Los diputados aprobaron, este jueves, en primer debate, el crédito por $1.778 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El expediente legislativo 22.433 obtuvo un total de 38 votos a favor, mientras que seis congresistas votaron en contra.
La votación del segundo y definitivo debate quedó para el 12 de julio, luego de la semana de vacaciones que tomará la Asamblea Legislativa a partir de este viernes.
Tras la aprobación del financiamiento, el presidente de la República, Carlos Alvarado, envió un agradecimiento a los diputados.
“Un paso firme y necesario, que nos acerca a su aprobación definitiva y nos permite avanzar en la agenda de consolidación fiscal, que da una base indispensable para la recuperación económica”,aseveró el mandatario.
Los votos favorables provinieron, principalmente, de legisladores de los partidos Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC), Restauración Nacional (PRN), así como de congresistas independientes y del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Mientras tanto, los votos en contra fueron de dos diputadas del PUSC, así como los dos del Partido Integración Nacional (PIN), el independiente Dragos Dolanescu y José María Villalta, del Frente Amplio.
La jefa del PAC, Laura Guido, calificó el crédito con el Fondo como un gran alivio para las finanzas públicas. Detalló que, según el Banco Central, este proyecto permitiría un ahorro de $39 millones por año, durante los primeros cuatro años.
Por su parte, el jefe socialcristiano, Pablo Abarca, anunció su voto favorable, porque reconoció que se trata de un empréstito con mejores condiciones que la deuda interna. No obstante, enfatizó que no se trata de un cheque en blanco para el Poder Ejecutivo.
En la otra acera de la misma Unidad, Shirley Díaz atacó el préstamo al aducir que casos como el de Cochinilla, sobre presunta corrupción en la contratación de obras viales, genera indignación y corroe la confianza en el Gobierno.
“Hasta no ver un plan de acción, una ruta clara, esta diputada no va a aprobar más créditos, porque no hay señales de los esfuerzos en la recolección de impuestos”, aseveró.
En tanto, Wálter Muñoz, del PIN, utilizó otros 20 minutos adicionales a los que ya había agotado en su intervención del martes pasado, para criticar la cantidad de préstamos internacionales que tiene el Estado y que no ha sabido utilizar.
Se mostró molesto porque se le criticara por hablar mucho tiempo sobre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), pues alegó que bajar el precio de los medicamentos sí tendría un efecto positivo en las familias costarricenses y no el empréstito con el FMI.
El frenteamplista José María Villalta también reclamó que se critiquen los tiempos que se utilicen en el plenario para debatir y dijo que fundamentaba su voto negativo en el “profundo descontento que genera el actuar de este gobierno”.
En particular, señaló que hay falta de claridad sobre cómo va a utilizar el Poder Ejecutivo ese dinero, además de la confusión sobre la necesidad o no de aprobar otros proyectos dentro del acuerdo con el FMI, para seguir accediendo al financiamiento.
El crédito proviene del Servicio Ampliado del Fondo (SAF). Tiene un plazo de diez años, con cuatro años de gracia y una tasa de interés del 2,05%, aproximadamente.
Lo anterior permitiría que el Gobierno pueda tener acceso a un financiamiento mucho más barato que el endeudamiento interno, pues en el país se puede acceder a deuda en dólares a una tasa que ronda el 11%.
Luego de la aprobación del empréstito en el Congreso, se recibiría un primer desembolso por $292 millones, mientras que el resto de los giros se irían realizando contra evaluaciones semestrales del Fondo.
En esas revisiones se verificará el cumplimiento de las metas convenidas entre el país y el FMI, en cuanto a reducción de la deuda pública y aumento de los ingresos.
El acuerdo implica lograr un superávit primario equivalente al 1% del producto interno bruto (PIB) en el 2023.
Además, el Gobierno está comprometido a reducir la deuda respecto del PIB a partir del 2023, hasta que llegue al 50% de la producción en el 2035.
Antes de que se dictaminara el crédito en la Comisión de Hacendarios, los diputados aprobaron destinar un 10% de los fondos al pago de la deuda que tiene el Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).