Los diputados aprobaron este miércoles, en el plenario de la Asamblea Legislativa, un flojo informe sobre la penetración del narcotráfico en la política, elaborado por una comisión especial que solo sesionó en 12 ocasiones y que prescindió de testimonios clave.
Bajo la excusa de que los casos de narcotráfico que salpicaron la política están bajo investigación judicial, la comisión evitó investigar con profundidad los contactos entre presuntos sospechosos de narco y figuras como diputados, alcaldes y regidores.
El reporte, avalado con 24 votos a favor y 15 en contra, ni siquiera menciona en sus conclusiones al alcalde de Corredores, Carlos Viales, del Partido Liberación Nacional (PLN), quien fue detenido como sospechoso de peculado por la construcción de un puente en una finca vinculada a Darwin González, a quien el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) señala como líder de una banda de narcotráfico en este cantón de la zona sur.
Las conclusiones tampoco hacen alusión alguna a la visita que el diputado liberacionista Gustavo Viales, hijo del alcalde Carlos Viales, hizo al condominio en Heredia donde fue detenido Darwin González, en abril.
El legislador alega que visitó el sitio para recoger unos documentos por solicitud del regidor de Corredores, Bernabé Chavarría, también del PLN, quien es investigado por presuntos favores con permisos municipales para miembros de la presunta banda que operaba en la zona sur.
Los diputados también pasaron por alto las numerosas gestiones que realizó el diputado del PUSC, Óscar Cascante Cascante, en favor de integrantes de otra presunta banda de narcotraficantes, la del caso Turesky, ante diferentes instituciones. Además, cancelaron las comparecencias de los sospechosos sobre este tema.
El informe fue elaborado por diputados del PLN, Restauración Nacional (PRN), Partido Republicano Social Cristiano (PRSC) y diputados independientes.
Al defender el informe, la presidenta de la comisión, la independiente Zoila Volio Pacheco, dijo que les fue imposible investigar a fondo porque muchos de esos casos están judicializados y ni siquiera la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) ha tenido acceso a la información.
“No somos un juzgado ad hoc ni una sala de linchamiento público”, dijo Volio.
Las excusas de estos diputados fueron criticadas fuertemente por el frenteamplista José María Villalta, la independiente Paola Vega Rodríguez y las oficialistas Laura Guido y Carolina Hidalgo.
Guido, quien es la jefa de fracción del PAC, afirmó: “Yo no voy a votar ese informe, no lo va a votar la fracción del PAC, porque es un informe mediocre, es un informe donde no se hizo el trabajo que se encomendó y es un informe que favorece, con enormes disimulos, a personas que debieron ser investigadas; tibio, tibio, tibio, no le deja nada a este debate que es tan trascendental para el país”.
Villalta agregó que si un caso investigado judicialmente no se puede indagar en una comisión investigadora desde el ámbito político, realmente nada se podría investigar.
Guido e Hidalgo enfatizaron que incluso se investigaron casos como el de la estafa electoral del Partido Acción Ciudadana (PAC), sobre el que ya pesaba una sentencia judicial en firme.
También, en años pasados, se investigó la estafa del Movimiento Libertario al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el caso del cemento chino y la presunta corrupción en obras públicas del caso Cochinilla. Todos estos casos ya estaban bajo investigación judicial, al igual que la investigación política en camino sobre obras municipales del caso Diamante.
En la primera intervención del PLN, la diputada Karine Niño alegó que su fracción se tomó con mucha seriedad el tema y no para “hacer circo ni buscar reflectores”, en alusión al diputado Luis Ramón Carranza, del PAC.
“No podemos permitir que un tema tan serio esté lleno de supuestos y creencias. El otro informe (el de minoría que hizo Carranza) solo hace aseveraciones, tira la piedra y esconde la mano. Nadie del PLN buscó politizar ese espacio. Yo desmiento que el PLN haya obstaculizado”, dijo Niño.
En criterio de Villalta, ninguno de los dos informes merecía ser aprobado por el plenario, porque no se profundizó en recomendaciones para solucionar la penetración del narco en las municipalidades, ni se hizo referencia al caso del puente en la finca de Darwin González, en una comisión que “apenas tuvo 12 sesiones e hizo un cierre rápido, cancelando audiencias”.
Según Laura Guido, es un daño a la democracia que hubiese fracciones que ni siquiera hicieron uso de la palabra en la discusión del informe que se generó porque hubo “narcos que se pasearon por los pasillos de la Asamblea Legislativa como si nada”.
Al discutirse el informe, no hicieron uso de la palabra el PUSC, el bloque independiente Nueva República ni los independientes Erick Rodríguez Steller o Dragos Dolanescu; tampoco se pronunció Otto Roberto Vargas, del PRSC, quien fue miembro de la comisión.
Viales y Cascante se inhibieron de votar
La última intervención sobre el fondo del informe, antes de que se votara, fue del liberacionista Gustavo Viales, cuya visita a la casa donde fue detenido Darwin González generó la apertura de la investigación legislativa.
Antes de anunciar que se inhibiría de votar el informe, según lo permite el artículo 105 del Reglamento de la Asamblea, Viales insistió en que él hizo lo correcto al separarse de la fracción, de la presidencia de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico, y de la Secretaría General del PLN.
“Ninguna información es más contundente que mi actitud hacia este tema. Siempre he dado la cara, yo mismo solicité que mi fracción votara afirmativamente la moción para investigar. No ha sido lo mismo en otros casos y con otras personas”, enfatizó.
Además, hizo una breve referencia al caso por el que su padre, el alcalde Carlos Viales, fue detenido: “Estoy seguro de que podrá resolverse favorablemente en sede judicial”.
Luego de que Viales dijo que se excusaría de votar, para no influir en la decisión de los diputados que votarían el informe, Óscar Cascante pidió permiso para hacer una intervención por el orden y en pocos segundos también anunció que se acogía al artículo 105 del Reglamento, para no votar el informe de una comisión que también lo investigó a él.