Un nuevo informe de la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) reveló que el exdiputado del PAC, Víctor Morales Zapata, le ayudó al empresario Juan Carlos Bolaños a solicitarle al gobierno que frenara un proyecto de ley que habría creado un impuesto del 5% al cemento importado.
La Procuraduría emite sus conclusiones a solicitud de la comisión investigadora del Congreso que, en enero del 2017, le pidió investigar numerosos comportamientos de Morales y de otros funcionarios públicos en favor de Bolaños.
Específicamente, la PEP establece que el excongresista se interesó en los asuntos privados del importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños, y que, en octubre del 2015, contactó al entonces viceministro de la Presidencia Luis Paulino Mora.
Morales Zapata le pidió al viceministro una cita con Bolaños en Casa Presidencial, con el objetivo de frenar el avance del proyecto de ley 19.732 en sesiones extraordinarias del Congreso.
Esa iniciativa crearía un impuesto del 5% sobre la venta de cemento, fuera nacional o importado, para consumo nacional. La iniciativa era impulsada por el entonces diputado Marco Vinicio Redondo, del Partido Acción Ciudadana (PAC).
La reunión solicitada por Morales en favor de Bolaños se dio en dos momentos: el 2 de noviembre y el 4 de noviembre del 2015.
En una declaración ante la PEP, Luis Paulino Mora contó como Morales gestionó la reunión a favor de Bolaños, pero el diputado no se presentó a la cita. Al encuentro con el viceministro solo asistieron Bolaños y su abogado, Alexánder Sánchez.
“El empresario empezó a contar su vida y manifestaba que todas las obras en las que se utilizaba cemento se encarecían debido a las regulaciones vigentes en ese momento. Él consideraba que era más barato comprar cemento en el extranjero”, relató Mora a la Procuraduría.
En una segunda cita, el 4 de noviembre, el cementero le dijo al ex viceministro que, si el proyecto se aprobaba, eso le iba a afectar a él directamente, como importador de cemento.
El proyecto no fue convocado por el gobierno de Luis Guillermo Solís a las sesiones extraordinarias que iban del 1.º de diciembre del 2015 al 30 de abril del 2016.
No obstante, ante la Procuraduría, el ex viceministro adujo que había una promesa presidencial que establecía “que no se iban a convocar proyectos de impuestos hasta agotar el segundo año de administración presidencial”.
Luego, el proyecto fue convocado a discusión por el gobierno a partir del 14 de febrero del 2017, para el último año de la administración Solís Rivera.
En su relato sobre el camino que tuvo la iniciativa en la Asamblea, Luis Paulino Mora explicó que estuvo fuera de la convocatoria hasta mayo del 2016 y que, luego, empezó su trámite ordinario, pasando por una subcomisión de la Comisión de Asuntos Municipales, donde hubo mucha polémica contra la iniciativa.
Además, Mora confirmó que, entre diciembre del 2016 y febrero del 2017, estuvo fuera de sesiones extraordinarias, nuevamente, hasta que, en ese mes, el Gobierno lo puso en agenda y, ya en la palestra, recibió una férrea oposición de los entonces diputados Juan Marín (qdDg), del PLN, y de Luis Vásquez, del PUSC.
Incluso, el exdiputado de la Unidad sostenía una variedad de mociones que tenían el objetivo de eliminar el impuesto al cemento importado que proponía la iniciativa legal.
Durante todo el 2017, el proyecto se llevó el trámite en subcomisión, básicamente estudiando mociones y se recibieron criterios negativos, entre otros de la entonces ministra del MEIC, Geannina Dinarte, en contra del impuesto.
“Esa institución se oponía al impuesto, yo no estaba de acuerdo debido a que consideraba que los importadores de cemento también debían tener impuesto, al igual que la producción de cemento, entonces a pesar de que era el ministerio rector, se continuó con la tramitación del proyecto”, relató Mora.
En marzo del 2018, según la declaración del ex viceministro ante la PEP, se aprobó un texto sustitutivo del proyecto y se llegó a dictaminar en la Comisión de Municipales, ese mismo mes.
No obstante, después de ese último trámite y hasta el día de hoy, el plan no ha avanzado nada.
¿Por qué un diputado tenía que interceder?
Luego del relato de Luis Paulino Mora, el informe de la PEP se planteó dudas en torno a las razones que un diputado tenía para interceder ante el entonces viceministro en favor de los intereses de Juan Carlos Bolaños.
Igualmente, cuestiona por qué el empresario no podía interceder él mismo ante la Presidencia.
Entre los argumentos para buscar la cita, Morales arguyó que esa reunión mejoraría las relaciones del gobierno con el libertario Otto Guevara y el socialcristiano Johnny Leiva.
Entonces, la Procuraduría también cuestiona por qué una cita con el cementero tendría ese efecto en las relaciones políticas con legisladores de oposición.
“¿Por qué después de la reunión en la Asamblea Legislativa con el empresario Juan Carlos Bolaños (inicios del 2015), el señor Víctor Morales Zapata se encargó de gestionarle las citas al empresario con Casa Presidencial?”, dice el informe.
En ese sentido, al igual que lo ha determinado antes, la PEP establece que, con su actuar, se presume que el exdiputado violentó su deber de probidad, al no velar por los intereses de la colectividad, sino por los intereses particulares de Juan Carlos Bolaños y el grupo de empresas representadas por él.
“Con eso vulneró los principios de objetividad, independencia e imparcialidad que debían regir el ejercicio de su función pública”, considera la Procuraduría.
‘Hizo suya la lucha por los intereses del importador’
En el informe, la PEP hace un recuento de una serie de reuniones promovidas por Morales Zapata, tanto en la Presidencia como en su despacho en la Asamblea Legislativa, siempre con el objetivo de facilitar los intereses del importador de cemento.
“El señor Víctor Morales Zapata asumió como suya la lucha por los intereses privados del importador de cemento, propiciando y participando de reuniones, tanto en la Asamblea Legislativa como en la Casa Presidencial, durante el periodo comprendido entre febrero del 2015 y julio del 2016”, dice el informe AEP-INF-013-2019.
En esos encuentros, Bolaños exponía ante jerarcas del Congreso y del Gobierno sus necesidades específicas, en relación con los asuntos o trámites pendientes en instancias del Poder Ejecutivo y de la Asamblea, con el fin de que se le buscara solución a sus inconvenientes.
A principios del 2015, hubo una reunión en la Asamblea en la que Bolaños habló con varios diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), del Movimiento Libertario y del Partido Acción Ciudadana (PAC).
Entonces, Morales llamó al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Iván Brenes, para consultar personalmente sobre pagos atrasados de facturas a Juan Carlos Bolaños.
Luego, gestionó reuniones para el cementero en la Presidencia, con el fin de que hablara con el ministro de la Presidencia de la época, Melvin Jiménez, y el entonces director jurídico, Marvin Carvajal.
El centro de esa conversación fueron las restricciones técnicas del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) que impedían usar cemento chino en obras adjudicadas a Bolaños por la CNE.
Morales Zapata también se quejó con Brenes y Jiménez de actuaciones gubernamentales que le generaban al importador del cemento chino inconvenientes en el uso de ese producto.