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Las ministras de Economía, Víctoria Hernández, y de Comercio Exterior, Dyalá Jiménez, celebraron en el Salón de Expresidentes y Expresidenta del Congreso la aprobación de la nueva ley que fortalece las autoridades de competencia. Foto: Jorge Castillo.
Los diputados aprobaron en primer debate, este lunes, el proyecto de Ley de fortalecimiento de las autoridades en competencia, uno de los expedientes legislativos necesarios para ingresar en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El plan permitirá a la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) imponer fuertes multas a las empresas que incurran en prácticas anticompetitivas en el mercado nacional.
Por incurrir en prácticas monopolísticas, por ejemplo, las empresas tendrán que pagar el equivalente al 10% de volumen de sus negocios, la máxima sanción.
El proyecto recibió el apoyo de los 52 legisladores presentes al momento de su votación, a pesar de que recibió duras críticas durante la discusión.
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La iniciativa establece una serie de procedimientos, así como las infracciones y las sanciones respectivas, para evitar las prácticas desleales entre empresas en competencia y fortalecer la estructura que lo regule.
Durante tres horas, los congresistas se dedicaron a revisar las 106 mociones de reiteración con que los parlamentarios buscaron ajustar la iniciativa a sus preocupaciones a intereses.
El articulado de la nueva ley divide las infracciones entre leves, graves y muy graves.
Entre las infracciones leves están la de brindar información incompleta o sin justificación de la autoridad respectiva; notificar de una operación de concentración económica de forma tardía, pese a un mandato legal, o entorpecer una investigación ordenada por la ley.
Las infracciones graves son, por ejemplo, negarse a dar información a la autoridad competente sin justa razón, o bien dar información falsa, alterada o engañosa. De igual forma, sería grave impedir la investigación o inspección de una autoridad de competencia.
La lista de las infracciones muy graves incluye las prácticas monopolísticas relativas y absolutas, incumplir una resolución de la autoridad de competencia respectiva e incumplir una medida cautelar, entre otras.
Las sanciones van desde la suspensión, corrección o supresión de una práctica de monopolio, así como la desconcentración parcial o total de una concentración lícita en términos legales.
Las infracciones leves tendrán multas de entre el 0,1% y el 3% del volumen de negocios del agente económico sancionado; las graves tendrán multas desde el 0,1% hasta el 5% del volumen de negocios y las muy graves podrían llegar hasta el 10%.
También se podría ordenar la prohibición de que la empresa o sus representantes legales puedan contratar con el Estado, mientras que las sanciones para las personas físicas irían de uno a 680 salarios base (hasta ¢288 millones).
Las autoridades de competencia que cobija dicha ley son, básicamente, la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) y la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).
En este último caso, las sanciones por prácticas desleales serán las que ordena la Ley de Telecomunicaciones.
La ministra de Comercio Exterior, Dyalá Jiménez, se mostró satisfecha por la labor que han coordinado junto con los diputados para avanzar en la iniciativa.
“Este texto ha sido trabajado durante un año, se ha consultado ampliamente a los sectores, la subcomisión tuvo mucha apertura, hubo muchos acercamientos donde se logró adaptar aspectos del texto para tranquilizar a los sectores en sus temores y preocupaciones”, dijo la jerarca.
Jiménez confirmó que el texto que irá a debate es el establecido por la OCDE para cumplir con la normativa internacional en materia de competencia.
Las mociones del proyecto fueron una excusa frecuente para que los diputados atacaran la exigencia de ir a golpe de tambor, en particular por parte de los socialcristianos Erwen Masís y Pedro Muñoz, así como el restauracionista Carlos Avendaño.
Masís reclamó que la visión de los proyectos, con un "sistema muy rápido de aprobación", no permitiría el desarrollo de la economía del país.
Es más, dijo que primero se hace crecer una economía y luego se hacen las regulaciones.
“Las regulaciones de primer mundo se quieren aplicar en un país del tercer mundo”, adujo Masís, quien también manifestó que a largo plazo terminarían afectando al país.
En tanto, Welmer Ramos, del Partido Acción Ciudadana (PAC), apuntó que las leyes en la materia antimonopolio son muy viejas y dijo que la revisión por hacer es “muy muy importante”.
"Yo me lleno de entusiasmo al ver cómo aprobamos hoy esta ley, aunque no todo me satisfaga", dijo Ramos.
En tanto, el frenteamplista José María Villalta dijo: “Hoy he escuchado cuestionamientos sobre lo que costaría en recursos públicos tener una autoridad fuerte antimonopolios, pero hay que ver lo que cuesta las actividades monopolísticas”, comentó.
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