El decreto firmado por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, para flexibilizar el cumplimiento de la regla fiscal, tiene “riesgos y efectos muy serios” para las finanzas públicas, advirtió este miércoles a los diputados la contralora general, Marta Acosta.
En comparecencia ante la Asamblea Legislativa, Acosta expuso que el decreto permitiría un mayor margen de crecimiento sobre todo en el gasto corriente (salarios, intereses y servicios), lo que postergaría el momento en que el país alcanzará la sostenibilidad fiscal.
“A la Contraloría le preocupa el entorno de ambigüedad y confusión en la definición, aplicación y control de la regla fiscal al pretender incorporar cambios y ajustes en temas que deben ser discutidos en esta Asamblea Legislativa”, les dijo Acosta a los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios.
Explicó que el decreto se contrapone a lo que establece la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en torno a la verificación del cumplimiento de la llamada regla fiscal.
La regla es el mecanismo que impone un tope al crecimiento del gasto público para evitar un empeoramiento de la situación económica del país y un mayor endeudamiento. El techo de la regla depende de qué tan endeudado esté el Gobierno y qué tan dinámica esté la economía. Para este año, por ejemplo, el crecimiento máximo del gasto de las instituciones es de un 1,96% con respecto al año anterior. Ese tope se da porque la deuda pública supera el 60% del producto interno bruto (PIB), lo cual, se sale del rango idóneo de sostenibilidad.
La Contraloría es la encargada de verificar el cumplimiento de la regla fiscal y el artículo 21 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, conocida como reforma fiscal, dice que la comprobación debe hacerse con base en la liquidación presupuestaria.
Durante el gobierno de Carlos Alvarado, el reglamento de la regla fiscal establecía que el cumplimiento de esta medida debía hacerse al comparar el gasto realmente ejecutado en el año en curso con la ejecución del año anterior.
En lugar de ello, el presidente Chaves modificó el reglamento, vía decreto, para que la verificación se haga únicamente comparando el presupuesto final del año (incluyendo los presupuestos extraordinarios) con el presupuesto ordinario del año anterior.
La contralora explicó que ese cambio permitirá al Gobierno y todo sector público incrementar el gasto porque lo realmente ejecutado suele ser inferior a lo presupuestado, debido a la subejecución de recursos.
“Se daría un mayor margen de crecimiento para el gasto devengado del Presupuesto Nacional. Esto favorecería principalmente al gasto corriente, lo que postergaría el retorno a la senda de sostenibilidad y podría generar expectativas negativas en torno al compromiso con la búsqueda de la consolidación fiscal”, declaró Marta Acosta.
De hecho, la Contraloría estimó que, para cumplir con la regla fiscal en el 2022, es necesario que la ejecución del Presupuesto no supere el 94% en el gasto corriente y el 95,5% en el gasto total, lo que evidencia un riesgo de incumplimiento.
El año anterior, la ejecución del gasto en el presupuesto fue del 93%, de acuerdo con un análisis de la CGR sobre la liquidación presupuestaria del 2021.
“El tema de la regla es cómo contenemos el gasto para no seguirnos endeudando al ritmo que llevamos”, dijo la contralora.
El 23 de junio, cuando anunció la flexibilización de la regla fiscal, el presidente Chaves argumentó que el reglamento emitido por el gobierno anterior “fue un grave error” y dijo que él se opuso como ministro de Hacienda de Alvarado “porque, de otra manera, no hay plata”.
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Alegó que la Cancillería no iba a pagar salarios de los funcionarios de las embajadas a partir de agosto, a menos de que se hiciera el cambio, y que el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) no podría transferir ¢13.000 millones a las organizaciones no gubernamentales que colaboran con esta entidad “simplemente porque el recurso existe, pero el cumplimiento de la regla se hacía sobre lo gastado”.
Chaves: ‘Que lo resuelvan entre abogados’
Este miércoles, el mandatario reiteró sus argumentos al asegurar que, en su opinión, no está flexibilizando la regla fiscal, sino variando el parámetro de medición para frenar una disminución en el gasto público.
“Cuando era ministro de Hacienda, advertí de que esto iba a pasar. Si el cumplimiento de la regla fiscal lo medíamos por lo ejecutado (de un ejercicio económico) contra lo ejecutado (del año anterior), lo que estamos haciendo es metiendo el acelerador cuando vamos cuesta abajo en una recesión, sin capacidad de frenar, porque la regla fiscal se vuelve lo que llaman los economistas, procíclica.
“Si hay un crecimiento en la economía, la regla fiscal hace que el gasto se dispare más de lo necesario y, si hay contracción de la economía, la regla fiscal, a como proponen medirlo en la Contraloría, hace que se desacelere más rápido de lo que debería hacer”, sostuvo el presidente.
En todo caso, concluyó el mandatario, es al Poder Ejecutivo al que le corresponde reglamentar las leyes y el decreto anunciado la semana anterior es un cambio reglamentario, no legislativo, por lo que asegura tener el derecho de su lado.
“Y si hay alguna disputa lo tendrán que discutir entre abogados”, sentenció Chaves.
El presupuesto del PANI lo tendría que rechazar
No obstante, la contralora general llamó la atención en el sentido de que, si bien el presidente emitió el decreto con el cambio y el Poder Ejecutivo maneja el presupuesto del Gobierno Central, los presupuestos de las instituciones descentralizadas los aprueba o imprueba la Contraloría General.
En ese marco, dijo que si a la Contraloría le llega un presupuesto del PANI que incumple la regla fiscal, lo tendría que rechazar porque así lo establece la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, aprobada por la Asamblea Legislativa en diciembre del 2018.
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“En instituciones que presentan altos niveles de subejecución en el gasto, el cambio en la base les permitiría un crecimiento del gasto mucho mayor al parámetro de regla”, dijo la CGR.
Agregó que el crecimiento del gasto corriente estrujaría el gasto de capital, es decir, el que se dedica a obras públicas y equipamiento.
En cuanto a eventuales acciones contra el decreto, la Contraloría respondió a La Nación que no puede emitir un criterio porque no ha sido publicado en La Gaceta y aún no tiene validez jurídica.
