Tres investigaciones judiciales, que se han hecho públicas este año, revelaron contactos de presuntos narcotraficantes con figuras políticas. El último caso salió a la luz este viernes cuando se dio a conocer que Manuel Acón Chan, candidato a diputado del Partido Restauración Nacional (PRN) por Guanacaste, tuvo contactos y habría solicitado un patrocinio a Héctor Camelo Méndez, el supuesto líder de una banda que habría lavado dinero procedente del tráfico de drogas mediante la obtención de contratos de obra pública de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
El expediente judicial del denominado Caso Azteca revela conversaciones en las que Acón Chan llamaba “jefe” a Camelo Méndez, además de que le pidió apoyo con un bus para movilizar partidarios y para conseguir votos con la “colonia suya, acá en Guanacaste”.
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En su informe, los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) advierten sobre los acercamientos de grupos narcotraficantes con personas involucradas en la política.
Caso Turesky
A finales de mayo, el OIJ desmanteló a un grupo que habría utilizado dinero procedente de tráfico internacional de cocaína para comprar mansiones y otras propiedades, además de incursionar en la siembra de arroz, los hoteles y el desarrollo de viviendas de interés social, para lavar dinero.
Se trata del caso conocido como Turesky, cuyo expediente reveló que tres de los investigados (uno ya fallecido) tenían constantes contactos con el diputado Óscar Cascante, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
La oficina de Cascante registró 13 visitas de los sospechosos detenidos el 25 de mayo. De hecho, la Fiscalía General de la República abrió una investigación por presunto tráfico de influencias desde el 2019 en contra del legislador.
Según las autoridades, el diputado hizo numerosas gestiones en favor de los proyectos de los sospechosos de narcotráfico, ante instituciones como el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), el Banco Popular, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), la Municipalidad de Limón y la Presidencia de la República.
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Sin embargo, cuatro meses después de que se diera a conocer la investigación de la Fiscalía, la comisión especial sobre la penetración del narco en la política aprobó una moción presentada por Floria Segreda, de Restauración Nacional, que libró del indagatorio legislativo a Alejandro Cartín Ramírez y Robert Soto Rivera, dos de los sospechosos que entablaron contactos con el legislador Cascante.
Cartín Ramírez, Soto Rivera y un tercer investigado que falleció el 6 de mayo, de nombre Luis Guillermo Cartín Herrera, registraron más de 30 ingresos al Congreso, en los que visitaron a diversos diputados.
Los dos primeros, incluso, visitaron por décima tercera vez al legislador Cascante el 24 de mayo, un día antes de ser detenidos por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
‘Finca Darwin’
El caso de la ‘Finca Darwin’ también sacudió a la política nacional. Este versa sobre otra organización que, al parecer, se dedicaba al narcotráfico bajo el alero de supuestos negocios de palma aceitera y materiales de construcción.
Uno de los detenidos, posteriormente liberado, fue el presidente municipal de Corredores, el liberacionista Bernabé Chavarría Hernández, a quien el OIJ achacó “trámites de permisos municipales” en favor de los miembros de este grupo delictivo.
Posteriormente, trascendió que, en Semana Santa, el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Gustavo Viales, visitó el condominio donde luego fue detenido el supuesto líder de la banda, Darwin González, en San Joaquín de Flores, Heredia.
Viales asistió allí a recoger unos documentos que le envió el presidente municipal que, semanas después, sería detenido. Ante la comisión investigadora del Congreso, el legislador dijo que nunca averiguó por qué el regidor le pidió recoger los archivos en ese sitio y que desconocía quien era el dueño de la propiedad.
Asimismo, surgió una denuncia según la cual se habrían utilizado materiales de la Municipalidad de Corredores en la construcción de un puente que conducía al sitio donde se construiría una embotelladora de agua vinculada al líder de la banda, Darwin González.
El alcalde Carlos Viales, padre del diputado Gustavo Viales, negó en el Congreso que se hubiesen aportado recursos municipales para esa obra, la cual no contaba con los permisos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), ni del ayuntamiento.
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