La diputada Marulin Azofeifa, del bloque Nueva República, presentó un proyecto de ley que crearía un Colegio de Estilistas y Afines, el cual tendría a su cargo la imposición de sanciones por mala praxis y ejercicio ilegal de la profesión a estilistas, peluqueros, barberos, maquillistas y manicuristas.
De aprobarse la iniciativa, los interesados en ejercer dichas labores estarían obligados a acreditarse ante el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y aprobar un examen de incorporación al Colegio, así como a pagar cuotas de colegiatura.
Los estilistas, además, se comprometerían a “desempeñar con responsabilidad, probidad y decoro la profesión”.
Así, si un agremiado es negligente y causa agravios a algún cliente, el Colegio podría sancionarlo con una prohibición para laborar hasta por cinco años.
“Por ejemplo, la implementación de productos que no están estandarizados para poner en los cabellos de las personas, o las personas que van donde manicuristas, el aseo que debe darse para la aplicación de resina, de geles. Muchas personas han perdido sus uñas o sus cabellos por la mala praxis”, explicó Azofeifa.
En el caso del ejercicio ilegal de la peluquería o el maquillaje, el colegio tendría que denunciarlo ante “instancias administrativas y jurisdiccionales”. Actualmente, la sanción por ejercicio ilegal de la profesión es de tres meses a dos años de prisión.
Los procesos disciplinarios por posibles malas praxis los conduciría un Tribunal de Honor, mientras que la ejecución de las sanciones la realizaría la Junta Directiva del Colegio.
Según la iniciativa, el Colegio dispondría de un grupo profesionales en estilismo dedicados a fiscalizar los establecimientos de belleza y las distribuidoras de los productos que se utilizan en los mismos.
Dicha labor sería remunerada, y estaría conducida por un fiscal general.
El proyecto de Azofeifa ingresó a la corriente legislativa este lunes 29 de abril, en el expediente 21.370. Lo respaldan los ocho diputados del bloque Nueva República.
Además de las funciones fiscalizadoras, el Colegio tendría a su cargo la fijación de las tarifas mínimas por concepto de honorarios para sus agremiados, con el fin de asegurar que los mismos reciban pagos adecuados por sus servicios.
La legisladora de Nueva República relató que el proyecto de ley se empezó a desarrollar en el 2018 en conjunto con un grupo de estilistas, quienes consideran necesario contar con legislación que regule su labor y proteja a los usuarios.
"El beneficio es que cuando hay una mala praxis, no hay nada que lo pueda sanciona a la persona que está brindando el servicio. En este caso las personas van a saber dónde acudir para poner las denuncias como tales y poder sentirse respaldados de que la persona que le está dando el servicio, pertenece a un colegio que está siendo respaldado y que el profesional pueda sentirse seguro”, dijo Azofeifa.
La diputada dijo que espera que su iniciativa cuente con el apoyo de todos los diputados de la Asamblea Legislativa, pues considera que se trata de un proyecto que ayudaría a reactivar la economía.
“Ya que no tenemos una regulación tal cual de cuáles son las personas que están ejerciendo la profesión, y también tiene muchos puestos que son irregulares, esto va a traer regularidad. Tener un control también en la parte de Hacienda, en la capacitación como tal y la formación de las personas que están ejerciendo la carrera”, señaló Azofeifa.
La Federación Costarricense de Profesionales de la Belleza (Fecoprobre), con la cual trabajó Azofeifa, ha emitido avales a 360 academias y 190 centros de belleza. Según informó Nueva República, la organización también ha acreditado a 890 profesionales y registra 180 comercios afiliados.