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El diputado Óscar Cascante, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), impulsa un proyecto de ley que equipararía el cobro del impuesto al cemento a todos los productores de este insumo de construcción.
La legislación vigente establece que los productores de cemento deben cobrar un 5% de tributo sobre el precio de cada venta si lo producen en las provincias de Guanacaste, Cartago y San José, en donde están ubicadas instalaciones de productoras de cemento.
Hace diez meses, la compañía Cementos Fortaleza inició operaciones en el cantón puntarenense de Esparza, por lo que el diputado Cascante propuso gravar también la producción en la provincia de Puntarenas.
Tanto en la ley actual como en el proyecto propuesto, los ingresos tributarios que se obtienen se reparten en las municipalidades de las respectivas provincias.
Por vía telefónica, el socialcristiano explicó que tomaron el modelo que ya se aplica en Guanacaste, en cuanto al reparto de los ingresos.
La iniciativa dice, literalmente, que del total de ingresos por ese impuesto, la Municipalidad de Esparza recibirá el 25% y el 75% restante se repartirá entre el resto de los cantones de Puntarenas.
Cascante indicó que Hacienda se tendría que encargar, junto con Fortaleza, de determinar cuáles son los ingresos tributarios que podrían derivarse de ese cobro.
“Que a una planta en Guanacaste se le cobre un porcentaje podría ser competencia desleal, si hay otra a la que no se le quita. Esos ingresos ayudarían a proyectos de otras comunidades, especialmente en Puntarenas, una zona tan deprimida económicamente”, indicó.
El legislador dijo que tendría el apoyo de los demás socialcristianos aunque la iniciativa legal, que inició su trámite el 27 de junio bajo el expediente 21.501, lleva solo la firma de Cascante.
“Nosotros nos comunicamos muy bien. Que no lleve la firma de otros no quiere decir que no lo apoyen. Somos muy territoriales, peleamos mucho por los recursos de nuestras provincias”, añadió.
No obstante, cuando se le consultó al subjefe del PUSC, Pedro Muñoz, dijo que desconocía de la iniciativa de su compañero de bancada. Se le explicó en qué consistía y apuntó que parece tener la intención de poner a todas las plantas cementeras en igualdad de condiciones.
“Si se socializó en la bancada, yo no estaba”, dijo Muñoz.
Proyecto en vías de extinción
La iniciativa de Cascante inicia el camino legislativo mientras que otra propuesta, un poco olvidada y bastante polémica, se va apagando en el Congreso.
Se trata del expediente legislativo 19.732, que buscaba establecer el cobro del impuesto del 5% sobre la venta del cemento producido en el país, pero también al importado.
La iniciativa duerme el sueño de los justos desde que en el Congreso, entre 2017 y 2018, estalló el escándalo sobre los préstamos del Banco de Costa Rica (BCR) al importador de cemento chino Juan Carlos Bolaños.
En aquel momento, el entonces diputado de la Unidad Luis Vásquez había intentado excluir el cemento importado del cobro del impuesto.
A dicha iniciativa se le vence el plazo cuatrienal a finales de setiembre y, si los diputados no aprueban una moción para ampliarle dicho plazo, se enviaría al archivo legislativo.
Dicha propuesta, además de cobrar el tributo a todos los cementos, excepto el de exportación, establecía un nuevo reparto de los ingresos tributarios.
De hecho, en mayo pasado, un nuevo informe de la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) reveló que el exdiputado del PAC, Víctor Morales Zapata, le ayudó al empresario Juan Carlos Bolaños a solicitarle al gobierno que frenara el proyecto de ley que crearía el impuesto del 5% al cemento importado.
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Consultado sobre el destino de ese proyecto, el jefe del Partido Acción Ciudadana (PAC), Víctor Morales Mora, comentó que Mario Castillo, legislador oficialista por Cartago, y el liberacionista Luis Fernando Chacón han estado en conversaciones para rescatar la iniciativa, porque permitiría redistribuir los ingresos en su provincia.
Sin embargo, Morales comentó que no ha estado dentro de los planes de los jefes de las bancadas legislativas ese proyecto, ni se ha mencionado como una prioridad de ninguna bancada.
Se intentó contactar a Chacón, pero al cierre de este artículo no había contestado las consultas.
