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados, se autoriza la producción y comercialización del cáñamo de uso industrial y alimentario.
El objetivo del proyecto es “promover el desarrollo económico y social, así como el adecuado reparto de la riqueza en zonas rurales mediante el incentivo de la producción, industrialización y comercialización del cáñamo y el cannabis psicoactivo con fines exclusivamente medicinales y terapéuticos”.
El texto dictaminado le da al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y al Ministerio de Salud el control y la regulación de las actividades de producción, industrialización y comercialización del cáñamo industrial y alimentario, así como el cannabis psicoactivo y sus derivados.
La producción de cáñamo no requerirá autorización previa especial o adicional, pero los productores se deberán registrar y deberán brindar a las autoridades información sobre su actividad.
Salud, MAG y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) tendrán potestades de inspección y fiscalización periódicas.
En cuanto a la producción del cannabis para uso médico y terapéutico, se autoriza la venta como materia prima a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) o laboratorios autorizados.
Para que el productor pueda desarrollar productos de uso médico o terapéutico, deberán contar con títulos así que lo habiliten.
La diputada Paola Vega, presidenta de la comisión de Ambiente, aseguró que por prejuicios morales se ha impedido el avance de una iniciativa que implicaría reactivación y que abriría la puerta a mercados en Asia y Estados Unidos.
“Es también un asunto de humanidad, porque la ciencia y los estudios han confirmado los efectos positivos del cannabis en muchos males. No hemos podido aliviar el dolor de muchas personas por prejuicios”, indicó.
Agregó que se había prohibido por competencia industrial, en particular de las otras fibras textiles. “Esos estigmas se extendieron y hoy por hoy es una dicha que se pueda aprovechar una mata más. Sería ridículo que como país nos evitáramos esa posibilidad”, dijo la oficialista.
Paola Valladares, legisladora del Partido Liberación Nacional (PLN), destacó el hecho de que en los últimos días el Congreso avance en planes para la reactivación económica.
“La construcción de esta propuesta ha sido en conjunto. El país construye a partir del diálogo. Este es un ejemplo real, aunque a veces nos cueste tanto”, dijo.
Mediante una moción de última hora, se eliminó del texto la autorización para el cultivo doméstico del cannabis psicoactivo para autoconsumo con fines médicos y terapéuticos.
La idea era permitir esa actividad si se acreditaba la necesidad, según la condición de un paciente.
Prohibiciones de la ley
Pese a que se autoriza la producción de cannabis y cáñamo, el proyecto prohíbe que las personas con antecedentes penales o acusaciones ante el Ministerio Público por delitos tipificados en la ley 8204, Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas y drogas de uso no autorizado, puedan dedicarse a ambas actividades.
Tampoco podrán dedicarse a esa actividad los jerarcas del ICD, del MAG, ni del Ministerio de Salud y sus familiares hasta segundo grado por consanguinidad o afinidad, así como las personas jurídicas de las que formen parte.
Las licencias para cultivo y producción de cannabis psicoactivo se podrían otorgar a “organizaciones de productores agropecuarios, constituidas como centros agrícolas cantonales, asociaciones de pequeños y medianos productores, cooperativas agrícolas o de autogestión o asociaciones de desarrollo indígena”.
Para pedir esas licencias, las personas físicas o jurídicas tendrían que presentar un acuerdo o contrato para la venta la materia prima a la CCSS o laboratorios o establecimientos autorizados, un contrato o acuerdo para la exportación a países donde se permita el comercio lícito de este producto o una licencia vigente para la industrialización directa.
La iniciativa establece que esas licencias las deberá entregar el MAG, y las relativas a la industrialización, elaboración y comercialización de medicamentos serían responsabilidad de la cartera de salud, tanto para laboratorios como para pequeñas industrias.
El costo de las licencias deberá fijarlo el Poder Ejecutivo a través de un decreto ejecutivo con base en estudios técnicos y el principio de servicio al costo.