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Los jefes de las fracciones políticas recomendarán al plenario archivar la suspensión de 25 días que la Contraloría General de la República solicitó para el diputado Gilberth Jiménez, del Partido Liberación Nacional (PLN), bajo el alegato de que existe una imposibilidad legal para disciplinar congresistas por faltas que hayan cometido en funciones anteriores a la diputación.
La solicitud de la Contraloría obedecía a conductas ocurridas cuando Jiménez era el alcalde de Desamparados, en el periodo anterior.
El archivo del caso la acordaron los voceros partidarios este jueves al mediodía, en su reunión semanal, cuando el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, puso a discusión el asunto.
Según lo explicó en micrófonos Jonathan Acuña, jefe del Frente Amplio, un criterio no vinculante de la Procuraduría General de la República (PGR) señaló la inexistencia de una norma constitucional, legal o reglamentaria que admita imponer sanciones a un diputado por faltas cometidas antes de entrar a este cargo.
Rodrigo Arias apuntó que, según la Procuraduría, la decisión final está en manos del plenario y este debe tomar una decisión respecto, “dado que no se puede disciplinar”.
Ante dichos criterios, el subjefe de Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo, secundó a Acuña en la necesidad de corregir el vacío legal.
No obstante, en el caso específico de Gilberth Jiménez, por ausencia de norma legal vigente, recomendó archivar el asunto y, junto con el frenteamplista, estuvo de acuerdo en trabajar para solucionar ese vacío.
A inicios de junio, la Contraloría solicitó imponer una suspensión sin goce de salario al diputado Jiménez por haber tardado dos meses y medio en abrir un procedimiento administrativo, en la Municipalidad de Desamparados, a raíz de una denuncia presentada por la Defensoría de los Habitantes, en el 2018.
La Contraloría concluyó que el ahora congresista fue negligente con su deber de actuar a tiempo y que, con la demora, causó que los hechos denunciados prescribieran.
Según los hechos, la Defensoría pidió al ayuntamiento abrir una investigación sobre la manera en que se le otorgó un permiso de construcción a un habitante de Desamparados.
El caso llegó al despacho del entonces alcalde el 29 de mayo del 2018, pero él ordenó la apertura del procedimiento administrativo el 14 de agosto, cuando designó a una asistente como directora del procedimiento.
En el transcurso de la investigación, el funcionario técnico investigado señaló que los hechos que se le endilgaban ya habían prescrito, pues Jiménez solo tenía un mes contado para abrir el procedimiento.
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La Contraloría había solicitado al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el 24 de mayo, aplicar la sanción, pero los magistrados respondieron que no tenían autoridad para ejecutar el castigo y dejaron el caso en manos de los propios diputados.
Luego de analizar los criterios del TSE, Contraloría y, sobre todo, de la Procuraduría, el criterio de los jefes de fracción es que se le debe recomendar al plenario el archivo de esa suspensión.
El frenteamplista Jonathan Acuña reclamó que se archive el asunto sin más, por lo que hizo un llamado a que los jefes trabajen en solventar no solo la ausencia de una norma que permita actuar en casos de sanciones por actos cometidos fuera del cargo de diputados, sino también resolver de una vez la ausencia del cuerpo normativo para castigar legisladores por faltas al deber de probidad cometidas como congresistas.
Existe una orden de la Sala Constitucional desde hace 12 años que pidió a la Asamblea Legislativa resolver ese vacío, que apenas implicó la reforma a la Constitución Política para establecer la pérdida de credenciales por violaciones al deber de probidad.
No obstante, no se ha aprobado una ley, ni siquiera un capítulo en el Reglamento legislativo, que haga operativa esa orden constitucional.
